
El presidente de la Asociación de Defensa del Sistema Primario de la Comarca de Utiel-Requena, Paco Garijo, expresó durante la jornada de movilización que, a pesar de la paralización temporal del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur anunciada por el Parlamento Europeo, existe desconfianza sobre la continuidad real de la suspensión. Garijo, en declaraciones recogidas por diversos medios, enfatizó la necesidad de mantener la presión social, no solo en defensa de los intereses de agricultores y ganaderos, sino también de la ciudadanía en general, dada la vinculación del acuerdo con cuestiones de salud alimentaria. Según informó el medio, cientos de productores y asociaciones movilizaron sus tractores por las calles de València como parte de la protesta, exigiendo el bloqueo definitivo del pacto comercial, que actualmente se encuentra bajo revisión judicial a petición del Parlamento Europeo, que lo remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
De acuerdo con lo reportado, la manifestación, que se inició a partir de las 8.30 horas en la Avenida Cataluña, recorrió puntos estratégicos hasta llegar al centro de València y concluyó frente a la Delegación del Gobierno pasadas las 13.00 horas. Diversas entidades convocantes, entre ellas la Asociación de Defensa del Sistema Primario de la Comarca de Utiel-Requena y ADA Ribera Valencia, lideraron la columna de tractores portando una pancarta con el mensaje: “Si se ratifica Mercosur desaparece el sector primario español de este a oeste y de norte a sur”. Durante el recorrido, los manifestantes hicieron sonar bocinas y corearon consignas en rechazo al acuerdo, tales como “Nos venden al mejor postor”, “están jugando con vuestra alimentación de proximidad y de calidad” y “UE traidora”.
Según consignó el medio, Garijo trasladó a los medios de comunicación que el sector primario teme que “el acuerdo Mercosur va a seguir adelante” a pesar de la revisión en el TJUE, por lo que consideran imprescindible mantener la protesta en las calles. Manifestó que la situación no atañe exclusivamente a quienes trabajan en el campo, sino que involucra a la totalidad de la sociedad, en tanto la seguridad de los alimentos consumidos está en juego. Garijo cuestionó las diferencias regulatorias dentro y fuera del ámbito europeo: “No puede ser que Europa nos ponga medidas para poder sacar nuestros alimentos con unas características y restricciones que no impone a productos que vengan de fuera como pueden ser los productos de Mercosur”, afirmó y calificó la situación descrita como absurda.
Además, el portavoz se refirió a las dificultades relacionadas con la Política Agraria Común (PAC), señalando que el acceso a estas ayudas se ha vuelto más complejo y con recortes sustanciales. Lamentó la dependencia del sector hacia la PAC, pero exigió una política justo y procedimientos administrativos accesibles. “Queremos una PAC justa y que la podamos cumplir con una burocracia asequible y no lo que hay”, expresó, según recogió el medio.
Por su parte, José Ramón Pous, presidente de ADA Ribera de Valencia, reiteró ante la prensa la meta principal de la movilización: lograr la cancelación del tratado comercial con Mercosur por considerarlo “totalmente perjudicial para el sector primario español”. Pous puso el foco en el aspecto normativo y sanitario relativo a los productos importados: “No podemos consentir, ni muchísimo menos, que nosotros teniendo unas normas tan estrictas en la seguridad alimentaria vayamos a tener productos con mucha menos calidad de inspecciones y desde luego con productos que aquí hace más de 50 años que están prohibidos”, dijo. Además, relató antecedentes de otros tratados en los que, según sostuvo, las promesas políticas sobre controles no se cumplieron en la práctica. Advirtió sobre “un grave riesgo de productos que vendrán de otros países sin las garantías de seguridad alimentaria que en Europa estamos cumpliendo” y alertó que el tratado contribuiría a la desaparición gradual del sector primario español.
Respecto a las consecuencias de una posible ratificación, Pous consideró que “dejar la despensa española desabastecida es un error imperdonable” y “un riesgo demasiado caro que no debemos ni podemos correr”, agregando que la agricultura podría desaparecer especialmente en la Comunitat Valenciana, en la zona del Levante. El presidente de ADA Ribera de Valencia mencionó también la existencia de intereses de países como Alemania en la consolidación del acuerdo, a los que se refirió como “intereses creados” que influyen en las negociaciones y la toma de decisiones europeas. Pous solicitó “paralizar y escuchar” antes de avanzar en nuevas fases del pacto, insistiendo en que la lucha no es solo del sector primario sino también de los consumidores y del conjunto de la sociedad.
El presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Vicedo, compartió su perspectiva, señalando que el acuerdo afectaría principalmente al sector primario español al facilitar la competencia desleal de grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión de países de Mercosur, caracterizados, según sus palabras recogidas por el medio, por bajos salarios, escasa tributación y modelos de producción intensiva orientados a la exportación, sin respetar la legislación europea. Vicedo afirmó que este contexto impactaría negativamente en la calidad alimentaria disponible para los ciudadanos y representaría un riesgo para su salud, además de perjudicar el medio ambiente y el entorno rural.
Sobre la manifestación, Vicedo consideró que desempeña un papel esencial para generar la presión social suficiente que permita frenar el avance del acuerdo en las instituciones de la Unión Europea. Reconoció que el envío del pacto al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea supuso un primer logro para los manifestantes, aunque señaló que permanecen vigilantes ante acciones como las de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Según reportó la fuente, Vicedo denunció intentos de implementar el acuerdo sin esperar el fallo del TJUE, lo cual, en sus palabras, “va directamente en contra de la soberanía del pueblo, va en contra de la democracia. Es totalitarismo puro y duro”.
En sus declaraciones recogidas por el medio, Vicedo advirtió además que la falta de rentabilidad conllevaría al abandono del campo, y que este proceso traería “consecuencias muy graves para el consumidor”. Alertó que los productos importados podrían recolectarse todavía verdes para soportar largos periodos de transporte, y expresó su preocupación porque los fitosanitarios empleados en los lugares de producción de Mercosur están prohibidos en Europa y pueden suponer un peligro para la salud y el entorno de los consumidores europeos.
El medio detalló que la convocatoria reunió a un amplio espectro de participantes y, a través de testimonios y proclamas, los organizadores reiteraron que la defensa del sector primario se articula como una defensa de la soberanía alimentaria, la calidad de los alimentos consumidos, el bienestar de la sociedad y el entorno rural. Consideran que la materialización del tratado UE-Mercosur implicaría una transformación estructural del mercado agrícola y ganadero español, con efectos sobre los estándares de producción, las normativas europeas y la viabilidad de las explotaciones locales.
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