La notificación a los abogados de Al Yazira, que extiende la prohibición de emisión y operaciones dentro de Israel y en los territorios palestinos ocupados durante noventa días adicionales, también decreta medidas como el cierre inmediato de las sedes y la prohibición a empresas y particulares de suministrar servicios a la cadena qatarí. Según informó la cadena Al Yazira, esta prórroga llega poco después de una comunicación previa en la que las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad reafirmaban que la emisora representa un riesgo para la seguridad del Estado.
Tal como detalló Al Yazira, la nueva disposición no solo afecta la transmisión convencional en territorio israelí, sino que obliga a prestar atención a la actividad digital de la cadena: las empresas de Internet deberán bloquear el acceso a las páginas web de Al Yazira, de modo que la censura se extiende también a otros soportes, como YouTube. El medio precisó que la decisión gubernamental constituye una extensión de la restricción que se implementó inicialmente en mayo de 2024, cuando entró en vigor la llamada Ley Al Yazira.
La prórroga recién comunicada por el ejecutivo liderado por Benjamín Netanyahu establece una duración de noventa días, diferencia que subrayó el corresponsal jefe de Al Yazira en Israel, Walid al Omari. Según consignó el medio, Omari indicó que las restricciones previas se decretaron por sesenta días, lo que implica un endurecimiento y una prolongación del tiempo de veto para la cadena.
Según publicó Al Yazira, las fuerzas de seguridad y el Ejército de Israel han sostenido en los avisos formales que la cadena continúa representando un perjuicio para la estabilidad y la seguridad estatal, argumentos que justifican la prohibición ampliada. La cadena fue informada oficialmente de la nueva medida nueve días después de la notificación anterior, en la que se reiteraba la postura del gobierno israelí.
En relación a medidas anteriores, el medio recordó que desde mayo de 2024, con la aprobación de la Ley Al Yazira, la administración israelí intensificó el control sobre la emisora. En septiembre, las oficinas de la cadena en Ramala, ubicadas en Cisjordania, fueron intervenidas por orden militar. En esa ocasión, las fuerzas israelíes confiscaron todos los equipos y la documentación presente en las instalaciones.
La cadena también destacó que las nuevas restricciones contemplan la imposibilidad legal de difundir contenido propio de Al Yazira a través de cualquier medio alternativo, lo que incluye plataformas digitales de terceros y redes sociales. Asimismo, la prohibición se aplica no solo a la difusión sino a la prestación de cualquier servicio de apoyo profesional o técnico a la cadena, reforzando el aislamiento mediático impuesto desde Israel.
De acuerdo con Al Yazira, el gobierno israelí sigue justificando estas actuaciones amparándose en la necesidad de preservar la seguridad nacional ante lo que considera amenazas mediáticas. La cadena ha manifestado su rechazo a las acusaciones y ha insistido en que las medidas constituyen un severo ataque a la libertad de prensa y a la cobertura de los hechos que afectan la región.
Al Yazira explicó que la prórroga de noventa días representa la continuidad de una política implementada desde la promulgación de la nueva ley que limita significativamente las operaciones de medios internacionales considerados problemáticos por Israel. En cada renovación de la medida, las autoridades israelíes notifican de manera oficial a los abogados de la emisora qatarí, reiterando los argumentos de seguridad.
La cadena ha reiterado durante el proceso su postura crítica frente a la ley y a la interpretación de los riesgos que presentan sus informes y programas para los asuntos internos de Israel. El debate sobre las restricciones impuestas a Al Yazira ha suscitado reacciones en el ámbito internacional, aunque el medio recalca que sus operaciones dentro de Israel y en los territorios ocupados siguen encontrándose paralizadas desde la entrada en vigor de la ley y que los intentos de restablecimiento de su actividad han resultado infructuosos debido a la orden estatal.
Según indicó Al Yazira, la imposición de bloqueos en plataformas como YouTube y la obligación para las empresas de telecomunicaciones de restringir el acceso a los contenidos de la cadena ejemplifican los nuevos alcances de la censura ejercida por el gobierno israelí bajo consideraciones de seguridad.
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