
La legislación australiana, que impone sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos (poco más de 29 millones de euros) a las plataformas digitales que permitan el acceso de menores de 16 años a redes y servicios de streaming, ha llamado la atención de autoridades británicas, quienes tienen previsto desplazarse a Australia para analizar el impacto real de la medida en la protección de adolescentes. Frente a este contexto internacional, la reciente aprobación de una enmienda en la Cámara de los Lores británica acerca a Reino Unido a una posible prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, según informó Financial Times.
De acuerdo con lo publicado por Financial Times y otros medios, el miércoles se votó una enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, impulsada por miembros conservadores, que busca introducir límites estrictos al uso de plataformas digitales por parte de menores de edad. El texto fue aprobado con 261 votos a favor y 150 en contra, y contempla no solo la restricción de acceso a redes sociales para adolescentes, sino también otras medidas como el control sobre el empleo de datos personales por parte de las compañías y la limitación de herramientas consideradas adictivas, como el “scroll infinito”.
El gobierno británico, liderado por Keir Starmer, se manifestó en contra de la enmienda íntegramente y, de manera previa a la votación, puso en marcha una consulta pública sobre la eventual prohibición. Esta consulta, abierta tanto para adultos como para jóvenes, busca recabar opiniones sobre diferentes aspectos, entre ellos el alcance de las restricciones, métodos de verificación de edad y la efectividad potencial de limitar ciertas funciones de las plataformas. Financial Times precisó que el objetivo principal de la medida es frenar el llamado “uso nocivo de Internet” entre los menores, un debate que también está en agenda de otros países.
El antecedente australiano resulta central en la discusión británica. Australia instauró la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años a finales de 2024, después de una tramitación que se inició un año antes. Esta legislación incluye sanciones económicas millonarias para empresas tecnológicas y se aplica a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick. En cumplimiento de la normativa australiana, Meta llevó a cabo la eliminación de 544.052 cuentas de usuarios adolescentes en Instagram, Facebook y Threads el 12 de enero, según detalló el medio británico.
En este entorno de regulación en expansión, Financial Times reportó que Reino Unido ya implementa desde julio verificaciones de edad en proveedores y plataformas de internet como parte de la Ley de Seguridad en Línea. Esta legislación, aprobada en 2023, obliga a las empresas a establecer controles para impedir el acceso de niños y adolescentes a contenidos pornográficos y ha sido adoptada por plataformas como Bluesky y, más recientemente, por OpenAI.
Las autoridades británicas señalan que, a pesar de estos esfuerzos regulatorios, persiste una preocupación considerable entre las familias sobre la exposición de los menores a riesgos en el entorno digital. La secretaria de Tecnología, Liz Kendall, expresó que “los padres aún tienen serias preocupaciones”, reflejando la percepción de que el marco regulatorio actual podría resultar insuficiente frente al desarrollo tecnológico y la proliferación de contenidos en línea.
En el ámbito educativo, la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, respaldó la prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas, afirmando: “Los teléfonos móviles no tienen cabida en las escuelas. Sin peros ni condiciones”. Esta postura busca reforzar la seguridad en los centros educativos y reducir la distracción y el acceso a contenidos inapropiados por parte de los estudiantes.
A nivel legislativo, la enmienda recién aprobada debe someterse aún al voto de la Cámara de los Comunes. Si cuenta con apoyo en esta instancia, pasará al siguiente trámite legislativo, en el que quedará pendiente de su entrada en vigor. El proceso legislativo en Australia llevó algo más de un año hasta su aplicación final, lo que sugiere que el desarrollo británico podría seguir tiempos similares. En caso de rechazo por parte de los Comunes, la propuesta regresaría a la Cámara de los Lores para una nueva consideración.
La consulta pública en marcha incluye preguntas sobre métodos adicionales para restringir el acceso de menores y examina cómo las plataformas podrían modificar sus algoritmos para evitar el uso excesivo. Según Financial Times, la respuesta del público y de los especialistas orientará las próximas decisiones del gobierno británico, que monitoriza de cerca el impacto de la experiencia australiana y sus consecuencias en la industria tecnológica y la infancia.
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