Tractorada en León el 29 de enero para que el acuerdo UE-Mercosur no "entierre" al sector en la provincia

Las principales asociaciones agrícolas convocan una protesta masiva con vehículos el lunes próximo, instando a que no se ratifique el pacto comercial entre ambos bloques y defendiendo derechos, condiciones equitativas y protección del trabajo rural leonés

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Juan Antonio Rodríguez, presidente de UCCL León, advirtió que, si prospera el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la situación de los agricultores y ganaderos de la provincia se vería perjudicada hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de sectores como el vacuno, el cereal y la apicultura. La manifestación convocada para el 29 de enero con tractores, denominada "tractorada", busca rechazar la ratificación de este pacto en los términos actuales y demanda garantías para que el campo leonés no quede relegado o "enterrado". Así lo informó el medio Europa Press, que dio cuenta de la posición unificada de las principales organizaciones agrarias de León: UGAL-UPA, Asaja, Ucale-COAG y UCCL.

Europa Press describió que la protesta partirá a las 11.00 desde el aparcamiento del Estadio Reino de León, donde los participantes se reunirán antes de dirigirse hacia la Subdelegación del Gobierno. Allí, los líderes de las organizaciones entregarán un documento con sus peticiones al subdelegado, Héctor Alaiz Moretón. Posteriormente, los representantes de los agricultores y ganaderos se trasladarán a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia para hacer llegar sus reivindicaciones al delegado territorial, Eduardo Diego. Sonia Castro, secretaria general de UGAL-UPA León, indicó que ambas instituciones desempeñan un papel relevante en las demandas presentadas.

Delegados de las asociaciones convocantes, entre ellos Sonia Castro, Arsenio García Vidal (presidente de Asaja), Juan Antonio Rodríguez (presidente de UCCL León) y José Ignacio Rodríguez Martínez (vicepresidente de Ucale-COAG León), participaron en la presentación del acto y comunicaron que defenderán con firmeza los intereses de los trabajadores rurales. Arsenio García Vidal planteó que, en el marco de los conflictos geopolíticos, los agricultores y ganaderos quedan relegados como "moneda de cambio" y reclamó reglas equitativas para todos los países involucrados en el comercio agrícola. A su juicio, “el resto de países debe jugar con las mismas reglas” que se aplican a quienes trabajan en el campo español.

El vicepresidente de Ucale-COAG León, José Ignacio Rodríguez, sostuvo que la potencial aprobación del acuerdo situaría a los productores leoneses en condiciones de competencia que calificó como injustas, debido a que los requerimientos que deben cumplir varían entre ambas regiones. Señaló que los requisitos de producción impuestos por la normativa comunitaria no siempre se exigen a los bienes agrícolas importados, lo que, según denunció, afectaría negativamente los márgenes de los agricultores locales y la calidad de los productos disponibles. Rodríguez Martínez agregó que la consecuencia directa será que “los ciudadanos comerán cada vez peor y con menos garantías de producción”, en un contexto donde considera que no es realista esperar que los productos importados resulten más baratos para el consumidor final. “Vamos a consumir productos de peor calidad pero no van a ser más baratos y ese es otro problema”, concluyó, citado por Europa Press.

Juan Antonio Rodríguez insistió en que las condiciones del acuerdo son, a su juicio, “totalmente injustas” y que España ya muestra señales de no poder soportar las consecuencias derivadas de su aplicación. El presidente de UCCL apuntó al riesgo de que algunos alimentos considerados tradicionales se conviertan en “un lujo”, como la cecina, debido a la presión sobre los precios y a la competencia de productos importados. Rodríguez señaló también a los responsables políticos de las negociaciones como interlocutores difíciles y recordó que todavía existen pasos previos para que el acuerdo se formalice, incluyendo una primera votación de los eurodiputados para determinar si se lleva el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE, además de la votación definitiva de ratificación, prevista para marzo o abril.

Europa Press informó que las organizaciones agrarias llaman a los eurodiputados a oponerse a la ratificación del acuerdo tal como está planteado, exigiendo que se respeten criterios de reciprocidad en los intercambios y que no se autorice la entrada de productos generados mediante prácticas no permitidas en Europa. En palabras recogidas por ese medio, se pronunciaron con un "no a Mercosur en los términos actuales" y solicitaron a los representantes europeos que rechacen la ratificación.

Las organizaciones también presentaron un pliego amplio de reivindicaciones, más allá del rechazo al acuerdo comercial. Solicitaron expresamente que no se recorten los fondos destinados al sector en el próximo marco financiero de la Unión Europea, así como una oposición directa a la propuesta de Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2027-2033, al considerar que esta no ofrece prioridad suficiente a agricultores y ganaderos profesionales. Respaldaron los dos pilares vigentes de la PAC, centrados en ayudas directas y desarrollo rural.

En materia de defensa ganadera, exigieron apoyo ante los ataques de animales silvestres como el lobo y el oso, y frente a enfermedades emergentes que afectan a los rebaños. Demandaron aumento de las inversiones en la modernización de las infraestructuras agrarias, especialmente en lo referido a la concentración parcelaria y en regadíos de nueva creación.

Según publicó Europa Press, las demandas de las organizaciones incluyeron la petición de precios "justos" para los productos del sector, la prohibición de vender por debajo de coste, afectando particularmente a cereales, maíz y patatas. Además, plantearon la necesidad de reducir la complejidad burocrática de los trámites y de las normas reglamentarias que inciden sobre la labor de agricultores y ganaderos, así como la rebaja de la "presión" vinculada a los requisitos medioambientales.

Entre las medidas específicas, solicitaron que se eliminen los aranceles, cupos e impuestos sobre los insumos de la agricultura, sobre todo en el caso de los abonos minerales, para abaratar costes de producción. Reclamaron también incentivos para la incorporación de jóvenes al sector con el objetivo de favorecer el relevo generacional en el medio rural leonés.

El medio detalló que los líderes de las cuatro asociaciones manifestaron en sus intervenciones la idea de que la defensa del campo leonés pasa por “jugar todos con las mismas cartas”; pidieron que se igualen las condiciones de producción, sin diferencias entre países, y subrayaron la importancia de que las instituciones tomen en cuenta las demandas del sector antes de avanzar con el acuerdo UE-Mercosur.

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