Sheinbaum rechaza que las últimas extradiciones respondan a presiones de EEUU: "Es una decisión soberana"

La reciente extradición de 37 personas vinculadas presuntamente a organizaciones criminales mexicanas hacia Estados Unidos no tuvo como motor solicitudes formales, ni fue una respuesta directa a presiones de la administración estadounidense, aclaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Según informó Europa Press, la mandataria enfatizó que el Gobierno mexicano priorizó exclusivamente razones de interés nacional al tomar la decisión de proceder con estas extradiciones. "(La decisión) se toma poniendo primero a México por encima de todo", expresó Sheinbaum durante una rueda de prensa matutina, detalló Europa Press.

En sus declaraciones, Sheinbaum subrayó que la determinación de extraditar a los detenidos obedeció a un análisis minucioso centrado en las políticas de seguridad y de Estado en México. Según consignó Europa Press, la presidenta recalcó que la actuación mexicana obedece a una “decisión soberana” y que los procesos se desarrollan tras la evaluación individual de cada caso y no en cumplimiento automático de solicitudes externas. “No es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis sobre si es importante para México, si se colabora, qué perfiles son. Es una relación de coordinación y colaboración”, explicó Sheinbaum, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Europa Press indicó que este anuncio tuvo lugar en un contexto en el cual el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado la firmeza de su discurso sobre el combate a los cárteles mexicanos. Sin embargo, la presidenta rechazó que la última ronda de extradiciones esté relacionada con la reciente conversación telefónica mantenida con Donald Trump, presidente estadounidense, señalando que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países se basa en diálogos entre equipos técnicos, no en decisiones particulares impulsadas por los mandatarios.

El medio señaló que la presidenta explicó ante los periodistas que las extradiciones, si bien muchas de ellas se producen con base en solicitudes extraditables, siempre responden a un enfoque donde cada caso se evalúa de manera individual, considerando criterios establecidos por el Gobierno mexicano. Por lo tanto, recalcó que la medida no significa una cesión de soberanía ni una reacción automática ante requerimientos externos.

Según publicó Europa Press, dentro del grupo de los 37 extraditados se encuentran personas identificadas como miembros relevantes de diversas agrupaciones del crimen organizado. Entre los nombres que figuran en la lista mencionada por las autoridades mexicanas aparecen José Gerardo Álvarez Vásquez, conocido como ‘El Indio’ o ‘El Chayan’ y señalado como líder del Cártel de los Beltrán Leyva, así como Pedro Inzunza Noriega, apodado ‘El Señor de la Silla’ y descrito como el segundo al mando de la misma organización.

Europa Press detalló que la Fiscalía de Estados Unidos solicitó la extradición de estos individuos, argumentando que representaban “una amenaza real para la seguridad del país”. El Gobierno mexicano consideró que, en todos los casos, la entrega respondía a criterios propios, derivados del análisis de riesgos para México. Los procesos, de acuerdo con la información oficial, se desarrollaron como parte de los mecanismos habituales de colaboración judicial entre ambos gobiernos, sin supeditarse a un solo acontecimiento diplomático o presión bilateral particular.

La acción de extraditar a los presuntos integrantes y dirigentes de agrupaciones delictivas forma parte de una estrategia que, según explicó Sheinbaum a Europa Press, busca fortalecer la cooperación internacional sin poner en riesgo la soberanía nacional. Este enfoque pretende mantener un equilibrio entre el cumplimiento de compromisos internacionales y la preservación de políticas autónomas en materia de seguridad y justicia.

En la rueda de prensa, Sheinbaum reiteró que México sostiene una relación de coordinación y colaboración constante con Estados Unidos, sobre todo a través de los equipos de trabajo dedicados a la seguridad, pero que las decisiones finales relativas a extradiciones siempre se toman en función del interés superior del país. Esta postura, según la presidenta, permite asegurar que cada acto en la materia responda a principios de legalidad y soberanía.

Como parte de las explicaciones brindadas, la presidenta también mencionó que la evaluación de cada uno de los casos contempla tanto los perfiles de los solicitados como los riesgos que cada uno puede representar para la seguridad nacional. Así, el proceso implica considerar si la colaboración es o no conveniente para México, más allá de la naturaleza de la petición estadounidense y del perfil del extraditable.

La extradición de estos 37 individuos ocurre luego de que las autoridades mexicanas destacaran que varios de los capturados tenían posiciones de liderazgo o importancia estratégica en distintas organizaciones delictivas reconocidas por las autoridades de ambos países. Según recordó Europa Press, el trabajo conjunto en este ámbito se mantiene como una constante en los acuerdos de cooperación bilateral, pero Sheinbaum descartó cualquier tipo de presión unilateral como factor determinante en esta ocasión.

El medio resaltó que la presidenta mexicana respondió explícitamente a interrogantes sobre posibles presiones o instrucciones provenientes de Washington en torno a la extradición de estos individuos. Rechazó cualquier insinuación de que existiera un vínculo entre la citada operación y la reciente comunicación con el presidente estadounidense, insistiendo en que las decisiones finales surgen a partir de deliberaciones internas del Estado mexicano.

De acuerdo con la información de Europa Press, la jefa del Ejecutivo precisó que si bien muchos de los 37 extraditados eran sujetos a procesos de extradición y tenían antecedentes delictivos en ambos países, la ejecución de las entregas no se realizó de forma automática ni obedeció a una petición aislada, sino a protocolos y revisiones legales sostenidas entre ambos gobiernos.

Así, la presidenta reafirmó que la prioridad del Gobierno mexicano radica en salvaguardar primero su propia seguridad e intereses nacionales, manteniendo a la vez canales abiertos de comunicación y cooperación con sus contrapartes estadounidenses para enfrentar fenómenos criminales de alcance transfronterizo. Europa Press concluyó que, por el momento, las autoridades mexicanas continúan con su política de compartir información y acciones judiciales selectivas según la valoración de cada caso almacenado entre ambos sistemas de justicia.