España confía en que el Tribunal de Justicia de la UE confirme la "solidez jurídica" del acuerdo con Mercosur

El retraso en la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur conlleva pérdidas mensuales significativas para la economía, estimadas en 4.400 millones de euros en producto interior bruto no generado y 3.000 millones de euros en exportaciones que se dejan de realizar, según lo calculado por un estudio reciente del instituto ECIPE. Esta situación afecta especialmente a la competitividad de los sectores estratégicos españoles y europeos, dado que la entrada en vigor del tratado implica para las empresas un notable ahorro, con la supresión de más del 90% de los aranceles aplicados a las exportaciones europeas y un beneficio superior a los 4.000 millones de euros anuales en disminución de tasas, de acuerdo con el Ministerio de Economía español.

El Gobierno de España ha expresado su desacuerdo ante la reciente denuncia presentada por el Parlamento Europeo sobre ciertos elementos del acuerdo entre la UE y Mercosur, según publicó la agencia de noticias. Conforme a las declaraciones del Ministerio de Economía recogidas por el medio, el Ejecutivo confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acabará por confirmar la validez jurídica del texto negociado, ya que “no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países”. Desde el Ministerio dirigido por Carlos Cuerpo se ha recordado que solicitar una opinión al TJUE sobre las competencias implicadas y la compatibilidad del tratado con el marco de los tratados fundacionales de la Unión Europea es un procedimiento ordinario en estos procesos.

En cuanto a los plazos y las perspectivas de implementación, el Ejecutivo enfatizó que el desarrollo de estos procedimientos judiciales no impide la puesta en marcha provisional del acuerdo, siempre que uno de los estados que integran Mercosur lo haya ratificado previamente. Según reportó el medio, fuentes del Ministerio han afirmado que “seguiremos trabajando con nuestros socios y con Mercosur para mantener el impulso y avanzar en la entrada en vigor de este acuerdo, que es de gran importancia especialmente en estos momentos de inestabilidad geopolítica”.

El ámbito empresarial, tal como consignó el Ministerio de Economía, recibiría un impulso considerable por el efecto directo del tratado: la ampliación de oportunidades para exportadores, una considerable reducción de los obstáculos comerciales y un impacto económico calificado de positivo. Desde el punto de vista de la economía española, el retraso en la entrada en vigor del acuerdo supone un coste relevante mes a mes, reflejado tanto en la ralentización del crecimiento potencial como en la menor competitividad internacional de las firmas españolas y europeas.

El acuerdo firmado prevé, según recordó el Gobierno y tal como señaló la fuente oficial, eliminar más del 90% de los aranceles impuestos a las exportaciones europeas hacia los países del Mercosur. Esta medida generaría, según las estimaciones citadas, un ahorro para las compañías europeas que supera los 4.000 millones de euros anuales solo en tasas aduaneras, incrementando de forma notable la capacidad de acceso de los productos europeos a uno de los mercados más grandes de América Latina.

Los datos proporcionados por ECIPE, recogidos por el medio consultado, apuntan que cada mes de aplazamiento en la entrada en vigor del tratado implica la pérdida de 4.400 millones de euros en crecimiento económico potencial y un descenso de 3.000 millones de euros en exportaciones. Este impacto se distribuye en innumerables empresas de sectores clave que, de acuerdo con la posición sostenida por el Ministerio, ven limitada su capacidad de competir en igualdad en el escenario internacional.

Desde el Ministerio de Economía, contactado por la fuente, se subrayó la voluntad de continuar colaborando con los socios europeos, las instituciones comunitarias y los representantes de los países del Mercosur con el objetivo de avanzar hacia la ratificación y aplicación provisional del acuerdo. El contexto global, marcado por la inestabilidad en los mercados y los nuevos retos geopolíticos, añade urgencia para la adopción de medidas que refuercen la integración comercial con regiones de crecimiento.

El proceso de consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según explicaron fuentes gubernamentales a través del medio, forma parte de los cauces legales habituales cuando existen cuestiones relativas a la competencia y compatibilidad de los tratados internacionales. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene la posición de que esta circunstancia no bloquea la entrada en vigor provisional del acuerdo, siempre que las condiciones formales queden cumplidas según lo previsto en la normativa comunitaria y los procedimientos internos de Mercosur.

El acuerdo UE-Mercosur representa, en cifras y previsiones oficiales del Ministerio de Economía citadas por el medio, una oportunidad de avance económico tanto para España como para el conjunto del bloque europeo. Las estimaciones sobre el impacto de los retrasos ratifican la preocupación del Ejecutivo ante el escenario de aplazamiento, al tiempo que las autoridades insisten en la conveniencia de mantener el diálogo y la cooperación con los actores implicados para acelerar la entrada en vigor del pacto comercial.