La recompensa de 250.000 dólares que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrecía por datos que permitieran la detención de Alejandro Rosales Castillo resaltaba la prioridad que Estados Unidos otorgaba a su captura. Castillo figuraba desde 2017 entre los diez fugitivos más buscados por ese organismo norteamericano, según informó el medio El País luego de que las autoridades mexicanas anunciaran su arresto realizado el sábado en Pachuca, Hidalgo.
De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), la detención tuvo lugar tras un trabajo conjunto de inteligencia y el intercambio de datos con el FBI. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó mediante redes sociales que agentes de ambas instituciones implementaron un operativo coordinado en la mencionada ciudad mexicana. El funcionario detalló que Alejandro N., como fue identificado oficialmente, tenía emitida una ficha roja de Interpol así como una orden de arresto con fines de extradición a Estados Unidos. El País consignó que el operativo culminó con la captura del fugitivo, cuya localización era solicitada especialmente por las autoridades estadounidenses.
El FBI había incluido el nombre de Rosales Castillo en la lista de los diez criminales más perseguidos desde 2017, según reportó el medio español, asignándole los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado. Además, la solicitud de extradición se derivaba de cargos pendientes en Carolina del Norte, donde las autoridades judiciales lo reclamaban expresamente.
El País explicó que el rastreo internacional de Castillo se sustentó en la colaboración entre dependencias mexicanas y estadounidenses, lo que permitió la recopilación y análisis de datos necesarios para concretar la acción en Pachuca. El despliegue operativo incluyó el seguimiento a través de redes de información criminal e inteligencia policial, como reflejo de los acuerdos existentes entre la SSPC, la FGR y el FBI.
Al difundir los detalles, García Harfuch subrayó que la coordinación con el FBI fue determinante en el éxito de la acción policial. Las autoridades mexicanas especificaron que la notificación roja de Interpol y la solicitud oficial de arresto garantizaron el respaldo jurídico necesario para efectuar la detención en suelo mexicano. En tanto, la fiscalía mexicana quedó encargada de iniciar los trámites para el proceso de extradición, conforme a los acuerdos binacionales vigentes y las solicitudes presentadas por el Gobierno estadounidense.
El País recordó que la inclusión de Castillo en la lista de los más buscados respondía a la gravedad de los cargos y a la presunta peligrosidad del indiciado, razón por la cual las agencias de seguridad estadounidenses mantuvieron desde hace varios años la recompensa de 250.000 dólares, una de las mayores ofrecidas en el marco de este tipo de pesquisas.
La captura de Rosales Castillo se interpreta como resultado de los mecanismos de cooperación transfronteriza entre Estados Unidos y México, puestos a prueba en operativos calificados de alta prioridad. Las investigaciones previas habían permitido cerrar el cerco en torno al fugitivo, identificado finalmente en Pachuca gracias al intercambio de información detallada entre las fuerzas de seguridad de ambos países, según lo publicado por El País.
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