El riesgo de que el Ministerio de Migración de Grecia pueda eliminar a una organización no gubernamental del registro oficial únicamente tras el inicio de un proceso penal contra uno de sus miembros, incluso antes de que haya una sentencia, ha generado inquietud entre organismos humanitarios. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha manifestado preocupación acerca de un proyecto de ley migratoria en Grecia, que introduce medidas que, según la organización, criminalizan directamente la labor humanitaria y complican las tareas de quienes ofrecen asistencia en emergencias a personas migrantes, según informó Europa Press.
La propuesta legislativa, de acuerdo con lo indicado por MSF y recogido por Europa Press, incorpora la pertenencia a una ONG como agravante en delitos relacionados con la migración. Esto expone a trabajadores humanitarios a condenas de hasta 10 años de prisión y elevadas sanciones económicas, incluso por acciones como proveer atención médica u ofrecer apoyo a solicitantes de asilo. Europa Press detalló que la normativa permitiría no solo imponer estas penas, sino también suspender y excluir a organizaciones del registro oficial tras la mera apertura de un proceso penal contra alguno de sus miembros.
El medio Europa Press consignó declaraciones de Sonia Balleron, coordinadora general de MSF en Grecia, quien expresó: "La solidaridad y la ayuda humanitaria no son delitos, pero la nueva ley de migración criminaliza la labor humanitaria. Al convertir la pertenencia a una ONG en un factor agravante, expone a los trabajadores humanitarios a penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas por el simple hecho de salvar vidas, proporcionar atención médica o apoyar a las personas que solicitan asilo". Balleron afirmó que la inclusión de este agravante entra en conflicto con el derecho de la Unión Europea y con normativas internacionales, además de ignorar recomendaciones formuladas reiteradamente por organismos nacionales e internacionales.
Este debate sucede en un contexto marcado por la intensificación de la crisis humanitaria en las fronteras griegas, donde los naufragios y las desapariciones en el mar se han vuelto frecuentes. De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) citados por Europa Press, más de 1.800 migrantes han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo durante 2025, y la cifra acumulada desde 2014 supera los 33.300.
Según Europa Press, el Mediterráneo oriental, y en particular las rutas con destino a Grecia, figura entre los trayectos más transitados por personas migrantes. Las situaciones de rescate y las desapariciones marítimas ocurren con regularidad. Apenas el sábado pasado, las autoridades turcas rescataron a 37 personas supervivientes de una embarcación que pretendía llegar a Lesbos, pero una persona perdió la vida y otras siete continuaban desaparecidas.
En relación con el contexto jurídico y judicial, la noticia sobre la advertencia de MSF ha coincidido con la decisión de un tribunal en Lesbos de absolver a 24 integrantes de una organización, quienes se enfrentaban a cargos de espionaje y tráfico de personas por su intervención en labores de rescate y ayuda a migrantes y refugiados entre 2016 y 2018, durante el auge de la crisis migratoria. Europa Press informó que este caso se convirtió en un ejemplo ampliamente observado del aumento de presiones legales contra actores humanitarios en la región.
MSF, tras analizar el contenido del proyecto legal, solicitó públicamente que se elimine la pertenencia a una ONG como agravante y que se garantice de forma explícita la protección de las actividades humanitarias en Grecia. Al respecto, Sonia Balleron destacó en declaraciones difundidas por la propia organización y recogidas por Europa Press: "La ayuda humanitaria no es un delito, sino un derecho, y criminalizarla es una decisión política deliberada".
Finalmente, el medio Europa Press recordó que tanto organismos internacionales como nacionales han formulado recomendaciones al gobierno griego para que respete los estándares de protección a la labor humanitaria y ratificaron su preocupación por el impacto negativo que la nueva legislación podría tener en la asistencia que reciben personas migrantes en situaciones de emergencia.
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