
El titular de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura en funciones, Guillermo Santamaría, reconoció diferencias sustanciales en los criterios productivos entre los países del Mercosur y la región, destacando la permisividad en el uso de fertilizantes fuera de la Unión Europea y la complejidad que presenta la trazabilidad de los productos importados. Durante su visita a una empresa en Badajoz, de acuerdo con la información divulgada por la Junta de Extremadura, reafirmó su respaldo a los agricultores que este viernes se manifestaron a través de tractoradas en varios puntos de la comunidad autónoma. Santamaría reiteró que la administración regional está del lado del campo en la defensa de sus intereses, especialmente ante la falta de “reciprocidad” que podría generar el actual acuerdo en negociación con los países sudamericanos.
Según consignó la Junta de Extremadura, el consejero explicó que, si bien considera valiosos los acuerdos comerciales que eliminan barreras arancelarias, alertó que el de Mercosur carece de garantías suficientes para que los productores extremeños compitan en condiciones comparables con sus contrapartes de Sudamérica. Insistió en que la reciprocidad se encuentra en entredicho, ya que en los países del bloque Mercosur pueden emplearse algunos insumos que la regulación europea prohíbe, lo que distorsiona la competencia y pone en desigualdad a los productores locales. “Aquí no podemos usar determinados fertilizantes que allí sí pueden y es muy difícil la trazabilidad”, puntualizó el consejero, según la Junta.
Santamaría aprovechó la ocasión para posicionarse junto a la consejera de Agricultura en la defensa del sector agrario, que ha elevado su malestar tanto contra la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) como contra las condiciones de los acuerdos internacionales. De acuerdo con el relato publicado por la Junta, para el consejero de Economía es esencial que, en los tratados de comercio, se garanticen derechos y deberes equivalentes para todos los productores. Recalcó la idea de que la apertura comercial sin garantías básicas representa un riesgo para los agricultores y ganaderos de Extremadura, quienes ya enfrentan un contexto regulatorio más estricto en comparación con productores de otras regiones del mundo.
En las declaraciones recogidas por la propia Junta de Extremadura, Santamaría subrayó la importancia de exigir que las importaciones agrícolas y ganaderas se sometan a controles ajenos tan exigentes como los que afronta el propio sector regional. Además, lamentó que la ausencia de mecanismos equivalentes en la vigilancia sobre la cadena de suministro dificulte el control de la trazabilidad y pueda desembocar en una competencia desleal.
La jornada de protestas a la que se refirió Santamaría reflejó el rechazo de buena parte del sector agrario extremeño frente a las reformas normativas y las políticas comerciales promovidas desde instancias comunitarias y estatales. Los agricultores manifestaron de esta forma su preocupación por la viabilidad futura de sus explotaciones y la capacidad de competir frente a productos de países con legislaciones menos exigentes, según reportó la Junta de Extremadura. El consejero insistió, en sintonía con los manifestantes, en la necesidad de articular la defensa de los intereses agrícolas para evitar que el tejido productivo regional se vea afectado negativamente por medidas que, en su opinión, no protegen de manera adecuada las condiciones de producción de los agricultores extremeños.
A lo largo de su intervención, Santamaría defendió la legítima motivación de las protestas y recordó que la eliminación de barreras comerciales puede resultar beneficiosa siempre que se garantice la igualdad de condiciones, según publica la Junta autonómica. Reafirmó que la administración regional mantendrá un papel vigilante en la protección de sus productores ante negociaciones internacionales o cambios legislativos que puedan condicionar el futuro del sector agrario en Extremadura.
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