
La sentencia del Tribunal de Apelación de Casos Penales del Egeo Septentrional destaca que durante la crisis migratoria entre 2015 y 2018 en Lesbos, los voluntarios de la ONG Emergency Response Centre International (ERCI) empleaban métodos directos de observación desde la costa, sin acceso a información previa a la que disponían las autoridades griegas, y únicamente brindaban asistencia tras la llegada de los migrantes. Según reportó el medio ‘Stonisi’, el tribunal concluyó la falta de pruebas que pudieran avalar las acusaciones de pertenencia a organización criminal o facilitación de entrada ilegal de nacionales de terceros países, absuelto a 24 trabajadores humanitarios procesados desde hace siete años en Grecia.
De acuerdo con la información publicada por ‘Stonisi’, el tribunal de Mitilene determinó que la actividad de los acusados, ciudadanos griegos y de otras nacionalidades, respondía a necesidades humanitarias en línea con la respuesta local durante ese periodo migratorio en el Egeo. Los jueces señalaron que los voluntarios aguardaban en la costa para prestar ayuda a quienes desembarcaban, sin que se hubiera demostrado comunicación con las personas a bordo antes de su llegada. Además, la Guardia Costera accedía de manera paralela a la información sobre la llegada de embarcaciones, lo que descarta una ventaja informativa por parte de los activistas.
El fallo también desestimó cualquier vínculo causal entre las donaciones recibidas por ERCI y actividades ilegales, descartando así uno de los pilares de la acusación, según detalló el diario de Lesbos. Entre los exculpados se encuentra la activista siria Sarah Mardini, quien testificó haber decidido volver a Lesbos en 2016 tras vivir en primera persona la experiencia de atravesar el Egeo como refugiada el año anterior, con la única intención de asistir a otras personas en situación semejante.
Después de la sentencia, Human Rights Watch (HRW) reconoció que el veredicto representa el cierre de “un calvario legal de siete años” para los voluntarios de ERCI, quienes enfrentaron acusaciones infundadas de delitos graves únicamente por brindar socorro en el mar. Eva Cossé, investigadora principal en Europa y Asia Central para HRW, destacó que la absolución significa una reivindicación para los trabajadores de la ONG, aunque señaló el carácter agridulce del desenlace. Cossé declaró que el proceso judicial, calificado como abusivo, afectó gravemente las operaciones de rescate en el área, mientras persistía el riesgo para las personas migrantes que cruzan el Egeo. Además, instó a las autoridades de Grecia a detener la criminalización de las acciones solidarias, suspender las devoluciones forzosas y dar prioridad a la protección de vidas humanas.
El fenómeno migratorio en el Mediterráneo oriental, concretamente en el trayecto hacia Grecia, sigue registrando frecuentes intentos de cruce y operaciones de salvamento, de acuerdo con los reportes recogidos por ‘Stonisi’. El pasado sábado, las autoridades turcas realizaron el rescate de 37 personas que se dirigían a Lesbos; en ese incidente, hubo una víctima mortal y siete personas permanecen desaparecidas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1.800 personas murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo durante 2025, y la cifra acumulada desde 2014 supera los 33.300 casos.
Este proceso judicial y su absolución abren nuevas discusiones en torno al papel y los límites de las acciones humanitarias en las fronteras de la Unión Europea. Varios organismos y activistas han señalado que, en contextos de emergencia como el ocurrido en el Egeo, la labor de las ONG resulta fundamental para la protección de la vida, llevando la atención tanto a las condiciones de los migrantes como al escrutinio sobre la respuesta de las autoridades nacionales e internacionales. Conforme a lo señalado por Human Rights Watch, el caso ha dejado en evidencia los desafíos que enfrenta la cooperación internacional para asistir a las poblaciones en movilidad, en un escenario en el que, según la ONG y medios como ‘Stonisi’, se requiere replantear los mecanismos de apoyo en las rutas migratorias más peligrosas del continente.
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