Trabajo aplaza la reunión de mañana con agentes sociales para negociar la subida del SMI de 2026

El tema de la indexación del salario mínimo en los contratos públicos, respaldado tanto por sindicatos como por organizaciones empresariales y defendido por el Ministerio de Trabajo en sucesivas ocasiones, ha generado desacuerdos con el Ministerio de Hacienda, según reconoció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones recientes citadas por el medio de comunicación. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Economía Social decidió posponer la reunión con los agentes sociales prevista inicialmente para el 16 de enero, que tenía como objetivo avanzar en la negociación por la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026.

Según informó el medio, la convocatoria afectaba a representantes de sindicatos como CCOO y UGT, y a los principales interlocutores empresariales, CEOE y Cepyme. De acuerdo con el reporte, el encuentro pretendía acercar posiciones sobre la nueva subida del SMI para 2026. La ministra Yolanda Díaz había manifestado en una entrevista que esperaba formalizar el acuerdo en esa cita, sin embargo, el Ministerio de Trabajo señaló que dicho encuentro aún no contaba con una convocatoria oficial.

El medio detalló que la propuesta formulada por el Ministerio de Trabajo plantea un aumento del 3,1% en el SMI, lo que situaría este umbral en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin que tal cantidad tribute en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto implicaría un incremento de 37 euros mensuales respecto a la cifra vigente y se aplicaría con carácter retroactivo a partir del 1 de enero, una vez que obtenga la aprobación definitiva.

Esta sugerencia de incremento se basa en el análisis y recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno español sobre el SMI, según publicó la fuente. El comité propuso una subida equivalente al 3,1% si el salario mínimo seguía libre de tributación, o bien del 4,7% en caso de que pasase a estar gravado por el IRPF. Además, para lograr el respaldo de la patronal CEOE, la titular de Trabajo comprometió la apertura de negociaciones para revisar las reglas de la Ley de Desindexación en la contratación pública, cuestión que tanto sindicatos como patronal han demandado internamente y que ha constituido una condición de CEOE para apoyar incrementos previos del SMI.

El medio explicó que la propuesta oficial también contempla la posibilidad de reajustar, dentro del marco fiscal y laboral, el impacto de los incrementos salariales en las licitaciones y contratos públicos, siempre con el propósito de incorporar algunas reglas que mitiguen ese efecto. Ante este contexto, dicha cuestión se discute en el proceso de transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos y en el diálogo social tripartito. Entre las reformas en estudio figura modificar las reglas para que los aumentos del SMI no queden absorbidos por complementos salariales.

Tras la última ronda de negociaciones, los diferentes actores sociales acordaron someter la propuesta oficial a análisis interno en sus respectivos órganos de dirección, informó el medio. Los sindicatos CCOO y UGT han manifestado que se inclinan por respaldar el acuerdo si no surgen cambios sustanciales, mientras que la patronal CEOE mantiene una posición cautelosa y, hasta el momento, no ha definido una postura formal sobre la iniciativa del Ejecutivo. No obstante, según se recogió, tanto Trabajo como los sindicatos valoraron la actitud “propositiva” de la representación empresarial durante el proceso negociador, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, expresó su expectativa de que la CEOE se adhiera finalmente al acuerdo.

La postura sindical, publicada por el medio, proponía inicialmente una subida del 7,5% para el SMI de 2026, esta vez sujeta a tributación. No obstante, las centrales consideran que el aumento del 3,1% propuesto por el Gobierno, al eximirlo de cargas fiscales, superaría la inflación media prevista para 2025, estimada en un 2,7%, permitiendo así compensar el encarecimiento de la vida. Además, valoran que el incremento propuesto se acerca al objetivo fijado por la Carta Social Europea, que recomienda que el SMI equivalga al 60% del salario medio neto en el país.

Por parte de la patronal, la CEOE sugirió que el SMI para el año en curso aumente únicamente un 1,5%, alcanzando los 1.202 euros brutos mensuales en catorce pagas, y eliminado la exención de la tributación en el IRPF. Esta propuesta, detalla el medio, se sitúa por debajo del incremento planteado por el Gobierno y los sindicatos.

El Ministerio de Trabajo, en palabras de Yolanda Díaz recogidas por el medio, trabaja junto con el Ministerio de Hacienda para elaborar una propuesta acerca de la indexación parcial del SMI en los contratos públicos, atendiendo a una petición de los agentes sociales en la última mesa técnica sobre este tema. Díaz recordó: “Desde el día que subí el salario mínimo en el año 20 hasta hoy, lo saben los agentes sociales, he defendido esto. Pues bien, estamos trabajando con la ministra de Hacienda, el Gobierno de España, para hacer una propuesta en este sentido”.

El medio también destacó que el Ministerio de Trabajo continuará explorando con otros departamentos gubernamentales vías para alcanzar a la mayor brevedad posible un acuerdo sobre la posible flexibilización de las reglas que impiden la indexación salarial en determinados casos. Este camino se encuentra en estudio en el marco de la adaptación a la normativa europea y en el ámbito de la política interna de contratación pública.

El aplazamiento de la reunión, según indicaron fuentes oficiales al medio, supone un retraso respecto a la intención inicial del gobierno de cerrar el acuerdo en fechas próximas. Entretanto, los sindicatos y la patronal prevén analizar detalladamente los términos de la propuesta del Ejecutivo en sus respectivos respectivos órganos y trasladar su posición una vez finalice este proceso interno. Con ello, la negociación para el SMI de 2026 sigue abierta y pendiente de la definición de varios aspectos técnicos y políticos clave.