
Las organizaciones agrarias andaluzas han destacado el crecimiento de la burocracia y el incremento de los costes de producción, en especial los derivados de fertilizantes y energía, como factores determinantes en la decisión de volver a las protestas. Según informaron Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en un comunicado recogido por diversas plataformas informativas, el sector considera que estas condiciones, sumadas a las nuevas normativas y acuerdos internacionales, han creado una situación económica y regulatoria que limita el desarrollo eficiente del trabajo en el campo y pone en entredicho la viabilidad de muchas explotaciones rurales. Frente a este contexto, han convocado a agricultores y ganaderos andaluces a manifestarse el 29 de enero frente a las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, en coordinación con movilizaciones en el resto de España y países europeos.
De acuerdo con la información difundida por dichas entidades, la movilización responde a una serie de preocupaciones acumuladas, reforzadas tras lo que describieron como un "cierre en falso" de las tractoradas de 2024. La protesta principal apunta al rechazo del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como de otros tratados comerciales con países externos a la UE, al considerar que utilizan al sector agrario como moneda de cambio y lo exponen sin garantías, en beneficio de otras ramas productivas.
Las organizaciones convocantes puntualizaron en su postura el rechazo al nuevo Marco Financiero Plurianual que presenta la Comisión Europea, ya que, según reportó el comunicado, implicaría la desaparición de la "singularidad presupuestaria" de la Política Agraria Común (PAC). Esta modificación, según relataron los portavoces agrarios, supondría el final de una arquitectura financiera que hasta la fecha contemplaba las características específicas de la agricultura europea y blindaba ciertos requisitos presupuestarios. Un recorte en este sentido, detallaron, debilitaría al sector rural europeo y, por extensión, a la propia Unión Europea.
En las declaraciones recogidas por las entidades organizadoras, la reducción progresiva de profesionales activos, el cierre y abandono de explotaciones agrarias y la caída de la cabaña ganadera han dejado de ser amenazas para convertirse en situaciones constatables. Ante estos hechos, las agrupaciones convocantes llamaron no solo a quienes trabajan en el sector, sino también al conjunto de la ciudadanía, a sumarse a las protestas para reivindicar medidas urgentes de apoyo. Los voceros argumentan que las actuales políticas comunitarias y del gobierno nacional sitúan al campo "a los pies de los caballos", entregando el sector para favorecer intereses de otras áreas.
Respecto al acuerdo con Mercosur, las organizaciones agrarias indicaron que el texto acordado carece de mecanismos de reciprocidad y favorece una competencia desigual entre producciones comunitarias e importaciones, lo cual identificarían como una amenaza para los intereses tanto de los productores como de los consumidores europeos. En palabras del comunicado difundido, sectores como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz y la aceituna de mesa estarían entre los más expuestos a los efectos negativos del tratado.
La nota conjunta agrega que sectores que podrían ser percibidos como potenciales beneficiarios del acuerdo, como el del aceite de oliva o el vino, tampoco verían ventajas apreciables a corto plazo, ya que los largos periodos transitorios existentes antes de la liberalización total impiden cualquier mejora inmediata. Además, consideran ineficaces los avances con las cláusulas de salvaguardia incorporadas al tratado, por estimar que se limitan a ser anexos cuyo cumplimiento ya ha sido descartado por portavoces de Mercosur, y que no serían aplicables eficazmente sin un control común de fronteras y con carencia de inspecciones en los países de origen.
Las entidades que llamaron a la movilización recalcaron, según difundió el comunicado, que el aumento de los costes de insumos esenciales y la presión de normas burocráticas han complicado adicionalmente la actividad agrícola y reducen la competitividad de las explotaciones. Concluyeron solicitando una simplificación normativa real que permita preservar la función y sostenibilidad de la agricultura y ganadería andaluzas, advirtiendo acerca de las posibles consecuencias de no actuar ante el deterioro continuado del sector.
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