La Fiscalía Antidroga pide a la AN que inadmita la querella contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro

El Ministerio Público detalló que los hechos descritos por la asociación Hazte Oír en su querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya se encuentran bajo investigación en otros procedimientos abiertos, o bien se fundamentan únicamente en informaciones periodísticas. Este criterio llevó a la Fiscalía Antidroga a solicitar a la Audiencia Nacional que no acepte la denuncia contra Zapatero, por considerar que no existen indicios delictivos consistentes ni fundamentos legales que sustenten la apertura de un proceso judicial.

Según informó Europa Press, la Fiscalía Antidroga pidió expresamente a la Audiencia Nacional que desestime la querella presentada por Hazte Oír, en la que se denunciaba la supuesta colaboración del exmandatario con la estructura criminal del presidente venezolano Nicolás Maduro. De acuerdo con el informe entregado al tribunal, el Ministerio Público concluyó que las actuaciones atribuidas a Zapatero ni constituyen los delitos denunciados ni presentan las características propias de ninguna otra infracción penal. “El fiscal no aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delitos”, recoge el dictamen al que accedió Europa Press.

La querella de Hazte Oír señalaba presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, atribuyendo a Zapatero un papel en la facilitación de operaciones internacionales relacionadas con el régimen venezolano. El escrito sugería que, por tratarse de un ciudadano español y por los hechos supuestamente ocurridos en el extranjero, correspondería a la Audiencia Nacional asumir la competencia sobre el caso.

Entre las medidas cautelarísimas solicitadas, la asociación pidió la retirada del pasaporte a Zapatero, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el juzgado cada siete días. También se reclamó que el expresidente declarase como investigado y que el tribunal llamase a testificar al exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, según publicó Europa Press.

En sus alegatos, Hazte Oír argumentó que “lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí” y sostuvo que, ante la presunta existencia de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, España debía investigar cualquier posible vínculo hasta sus últimas consecuencias. Además, la organización afirmó que la actuación de Zapatero habría ido más allá de su eventual papel político o diplomático, sugiriendo que contribuyó de manera decisiva a consolidar y facilitar las operaciones internacionales comandadas por el régimen de Nicolás Maduro.

El colectivo planteó que esta supuesta colaboración habría permitido reforzar la capacidad operativa y la cobertura internacional de la estructura liderada por Maduro. En este sentido, Hazte Oír sostuvo que estos hechos debían ser objeto de investigación judicial para determinar posibles responsabilidades penales, y adelantó que esta denuncia sería la primera de una serie de acciones legales que impulsarán contra Zapatero, a quien acusan de desempeñar un papel en el apoyo político e internacional al actual gobierno venezolano.

Sin embargo, la Fiscalía Antidroga remarcó que los hechos descritos en la querella no son constitutivos del delito de blanqueo de capitales con origen en el narcotráfico, conforme reportó Europa Press. El Ministerio Público observó que varias de las denuncias presentadas se respaldan en informaciones periodísticas, lo cual considera insuficiente para iniciar una investigación judicial. Además, destacó que otros elementos reseñados por los querellantes ya están siendo examinados en procesos abiertos previos por parte de la autoridad judicial.

De acuerdo a Europa Press, el informe de la Fiscalía concluyó que los hechos señalados carecen del soporte probatorio requerido por la legislación para abrir diligencias, y consideró improcedente avanzar en las medidas cautelares planteadas por la asociación. Esta evaluación llevó al Ministerio Público a descartar la existencia de delitos relacionados o de indicios que justificaran nuevas actuaciones contra el expresidente del Gobierno en el ámbito penal.