El Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

La reivindicación de disculpas públicas por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resalta el impacto político que ha tenido el reciente pronunciamiento de la Fiscalía Antidroga respecto a las acusaciones lanzadas sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Según informó la prensa nacional, Montero expresó su satisfacción tras conocer que el Ministerio Público ha determinado que no existen fundamentos para continuar con la querella que imputaba al expresidente delitos relacionados con narcotráfico o blanqueo de capitales. Esta afirmación fue realizada en el Senado, luego de la comparecencia de Montero a petición del Partido Popular (PP), y cobra especial relevancia en el actual escenario político español.

De acuerdo con lo publicado, el Ministerio Público solicitó a la Audiencia Nacional que rechace admitir la denunciada presentada por la asociación Hazte Oír, la cual acusaba a Zapatero de “colaboración con la estructura criminal” del presidente venezolano Nicolás Maduro. Tal como detalló la fuente, la Fiscalía concluyó que no existen indicios de hechos delictivos y que los elementos planteados en la denuncia no pueden considerarse constitutivos de delitos relacionados con narcotráfico, blanqueo de dinero u otros posibles delitos.

En declaraciones recogidas en los pasillos del Senado, María Jesús Montero valoró positivamente la postura adoptada por la Fiscalía, que desestimó cualquier investigación penal contra el exjefe del Ejecutivo del PSOE. “Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos”, sostuvo Montero ante los periodistas, recogiendo así lo consignado por el citado medio. Esta petición de disculpas estuvo dirigida a quienes impulsaron las acusaciones sin pruebas y, según sus palabras, contribuyeron a generar un clima de sospecha injustificado.

Más allá de las denuncias contra Zapatero, Montero aprovechó la ocasión para criticar el discurso mantenido por el Partido Popular sobre la situación política venezolana. Según publicó la fuente, la ministra reprochó que continúen refiriéndose a “el régimen de Maduro”, especialmente después de los acontecimientos recientes en Venezuela, donde Estados Unidos ha capturado a un alto funcionario y Delcy Rodríguez ha sido designada presidenta encargada. Montero lamentó que, tras resolverse causas judiciales a favor del Ejecutivo español, “nadie pida perdón”.

En otro momento de sus declaraciones, Montero denunció la actitud persistente de sectores del PP que, según describió el medio, le han achacado la intención de implantar un supuesto “cupo catalán” en la reforma del sistema de financiación autonómica. La ministra remarcó que, ahora que “es obvio que Cataluña sigue dentro del régimen común”, no se han escuchado disculpas por parte de quienes impulsaron esa acusación.

La postura de la Fiscalía Antidroga ha significado un respaldo a Zapatero frente a las imputaciones que lo vinculaban con delitos transnacionales y actividades ilícitas junto a organismos del Estado venezolano. Según informó el medio, los argumentos de la querella no lograron fundamentar ninguna conducta delictiva concreta, lo que llevó al Ministerio Público a recomendar el archivo de las actuaciones solicitadas por Hazte Oír.

Esta situación se inscribe en una corriente de denuncias y contra-denuncias entre formaciones políticas y entidades civiles en España, donde la judicialización de temas de la agenda internacional y la vinculación de antiguos presidentes con gobiernos extranjeros suelen alimentar la confrontación política. El medio relató que la comparecencia de Montero en el Senado también estuvo marcada por este clima, ya que fue convocada por el PP para responder por presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El debate sobre la responsabilidad de los dirigentes en la gestión de las acusaciones infundadas sigue presente en la escena política española. Las declaraciones de Montero, según reportó la fuente, integran tanto la satisfacción ante la decisión del Ministerio Público como la exigencia de reparación hacia los afectados por acusaciones que no han prosperado judicialmente. La reacción del Gobierno trasciende los hechos concretos para poner en cuestión el uso recurrente de denuncias sin fundamentos y las consecuencias políticas de estos procesos en la vida pública española.