Vox dice a Moreno y De la Torre que pongan el centro de menores infractores de Churriana "al lado de sus casas"

Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, propuso que el centro de menores infractores de Churriana debería trasladarse a zonas cercanas a las residencias de los responsables políticos andaluces, argumentando que los ciudadanos no deben ser los únicos afectados por las decisiones del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Málaga. Según publicó Europa Press, esta postura surge tras las reiteradas quejas de los vecinos de la urbanización El Olivar, en Churriana, quienes han expresado su malestar ante la presencia del Centro de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) en el sector.

Vox ha insistido en que el funcionamiento del centro ha generado una grave percepción de inseguridad en la zona, problemática que la formación venía advirtiendo desde antes de la apertura del recinto. De acuerdo con Europa Press, el partido había registrado iniciativas en el parlamento autonómico oponiéndose a la instalación del CIMI en El Olivar y señalando los posibles riesgos para la convivencia vecinal. Gavira señaló que en ese entonces la Junta de Andalucía descartó sus advertencias, asegurando la seguridad de los centros y recomendando evitar la criminalización y los tópicos habituales sobre este tipo de instalaciones.

El portavoz parlamentario señaló que, con el tiempo, tanto los vecinos como su formación política encontraron justificación en sus temores al haberse producido episodios que alertaron sobre la situación. En palabras de Gavira recogidas por Europa Press, "el tiempo nos ha dado la razón a Vox y también a los vecinos", insistiendo en que las consecuencias de la política pública no deben recaer solo en los residentes de Churriana, mientras los responsables institucionales "viven muy tranquilos".

A este reclamo se sumó Antonio Alcázar, portavoz municipal de Vox en Málaga, quien calificó de "insensato" el emplazamiento del centro en El Olivar. Alcázar argumentó, según Europa Press, que el barrio no dispone de las condiciones necesarias en cuanto a seguridad, servicios ni movilidad, una carencia que, a su entender, debería haber impedido desde el inicio la apertura del CIMI en esa localización. Ambos representantes del partido reiteraron la oposición de Vox al mantenimiento de la instalación en su localización actual y reclamaron acciones inmediatas por parte tanto del alcalde Francisco De la Torre como del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Alcázar comunicó que exigirán el cierre cautelar del centro mientras las autoridades no decidan una alternativa que, según su criterio, no perjudique a los residentes de Churriana. Detalló que esta solicitud se formalizará ante el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, ya que, a juicio del partido, la situación ha sobrepasado los límites tolerables para el vecindario.

Durante sus declaraciones, Gavira advirtió al alcalde De la Torre que, en vez de cautivar en detalles, debería considerar una rectificación en la política sobre la ubicación del CIMI. Como parte de su propuesta, sugirió que cualquier futura apertura de recintos de este tipo, incluida la de centros para menores extranjeros no acompañados ("menas"), se realice en proximidad a los domicilios de los principales responsables políticos de la Junta y el Ayuntamiento, según los fragmentos difundidos por Europa Press.

El debate sobre la presencia de centros de menores infractores plantea discrepancias entre las autoridades y parte del vecindario, con Vox manteniendo una postura de firme rechazo y señalando a la Administración de insensibilidad respecto a la convivencia en los barrios afectados. Europa Press relató que, desde la apertura del CIMI, las críticas vecinales han ido en aumento, focalizándose en la percepción de inseguridad y la aparente falta de adaptación del centro al entorno residencial.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, las respuestas iniciales a las críticas aludieron a estándares de seguridad y funcionamiento adecuados en los CIMI, frenando las advertencias de criminalización o generalización sobre los menores albergados en estos recintos, según recogió Europa Press.

El posicionamiento presentado por Vox incluye la exigencia de una respuesta institucional diferente y la reivindicación de que los efectos de estas decisiones no se concentren solamente en determinadas zonas residenciales, en particular el distrito malagueño de Churriana. El conflicto subraya la persistencia de tensiones en torno a la ubicación de centros con presencia de menores sujetos a medidas judiciales y la necesidad de consenso entre autoridades y vecindario para gestionar este tipo de instalaciones, consignó Europa Press.