Oncólogos y pacientes reclaman un máximo de 14 días para realizar una endoscopia ante la sospecha de cáncer gástrico

Especialistas y organizaciones del sector sanitario alertan sobre los retrasos en la detección de tumores digestivos, exigen campañas nacionales para informar sobre síntomas y demandan acceso igualitario a pruebas, tratamientos innovadores y diagnósticos de precisión en hospitales españoles

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Las diferencias en el acceso a pruebas clave para el diagnóstico molecular, como los biomarcadores HER2, PD-L1 y Claudina 18.2, afectan de forma significativa la atención sanitaria de las personas con cáncer gástrico en España. Tal como publicó el medio de origen, la Sociedad Española de Anatomía Patológica indicó que existen hospitales que, al carecer de recursos propios, deben solicitar apoyo a centros más grandes para contar con los biomarcadores necesarios en la evaluación de cada paciente. Este escenario fue uno de los puntos destacados en el documento “10 Desafíos Prioritarios en el Abordaje del Cáncer Gástrico en España”, presentado por la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG) junto a Ifarcedis, Atellas y el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), durante un encuentro celebrado en el Senado.

Según consignó la fuente original, oncólogos y pacientes reclamaron que se fije un máximo de 14 días para realizar una endoscopia cuando existe sospecha de cáncer gástrico en Atención Primaria. Fernando Rivera, presidente del Grupo TTD, remarcó que en algunos lugares el tiempo de espera para una gastroscopia puede extenderse varios meses, un retraso que consideran incompatible con la necesidad de lograr diagnósticos precoces. Este pedido busca evitar el avance a fases tardías de la enfermedad, una situación que ocurre con frecuencia en España, donde más de 8.000 personas reciben anualmente el diagnóstico de cáncer gástrico y se producen cerca de 5.000 muertes, detalló el artículo de referencia.

El mismo documento subraya que la supervivencia a cinco años se sitúa en 28 por ciento, una tasa que los especialistas vinculan directamente con la demora en la detección y diagnóstico de la enfermedad. Según el medio, la mayoría de los diagnósticos se hacen cuando el tumor ya alcanzó una etapa avanzada y presenta alta agresividad, lo que limita las opciones de tratamiento y reduce la esperanza de vida. Frente a este panorama, Rivera solicitó la puesta en marcha de campañas nacionales de concienciación orientadas a identificar los síntomas de alerta y señaló la importancia de desarrollar protocolos de cribado adaptados a la incidencia de la población.

El documento, que resume los consensos de especialistas y afectados, hace hincapié en la variabilidad del acceso a pruebas de biomarcadores. El medio de referencia citó a Ma Jesús Fernández, representante de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, quien explicó que la falta de acuerdos nacionales unificados sobre el análisis de biomarcadores complica la equidad en el acceso a la medicina de precisión. Como respuesta, uno de los reclamos centrales es asegurar la inclusión obligatoria de biomarcadores en la cartera nacional de servicios cada vez que se aprueba un nuevo fármaco relacionado. De igual modo, proponen establecer estándares mínimos de capacidad diagnóstica molecular en los centros de referencia oncológica en todo el país.

La demora en la disponibilidad de tratamientos innovadores constituye otra preocupación expresada tanto por pacientes como por expertos. Sandra Flores, farmacéutica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, señaló que pueden transcurrir más de 500 días entre la aprobación clínica de un tratamiento y su acceso por parte de los pacientes, un plazo considerado éticamente inadmisible para personas con pronóstico severo. El artículo indica que los afectados piden la aceleración en los procesos de evaluación de tecnologías y la adopción de mecanismos flexibles, como el acceso condicional, especialmente para tumores con alta mortalidad.

Pilar Ruiz, presidenta de la ACCGG, recalcó la necesidad de impulsar mayor equidad, transparencia y prontitud en la llegada de nuevas herramientas terapéuticas, dado que no siempre la innovación se distribuye de forma oportuna ni universal. El reportaje agrega que, además de los puntos anteriores, las organizaciones y especialistas abogan por unificar los protocolos diagnósticos y terapéuticos en el ámbito nacional, potenciar la prevención y la investigación, desarrollar herramientas digitales para fortalecer la capacidad diagnóstica, y mejorar el acompañamiento de las personas a lo largo del proceso asistencial.

Durante el encuentro en el Senado, donde participaron autoridades políticas, representantes de la administración sanitaria, profesionales de la salud, sociedades científicas y la industria farmacéutica, se consideró prioritario presentar el documento tanto al Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas, así como a las comisiones del Congreso y el Senado responsables de las cuestiones sanitarias. El objetivo es promover un debate amplio sobre la implantación de estas demandas y la reforma de los protocolos actuales, con la finalidad de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer gástrico en España.

El análisis contenido en el documento –según reportó la fuente– resalta, entre otros aspectos, la importancia de garantizar estándares nacionales para la aplicación de diagnósticos de precisión y un acceso homogéneo a la innovación terapéutica. La sensibilización sobre los síntomas y la identificación temprana de la patología surgen como elementos clave para modificar la situación actual, marcada por diagnósticos en fases tardías y notables diferencias territoriales en la prestación de servicios de salud. La eficacia de las políticas de prevención y la equidad en el acceso continúan representando desafíos centrales para el sistema sanitario español ante el cáncer gástrico.