De acuerdo con información difundida por la emisora RPP y el diario 'La República', el Tribunal Superior de Justicia de Perú ha decidido mantener abiertas las investigaciones sobre presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica relacionadas con Keiko Fujimori y varios miembros de Fuerza Popular, en el marco de los procesos electorales previos. No obstante, la denuncia principal vinculada a blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal quedó archivada de manera definitiva, lo que representa un giro relevante en el caso conocido como 'Cócteles'.
La resolución, reportada también por RPP y 'La República', se basa en la sentencia número 185/2025 del Tribunal Constitucional, que en octubre del año anterior sentenció que los cargos atribuidos a Fujimori carecían de un sustento jurídico suficiente. Según el dictamen judicial publicado en las redes oficiales del tribunal, el máximo órgano judicial consideró que juzgar la recepción de fondos durante las campañas electorales de 2011 y 2016 implicaría aplicar de forma retroactiva una legislación penal. El delito de blanqueo de capitales bajo la figura de "recepción patrimonial" se incorporó al Código Penal peruano al finalizar 2016, después de los hechos investigados, y el delito de financiación ilegal de organizaciones políticas no existía en ese periodo.
Así, tal como publicó el diario 'La República', se ha dispuesto que "se declare el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal en agravio del Estado peruano". A raíz de esta decisión, el tribunal ordenó el levantamiento de cualquier medida restrictiva de carácter personal o patrimonial que se hubiera impuesto a la ex candidata presidencial y dirigente de Fuerza Popular por dichos delitos.
De acuerdo con el fallo, el archivo del proceso alcanza a todos los procesados del partido, eximiéndolos de acusaciones relacionadas con el ingreso de fondos irregulares a través de los eventos denominados 'cócteles', los cuales, según la hipótesis presentada por la Fiscalía y recogida por RPP, habrían servido para canalizar dinero desde empresas externas. Estas recaudaciones, que consistieron en cenas con un valor aproximado de 500 euros por asistente, habrían funcionado como mecanismo para la supuesta legitimación de aportes irregulares procedentes de compañías como la constructora brasileña Odebrecht y el grupo financiero peruano Credicorp.
La investigación se originó en 2016, tras las campañas presidenciales fallidas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. El Ministerio Público formuló la acusación bajo el argumento de que el dinero captado por el partido a través de estos eventos no se declaró correctamente, y que hubo una presunta intención de ocultar el origen de los fondos con la participación de diversos integrantes del partido, según lo relatado en la cobertura de RPP.
Durante el proceso, la Fiscalía Especializada, liderada por José Domingo Pérez, solicitó en julio de 2025 una condena de 35 años de prisión para Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. De acuerdo con el relato de 'La República', la propia Keiko Fujimori rechazó la acusación del Ministerio Público, declarando que la iniciativa fiscal respondía a cuestiones políticas y cuestionó la imparcialidad del fiscal encargado de la causa.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de archivar el caso por blanqueo de capitales se apoya en el principio de irretroactividad penal, sustentando que la ley aplicable al financiamiento de organizaciones políticas no estaba vigente cuando se realizaron los hechos investigados. No obstante, el tribunal devolvió la causa a la Fiscalía con el fin de que esta continúe con la investigación por presuntas falsas declaraciones y documentación irregular en procedimientos administrativos relacionados con las campañas, tal como informaron RPP y 'La República'. El tribunal calificó estas acusaciones como de carácter "estructural y transversal" y solicitó un nuevo pronunciamiento sobre estas materias.
El caso 'Cócteles' toma su nombre de los eventos de recaudación organizados por Fuerza Popular, y ha marcado una de las investigaciones más extensas sobre la financiación de campañas políticas en el país. La tesis fiscal sostuvo que esos eventos habrían servido para enmascarar la entrada de fondos ilícitos. La resolución del máximo tribunal, informada por RPP y 'La República', representa el cierre de una etapa judicial importante para la principal fuerza opositora peruana, aunque mantiene la incertidumbre sobre otros cargos que siguen bajo la revisión del Ministerio Público.
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