Transportistas bloquean vías en el centro de México en protesta por extorsiones

Integrantes de rutas de transporte en el Estado de México cortaron importantes accesos hacia la capital para demandar acciones contra presuntos abusos, sobornos y despojo de autopartes, advirtiendo que las interrupciones podrían prolongarse si no obtienen respuesta oficial

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Las denuncias de los transportistas sobre el traslado de sus unidades a depósitos lejanos, incluso hasta Pachuca, capital de Hidalgo, con exigencias de pagos que pueden alcanzar los 50.000 pesos (alrededor de 2.800 dólares), reflejan la dimensión del problema al que hacen frente los conductores y concesionarios de rutas en el Estado de México. Bajo este contexto, cientos de integrantes del gremio decidieron desplazar sus unidades desde las primeras horas del martes hacia diversas vías de acceso estratégico a la capital mexicana, como parte de una protesta para exigir la intervención de las autoridades estatales sobre lo que consideran una amplia red de abusos, extorsiones y cobros excesivos.

Según reportó EFE, la movilización de transportistas comenzó alrededor de las 9:00, y se desplegó sobre la carretera Chalco–Cuautla, la autopista México–Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Bordo de Xochiaca y la carretera México–Texcoco. Estas acciones provocaron interrupciones significativas en la circulación vehicular, ya que las vialidades bloqueadas comunican segmentos clave del Estado de México con la Ciudad de México, tanto para el transporte público como de carga y particulares.

De acuerdo con lo publicado por EFE, la protesta fue encabezada por la Asociación de Rutas Hermanas. En el centro de las demandas se encontraba la denuncia de una supuesta red en la que participan operadores de grúas, depósitos vehiculares y funcionarios vinculados a distintos niveles de gobierno local, a quienes los inconformes señalan de organizar prácticas de extorsión y cobros excesivos tras el retiro de vehículos. Los transportistas también hicieron hincapié en los casos de despojo de autopartes en los denominados corralones, conocidos como los sitios donde la Policía mantiene resguardados los automóviles sancionados por estacionar en lugares no autorizados o involucrados en incidentes.

Las declaraciones de los transportistas, recogidas por EFE, subrayan que las autoridades estatales no han respondido a las múltiples denuncias sobre irregularidades en el manejo de los corralones. Algunos de estos depósitos, además de encontrarse localizados fuera del territorio mexiquense, carecen de los permisos necesarios para operar conforme al marco legal vigente, según sostienen los manifestantes.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), citada por EFE, precisó que hasta el momento de la protesta estaban en funciones 96 corralones, pero solo tres contaban con concesión oficial, lo que, de acuerdo con la dependencia, favoreció la manifestación de prácticas abusivas. En el año previo, la Semov repartió 40 nuevas concesiones para la gestión de estos depósitos, pero los transportistas alegan que una parte importante de los corralones aún realiza operaciones de manera irregular, sin la inspección ni el control necesarios para evitar abusos sobre propietarios y operadores de transporte.

El medio EFE señaló que, según los propios organizadores, los bloqueos podrían mantenerse a lo largo del día, desarrollando lo que denominaron un “megabloqueo” en distintas arterias viales del Estado de México. Con ello buscan presionar a las autoridades para que ofrezcan una solución concreta a las problemáticas expuestas, entre las que se incluyen el combate a los cobros indebidos, las exigencias extorsivas y la protección de los derechos de los trabajadores del sector transporte.

La protesta causó serias afectaciones a la movilidad en los accesos a la capital mexicana, complicando tanto los traslados cotidianos como la llegada de mercancías y servicios, según reportó EFE. Los manifestantes reiteraron que la movilización se mantendrá en tanto no se haga efectiva una respuesta oficial que atienda a las demandas de regularización y control sobre los corralones y la actividad de las grúas en el Estado de México.