El Gobierno central tiene previsto formalizar la próxima ley orgánica de financiación autonómica en un plazo aproximado de dos meses, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Previamente, este miércoles se abrirá un ciclo clave con la presentación oficial del nuevo modelo de financiación ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cita que agita la política nacional por el evidente desacuerdo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y sectores socialistas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, encabezará la reunión en la sede ministerial a partir de las 10.30 horas para someter a debate la propuesta que pretende reformar el actual sistema, una iniciativa que, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, se enfrenta a cuestionamientos por las condiciones en que ha sido negociada y por el reparto de recursos entre los territorios.
La propuesta de Hacienda eleva para las comunidades autónomas la cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del 50% al 55%, y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 50% al 56,5%. Según publicó Europa Press, con estos nuevos porcentajes se busca incrementar los fondos en 16.000 millones de euros hasta 2027. El Ejecutivo ha rediseñado el concepto de “población ajustada”, que calcula el número de habitantes considerados para el reparto de recursos al ponderar criterios que afectan al coste de la prestación de servicios públicos y las necesidades específicas de cada región. Además, la cesta de impuestos a compartir incorporaría nuevos tributos: impuesto sobre el patrimonio, sobre los depósitos bancarios, las actividades de juego y el depósito de residuos en vertederos.
El planteamiento de Hacienda, expuesto públicamente el viernes anterior por Montero en rueda de prensa, fue recibido de inmediato con rechazo por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Según detalló Europa Press, estas regiones argumentan que el modelo ha sido pactado previamente con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), tras una reunión entre el líder regionalista Oriol Junqueras y representantes del Gobierno en La Moncloa. Las administraciones autonómicas de signo popular se refieren a este modelo como un “parche” temporal y centran su crítica en la ordinalidad, posibilidad de mantener la posición relativa de recursos entre comunidades, que —señalan— se garantizaría únicamente para Cataluña sin extenderse al resto.
Diversos ejecutivos regionales del PP han planteado la opción de acudir a los tribunales si no se revisa el reparto. En línea con esto, las comunidades populares acudirán al CPFF con su propia hoja de ruta en materia de financiación, basada en los acuerdos firmados por Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del partido el 6 de septiembre de 2024, durante una reunión en Madrid. Esas prioridades también se reflejan en una carta que los consejeros de Hacienda del PP enviaron al Gobierno central en febrero de 2025, coincidieron medios como Europa Press, en pleno debate por la condonación de deuda. No obstante, ese documento evita precisar los criterios de distribución de fondos y aboga por un abordaje multilateral en distintos foros institucionales. Algunos presidentes populares aguardan a conocer los detalles que Montero exponga en el Consejo antes de fijar posición definitiva.
Las reservas no se limitan al PP. Entre los críticos se ubican también varios líderes autonómicos del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó el tono y solicitó incluso elecciones generales. Citado por Europa Press, García-Page argumentó: “Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, —de esa España que ellos quieren romper—, antes que eso, prefiero que hablen los españoles”. Por su parte, desde Asturias, el consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, transmitió la intención de esperar a conocer el desarrollo completo del debate en el CPFF para adoptar una postura. El PSOE en Castilla y León tildó la propuesta de “insuficiente e injusta” para la región, según declaraciones difundidas por su secretario autonómico Carlos Martínez.
Desde la dirección federal del PSOE y otras federaciones afines insisten en defender el modelo propuesto por Hacienda, que argumentan, incrementaría los fondos disponibles para todas las comunidades autónomas, según reportó Europa Press. Esta discusión tácitamente se traslada al calendario político y se prevé que ocupe un lugar relevante en campañas electorales venideras.
El nuevo ciclo arranca oficialmente este miércoles, cuando el CPFF previsiblemente contará con el respaldo de Cataluña, cuya administración ha mostrado públicamente su aval tras el acuerdo negociado entre ERC y el Gobierno central, como apuntó Europa Press. El Gobierno dispone en este órgano del 50% de los votos, lo que facilita la viabilidad inicial de la propuesta. Europa Press informó que, una vez concluida la sesión, el Ministerio de Hacienda prevé realizar encuentros bilaterales y técnicos con cada ejecutivo autonómico para detallar la aplicación de cada parte del modelo y recoger observaciones.
Después de esta ronda de negociaciones, el texto de la ley orgánica pasará a consulta pública. Posteriormente, según la cronología remitida por Hacienda, se tramitará en una segunda vuelta en el Consejo de Ministros y después llegará al Congreso de los Diputados para recibir el respaldo de la Cámara. Montero puntualizó que todos los acuerdos e instrumentos del proceso deben estar recogidos en un articulado legal, que sustituya el sistema vigente de financiación autonómica, de acuerdo con lo declarado en comparecencias públicas y reportes de Europa Press.
Algunos partidos que respaldan al actual Ejecutivo ya han transmitido su desacuerdo con el planteamiento de Montero, según consignó el medio. La diversidad de reacciones entre gobernantes regionales tensiona el proceso de reforma del modelo de financiación. Europa Press desgranó que, aunque el Ministerio de Hacienda busca un enfoque multilateral y la mayor adhesión posible, el escenario anticipa un debate prolongado en diferentes etapas legislativas y políticas, al margen del apoyo previsto por parte de Cataluña y aquellos gobiernos autonómicos alineados con las prioridades del Ejecutivo central.
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