
La aparición de confesiones obtenidas por los servicios de seguridad iraníes en las que varios detenidos reconocen haber recibido dinero para realizar actos de sabotaje figura entre los argumentos principales esgrimidos por el Ministerio de Exteriores de Irán para respaldar las restricciones impuestas a la conectividad digital durante las protestas recientes. Según informó la cadena de televisión qatarí Al Yazira, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, explicó que el corte de Internet se implementó tras identificar amenazas externas dirigidas a organizar operaciones terroristas dentro del país, a las cuales atribuyó la injerencia de actores foráneos. Araqchi sostuvo que la seguridad nacional se vio comprometida de manera significativa, lo que motivó la decisión de limitar el acceso digital como medida preventiva y de control.
De acuerdo con Al Yazira, Araqchi describió que las fuerzas de seguridad interceptaron a numerosos individuos implicados en actos violentos y que, durante los interrogatorios, muchos de ellos admitieron haber recibido pagos por llevar a cabo acciones específicas de sabotaje. El ministro subrayó que estas intervenciones se realizaron bajo la sospecha de coordinación desde el exterior y que el objetivo de dichos sabotajes estaba vinculado a una campaña para desestabilizar al gobierno.
El medio Al Yazira detalló que Araqchi defendió públicamente la medida del corte de Internet durante una entrevista, en la cual también abordó la reciente ola de muertes registrada en las manifestaciones. Sostuvo que esos fallecimientos estarían siendo utilizados para intentar justificar una intervención internacional, aludiendo especialmente a la postura adoptada por Estados Unidos. De este modo, vinculó las acusaciones sobre la gestión de las protestas y la represión con una supuesta intención de los detractores internacionales de generar las condiciones para una intervención militar en Irán.
A raíz de los acontecimientos, Estados Unidos, en voz del entonces presidente Donald Trump, emitió amenazas directas contra el gobierno iraní, advirtiendo que Estados Unidos podría lanzar un ataque para "hacerle pagar un alto precio por reprimir las protestas". En reacción a estas advertencias, Araqchi reiteró la disposición de Irán a afrontar cualquier agresión exterior. El titular de Exteriores manifestó que la República Islámica "no desea una guerra, pero está totalmente preparada para una guerra", de acuerdo con las declaraciones recogidas por Al Yazira.
En ese contexto, Araqchi insistió en que Irán mantiene una política de defensa y no de ataque, aunque permanece alerta ante cualquier recrudecimiento del conflicto con Washington. Añadió que toda medida de defensa tomada por el Estado iraní responde a la percepción de una amenaza inminente y que ha sido diseñada para evitar una escalada militar, sin abandonar la posibilidad de responder si se presenta una agresión.
El medio Al Yazira reportó también que el jefe de la diplomacia iraní dedicó parte de la entrevista a cuestiones relativas al programa nuclear del país. Araqchi reiteró la posición oficial de Teherán, comprometiéndose a utilizar la energía nuclear solo con fines pacíficos y rechazando la afirmación de que la República Islámica esté desarrollando o posea armas nucleares. Aseguró que el gobierno no tiene intención de abandonar el proceso de enriquecimiento de uranio, aunque se mostró dispuesto a discutir cualquier inquietud internacional respecto a la transparencia y el control del programa nuclear iraní, siempre que estas conversaciones lleven aparejada la eliminación de las sanciones económicas.
Araqchi puntualizó, según las declaraciones difundidas por Al Yazira, que Irán mantiene una actitud abierta al diálogo con países interesados en resolver las dudas sobre el desarrollo nuclear de forma pacífica, pero exigió que cualquier negociación esté vinculada al levantamiento progresivo de las restricciones económicas impuestas por actores internacionales. De esta manera, el canciller buscó enfatizar que la política nuclear y la respuesta a las protestas internas forman parte del mismo eje discursivo en torno a la soberanía y la defensa de los intereses nacionales iraníes.
De acuerdo con lo publicado por Al Yazira, la intervención de Araqchi tuvo lugar en un contexto nacional marcado por varios días de protestas consecutivas, durante las cuales la conectividad a Internet en Irán se vio afectada por cortes programados o bloqueos al tráfico de datos. Estos hechos generaron reacciones diversas tanto dentro del país como entre organismos internacionales de derechos humanos, que han cuestionado la magnitud y la duración del apagón digital. No obstante, desde la Cancillería iraní se mantuvo el argumento de que tal restricción respondió a la necesidad de contener movimientos de desestabilización asociados a intereses extranjeros.
El seguimiento de los eventos reveló que la decisión de interrumpir el acceso a Internet formó parte de una respuesta integral de las autoridades iraníes para evitar la difusión de mensajes y la coordinación de protestas masivas. Además, la identificación de pagos supuestamente realizados a manifestantes para llevar a cabo actos de sabotaje, según las confesiones citadas por Araqchi y reportadas por Al Yazira, refuerza la narrativa gubernamental sobre la existencia de una red de injerencias externas en la crisis interna.
Finalmente, el medio Al Yazira precisó que el gobierno iraní sostiene la voluntad de reanudar el diálogo con otros países interesados en la situación nuclear, siempre bajo la condición de que se revise el régimen de sanciones económicas y se asegure la no intromisión en los asuntos internos del país. Esta posición se integra a la estrategia de defensa del Ejecutivo frente a presiones internacionales y a la gestión de los disturbios recientes, ambos aspectos presentados como consecuencia de presuntas amenazas y maniobras procedentes fuera de las fronteras nacionales.
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