El Gobierno central proyecta una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que mantengan sin cambios el importe de los alquileres al renovar los contratos, iniciativa que busca contener revisiones al alza en el mercado de la vivienda. Según informó Europa Press, esta medida figura como uno de los puntos centrales del real decreto ley que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé aprobar en las próximas semanas, en un contexto donde 1,6 millones de hogares deberán revisar próximamente sus contratos de arrendamiento.
Pedro Sánchez aseguró que el contenido de esta nueva norma será objeto de diálogo con Sumar, socio de coalición gubernamental, quien manifestó un rechazo frontal a la propuesta. Durante una comparecencia tras reunirse en La Moncloa con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, el presidente del Gobierno afirmó: “Es un real decreto ley que vamos a aprobar en las próximas semanas y que vamos a trabajar todos los socios del gobierno, y evidentemente lo vamos a trabajar también con el socio de nuestro gobierno, el que pertenece también al Gobierno de coalición”, según consignó Europa Press. A pesar de las divergencias internas, expresó su convencimiento de que la medida terminará contando con el respaldo de sus socios, al calificar la norma como favorable para la ciudadanía.
De acuerdo con Europa Press, la nueva disposición responde a la preocupación del Ejecutivo por contener lo que califica de una posible “revisión al alza desmesurada” en los precios de los alquileres, fenómeno que puede afectar a millones de familias a lo largo del año en curso. En ese sentido, Sánchez resaltó la necesidad de desarrollar instrumentos y políticas diseñadas para moderar las subidas del alquiler.
El presidente aludió a la Ley de Vivienda, norma en vigor a nivel nacional orientada a frenar el incremento del precio de la vivienda y cuyo cumplimiento, según argumentó, encuentran dificultades debido a la negativa de algunos gobiernos autonómicos a aplicarla. Según publicó Europa Press, esta situación refuerza, a juicio del Ejecutivo, la justificación para aprobar la bonificación fiscal dirigida a los arrendadores que opten por renegociar sus contratos manteniendo el precio anterior.
Europa Press detalló que la iniciativa no busca fomentar un conflicto entre propietarios y arrendatarios, sino que, en palabras del presidente, “une en pos de un bien común que es la estabilidad, la prosperidad y la certidumbre de muchas familias y de muchos jóvenes que necesitan ver renovados sus contratos de alquiler”. Bajo esta perspectiva, la medida se orienta a incentivar el diálogo y la colaboración entre ambas partes durante las negociaciones de renovación.
El anuncio se produce en un momento en que el acceso a la vivienda y la evolución de los alquileres representan asuntos prioritarios tanto en la agenda institucional como en el debate público. Según la información de Europa Press, la política de incentivos suma una nueva pieza al marco legal existente, persiguiendo una limitación efectiva de las subidas repentinas de rentas en contextos de revisión contractual masiva.
La postura de Sumar, según reportó Europa Press, introduce tensión en el seno del Gobierno de coalición. El rechazo expresado por este socio político plantea desafíos adicionales de cara a la aprobación parlamentaria del decreto, cuyo texto definitivo aún se halla en fase de negociación. Pese a las dificultades que reflejan las diferencias internas, el Ejecutivo insiste en su estrategia de diálogo y trabajo conjunto como vía para alcanzar el respaldo necesario.
Los datos sobre el volumen de renovaciones previstas refuerzan la magnitud del desafío: Europa Press cifró en aproximadamente 1,6 millones los hogares que enfrentarán una revisión de sus contratos a lo largo del año. Este contexto ha empujado al Gobierno a buscar soluciones preventivas y a reforzar el marco de protección para arrendatarios, al tiempo que procura generar incentivos concretos para los propietarios dispuestos a suscribir contratos estables.
Las declaraciones recogidas por Europa Press evidencian la importancia que otorga el Ejecutivo a la estabilidad del mercado de alquiler y a la reducción de incertidumbre para los hogares y jóvenes que dependen de la vivienda en régimen de arrendamiento. La propuesta de bonificación fiscal se articula como un instrumento que, al margen de la resistencia de parte de los aliados políticos, busca garantizar un entorno más previsible para ambos actores del sector.
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