Kelly, exoficial naval con experiencia en misiones sobre Irak y Kuwait y astronauta en el transbordador espacial Endeavour, ha recordado que sus reconocimientos militares fueron obtenidos a través de acciones en situaciones de alto riesgo, según informó la agencia Europa Press. A partir de estos antecedentes, el senador demócrata estadounidense presentó una demanda legal este lunes contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien comunicó su intención de degradarle y retirarle la pensión militar. Esta medida responde a las declaraciones de Kelly y otros congresistas, quienes exhortaron a militares activos a negarse a cumplir órdenes consideradas contrarias a la ley durante operativos controvertidos en el Caribe y el Pacífico.
De acuerdo con Europa Press, Kelly enmarcó su demanda en la defensa de los derechos de quienes sirvieron en el ejército estadounidense. En su explicación pública a través de la red social X, manifestó: “Hoy he presentado una demanda contra el secretario de Defensa porque hay pocas cosas tan importantes como plantarse por los derechos de los estadounidenses que luchan para defender nuestras libertades”. Denunció que la acción impulsada por Hegseth busca advertir a los militares retirados que podrían enfrentarse a sanciones, incluidas la degradación o la retirada de prestaciones, incluso muchos años después de finalizar el servicio.
El medio Europa Press detalló que Kelly apuntó a una motivación de represalia detrás de la iniciativa de Hegseth. Según el senador, lo que pretende el titular de Defensa es que los veteranos de mayor rango “vivan con la amenaza constante de la degradación o de la retirada de la pensión incluso décadas después de dejar las Fuerzas Armadas, solo porque a él u otro secretario de Defensa no le gusta lo que dicen”. Relató que hechos como haber recibido disparos en conflictos internacionales o comandar una misión espacial avalan el rango alcanzado, el cual “ha sido ganado, no dado”.
Kelly enfocó la dimensión política de su acción en el contexto de sus responsabilidades como senador federal. Precisó que como miembro del Congreso le corresponde exigir responsabilidades a Hegseth. Afirmó: “Su cruzada inconstitucional contra mí supone un mensaje escalofriante para todos los militares retirados: si hablas o dices algo que no le gusta al presidente o al secretario de Defensa, serás censurado, amenazado con la degradación o incluso encausado”.
Hegseth fundamentó el procedimiento ante la difusión de un mensaje audiovisual en el que Kelly y otros cinco miembros del Congreso —Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan— instaron públicamente a los integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses a “rechazar órdenes ilegales”. En ese vídeo, destacaron: “Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco”. Según Europa Press, Hegseth calificó el comportamiento de los legisladores como “sedicioso” y sancionable de acuerdo con el Código Uniformado de Justicia Militar.
La reacción oficial se agudizó tras la difusión del vídeo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, etiquetó a Kelly y a los demás congresistas como “traidores”, agregando que se trataba de un “comportamiento sedicioso punible con la muerte”. Hegseth, por su parte, detalló su intención de revocar tanto el rango de capitán como la pensión de jubilación militar del senador demócrata, aludiendo al carácter tipificado de las acciones descritas bajo la jurisdicción militar.
Kelly formó parte de la Armada de Estados Unidos, donde alcanzó el rango de capitán. Según la información de Europa Press, cumplió dos misiones en el Golfo Pérsico y fue instructor en la Escuela de Pilotos Navales. En la actualidad, solo podría estar sometido al Código Uniformado de Justicia Militar en caso de ser reincorporado como reservista.
Las declaraciones y acciones atribuidas a Kelly y sus colegas legisladores surgieron como respuesta a los bombardeos perpetrados por las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones señaladas como parte de redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Según datos de Estados Unidos consignados por Europa Press, estos ataques han resultado en la muerte de al menos 112 personas. Diversas organizaciones de derechos humanos y la ONU condenaron las operaciones, calificándolas como ejecuciones extrajudiciales.
El proceso legal impulsado por Kelly suma un nuevo episodio a la controversia sobre los derechos y límites de la expresión pública de los militares retirados, el alcance de las autoridades civiles sobre aquellos que han servido y las consecuencias de denunciar órdenes consideradas ilegítimas. Según reportó Europa Press, la respuesta al llamado de conciencia de los legisladores refuerza el debate en torno a la protección de garantías para quienes cumplen funciones tanto activas como en retiro dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
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