Las denuncias sobre la ausencia de testimonios y pruebas procedentes de autoridades brasileñas han generado controversia en el arranque del proceso judicial por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Panamá. De acuerdo con la prensa panameña, el juicio por el caso Odebrecht reúne a más de una veintena de antiguos altos cargos y empresarios, entre quienes figuran exministros, banqueros y personajes clave de los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). La constructora brasileña está acusada de pagar desde 2007 más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños a cambio de contratos públicos para obras reconocidas como el Saneamiento de la Bahía y varias líneas del Metro de Panamá, según informó la prensa local.
El lunes se formalizó la apertura del proceso ante la jueza Baloísa Marquínez, quien decretó un receso tras el inicio de la audiencia a raíz de incidentes procesales vinculados con los acuerdos de pena, detalló la prensa panameña. El Ministerio Público presentó una acusación respaldada por 2.973 tomos de pruebas, que documentan supuestos desvíos de fondos y manejo irregular de contratos públicos asociados con la constructora Odebrecht.
El proceso ha estado marcado por una serie de obstáculos, como retrasos continuos, recursos legales y ausencias de documentación internacional, especialmente de fuentes brasileñas, reportó la prensa de Panamá. Esta situación motivó críticas y cuestionamientos desde la defensa de varios acusados. Alfredo Vallarino, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, acusó a la Fiscalía de promover un juicio “sin sustento real”. En palabras de Vallarino, “lo que están haciendo es un show para decir que están trabajando y que todos queden notificados para una nueva audiencia”.
La posición de los imputados se conoció durante las primeras horas del juicio, según consignó la prensa panameña. Desde Colombia, donde permanece exiliado tras recibir asilo político en 2025, Ricardo Martinelli negó las acusaciones durante su intervención telemática: “Soy inocente y no soy responsable”, manifestó vía Zoom. Otros procesados, como el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, también negaron responsabilidad alguna en los hechos investigados.
Entre quienes han rechazado los cargos figuran Aurora Muradas Fraiz, expareja de Martinelli; Frank De Lima, exministro de Economía; el banquero Juan Antonio Niño; el exdiputado Jorge Alberto Rosas y José Domingo Arias, exministro y excandidato presidencial, de acuerdo con lo publicado por la prensa local.
El expediente judicial compila más de diez años de pesquisas y detalla que los sobornos de la compañía brasileña tuvieron como objetivo asegurar la adjudicación de proyectos emblemáticos de infraestructura. Entre los proyectos señalados en las denuncias se encuentran la Cinta Costera tramo II, la autopista Madden-Colón, la renovación urbana de Curundú y Colón, además de las líneas 1 y 2 del Metro, informó la prensa panameña.
Este caso adquirió notoriedad tanto por la cantidad de exfuncionarios involucrados como por el volumen de dinero señalado en las acusaciones. El Ministerio Público sostiene que el esquema de sobornos funcionó a través de una red de intermediarios y empresas pantalla, para canalizar fondos ilícitos a funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de multimillonarios contratos de obras públicas.
La prensa panameña detalló también que Martinelli enfrenta una sentencia de diez años de prisión, una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de blanqueo de capitales, antecedentes que han marcado el contexto de su comparecencia en este proceso.
El desarrollo del juicio ha estado precedido por una serie de retrasos, solicitudes de excusas médicas y recursos legales que retrasaron el inicio de la vista oral. Según la prensa panameña, la falta de colaboración y documentación procedente de las autoridades judiciales de Brasil ha dificultado la incorporación de testigos claves y pruebas relevantes para el avance del proceso.
Las actuaciones de la jueza Baloísa Marquínez, quien decidió un receso apenas iniciado el juicio ante la presentación de incidentes procesales relativos a los acuerdos de pena, se presentan como un nuevo capítulo en el extenso expediente que ha acumulado miles de páginas con análisis financieros, registros de contratos y operaciones sospechosas.
El caso Odebrecht en Panamá sigue el patrón de otros procesos judiciales abiertos en la región latinoamericana, en los que la constructora confesó el pago de sobornos a cambio de la obtención de grandes negocios en infraestructura. Según la prensa panameña, el juicio involucra a exfuncionarios de dos administraciones consecutivas, señalados por actuar en beneficio de la empresa brasileña, facilitando la adjudicación de proyectos públicos de gran impacto económico y social para el país.
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