El llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) a movilizaciones y bloqueos en carreteras tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno ha provocado que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informe sobre 52 puntos de bloqueo en todo el país. Prácticamente la mitad de estos bloqueos se concentran en el departamento de La Paz, lo que evidencia un aumento en la tensión social y en los desafíos para la circulación de personas y mercancías. Según detalló el medio Unitel, la ruptura del diálogo está vinculada principalmente al rechazo gubernamental a derogar el Decreto 5503, el cual suspende los subsidios al diésel, además de modificar un centenar de disposiciones relacionadas con las ayudas estatales al combustible.
La COB, sindicato que lidera la oposición contra esta medida, decidió levantarse de la mesa de diálogo tras recibir una respuesta negativa del Ejecutivo presidido por Rodrigo Paz. De acuerdo con la cobertura de Unitel, Mario Argollo, referente de la organización sindical, señaló: "Todo tiene un final, lastimosamente hemos recibido la negativa del Gobierno de que se abrogue este maldito decreto 5503, y hemos recibido un 'no' como respuesta". Para Argollo, la suspensión del subsidio anticipa un escenario de escasez y dificultades económicas que afectará especialmente a las nuevas generaciones, por lo que insistió en la convocatoria a todo el pueblo boliviano para que se sume a una amplia protesta social.
El decreto en disputa, según la información recabada por Unitel, forma parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno de Paz destinadas a modificar el sistema de subsidios a los combustibles, concretamente el diésel. El Ejecutivo sostiene que estos cambios resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal del país y hacer frente a una coyuntura económica marcada por la disminución de ingresos estatales y el aumento de la demanda de combustibles. Sin embargo, varios sectores sindicales y sociales consideran que tales medidas elevarán los costos de producción y transporte, con un impacto directo en los precios de los alimentos y otros bienes esenciales.
Las autoridades gubernamentales han criticado la postura de la COB, a la que acusan de mantener posiciones contradictorias y obstaculizar el avance de los acuerdos. Según reportó Unitel, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que "Hace dos días parecía que teníamos un acuerdo porque la COB, la dirigencia nos ha mostrado una posición de que había artículos buenos y otros que son malos, que merecían observación y avanzamos en ese trabajo y había un principio de acuerdo". Espinoza afirmó también que solicitó a la COB precisar y formalizar su postura por escrito para clarificar ante la ciudadanía cuáles son sus demandas exactas. Según su versión, esta solicitud habría motivado la salida de los representantes sindicales del espacio de diálogo.
Mientras la COB refuerza su llamado a la acción colectiva para revertir el decreto, el Ejecutivo boliviano insiste en que mantiene las puertas abiertas para el diálogo pero advierte que responderá con acciones para contener cualquier escalada del conflicto. Unitel informó que las autoridades han señalado la necesidad de actuar frente a los bloqueos ya activos y evitar que los desórdenes se amplíen en el resto del territorio nacional.
El contexto inmediato muestra que el clima de protesta comenzó a intensificarse desde el mes anterior, periodo en el que al menos ocho personas resultaron detenidas durante manifestaciones acaecidas en la ciudad de La Paz, destinadas a rechazar las políticas económicas del presidente Paz. El conflicto actual se suma a la serie de tensiones recurrentes entre el Gobierno y los sindicatos bolivianos en torno a las políticas de subsidios y ajustes económicos, reiteró la cadena Unitel.
La situación permanece en desarrollo, con la COB movilizando a sus bases y otros grupos afines, mientras el Gobierno monitorea el avance de los bloqueos y refuerza su mensaje de disposición al diálogo bajo condiciones de control social. La presión sobre el Ejecutivo no sólo proviene de las calles, sino que impacta en sectores económicos que dependen de la libre circulación y del acceso a combustibles. El país se enfrenta así a un escenario de alta volatilidad, agravado por la incertidumbre sobre si las partes retomarán una negociación efectiva en los próximos días, conforme informó Unitel.
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