
Personal de la misión de Naciones Unidas ha ejecutado la evacuación de familias en la localidad de Bule, en la provincia de Ituri, tras una serie de nuevos combates que transformaron a esta comunidad en lo que la emisora Radio Okapi describió como una “ciudad fantasma”. De acuerdo con la información publicada por el medio, las hostilidades entre el Ejército congoleño y las milicias de la Convención para la Revolución Popular (CRP) iniciadas el 5 de diciembre desencadenaron un deterioro inmediato de la situación humanitaria, provocando el desplazamiento de cientos de residentes y forzando acciones de rescate ante el agravamiento de la violencia.
Tal como informó Radio Okapi, la operación de extracción permitió transportar a 142 civiles hasta Bunia, la capital provincial. Además, detalló que al menos 12 personas heridas fueron trasladadas de inmediato a un centro médico en Fataki para recibir atención de emergencia. El operativo se organizó como respuesta directa a los riesgos crecientes derivados de los combates en la región, que involucran no solo al CRP, sino a múltiples milicias armadas y fuerzas estatales que han reactivado el ciclo de violencia en Ituri.
Según consignó el medio, la MONUSCO, la misión de paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC), incrementó significativamente la presencia de sus patrullas en la zona. Las fuerzas de paz de Bangladesh, con base en Bayo, han desplegado cerca de 152 patrullas en lo que va de la crisis, con atención especial sobre la llanura de Savo, actualmente refugio de miles de familias desplazadas. La misión internacional busca contener el impacto de los enfrentamientos y proteger a la población civil ante la multiplicación de conflictos armados y el deterioro progresivo de la seguridad.
La génesis de la actual escalada de violencia se vincula con la actividad de la CRP, grupo surgido bajo el liderazgo de Thomas Lubanga, figura central en anteriores conflictos de la zona. Lubanga fundó la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), una milicia principalmente integrada por miembros del grupo étnico lendu, implicada en el conflicto étnico que sacudió Ituri entre 1999 y 2007 y que enfrentó a los lendu y a los hema, principalmente pastores. Posteriormente, Lubanga fue arrestado en 2006 y juzgado por el Tribunal Penal Internacional, que lo condenó a 30 años de prisión, acusándolo de ordenar masacres, reclutamiento infantil, violencia sexual, mutilaciones y el uso forzado de niños soldado. Según datos recabados por Radio Okapi, Lubanga quedó en libertad en 2020 tras cumplir la mitad de la pena, lo que antecedió a la reorganización de actividades armadas en la zona bajo su influencia indirecta.
La nueva oleada de enfrentamientos, reportó la emisora de la ONU, estalla en medio de un escenario donde, además de la CRP, operan otras formaciones armadas como la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), asociadas al Estado Islámico. La presencia simultánea de estos grupos contribuye a un panorama de inseguridad prolongada, marcado por el desplazamiento masivo de la población y recurrentes violaciones a los derechos humanos.
La urgencia humanitaria se evidencia en el incremento de familias desplazadas que buscan refugio en zonas relativamente seguras o que requieren de la intervención internacional para su evacuación. Las fuerzas estatales y los movimientos armados disputan el control territorial, una situación que recrudece la crisis social y favorece el desarraigo de comunidades enteras. Las medidas adoptadas por la MONUSCO, relató Radio Okapi, incluyen tanto acciones de protección directa a la población como operativos de evacuación cuidadosamente organizados para evitar nuevas bajas y agravar el impacto de la violencia.
Las autoridades internacionales monitorean de cerca el desarrollo de los acontecimientos y adaptan la respuesta humanitaria ante la volatilidad del contexto. Los desplazados de la llanura de Savo y otras áreas afectadas se suman a la cifra creciente de personas que requieren asistencia y protección frente a la reactivación de viejos conflictos interétnicos y la emergencia de nuevas alianzas armadas. En este escenario, la labor de las fuerzas de paz, reportó Radio Okapi, se considera indispensable para evitar un mayor desplazamiento y proteger la vida de quienes permanecen atrapados por la violencia.
El contexto actual refleja tensiones históricas en Ituri, donde los ciclos de conflicto entre distintas comunidades han producido crisis humanitarias reiteradas desde finales del siglo pasado. La actual intervención de la MONUSCO y el reforzamiento de patrullas busca además contener el avance de los grupos armados y brindar condiciones mínimas de seguridad a quienes han quedado aislados por los enfrentamientos recientes. Las evacuaciones efectuadas por Naciones Unidas responden tanto a la gravedad de la situación como al reconocimiento de que la violencia, lejos de cesar, tiende a intensificarse con la presencia de actores armados nacionales e internacionales, comprometidos en una pugna de poder y control territorial que mantiene bajo amenaza constante a la población civil.
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