Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia podrán solicitar desde febrero sus indemnizaciones, según el acuerdo

El documento que formaliza el mecanismo de reparación para víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica contempla que el convenio resultante deberá integrar la perspectiva de las víctimas y definir su estatuto básico, regulando tanto el proceso de reconocimiento como las diversas modalidades de reparación. De acuerdo con Europa Press, el acuerdo alcanzado permitirá que quienes sufrieron abusos en instituciones religiosas, pero no pueden recurrir ya a la vía judicial por prescripción de los hechos o fallecimiento del agresor, accedan desde febrero a una vía formal para solicitar indemnizaciones y otros apoyos.

Europa Press detalló que este acuerdo fue rubricado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego. El texto establece que la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes deberán firmar un convenio de colaboración en el plazo de un mes tras la adopción del acuerdo, momento a partir del cual comenzará a contar el periodo de un año –prorrogable a dos– para presentar las solicitudes de reparación e indemnización. El propósito de esta medida es articular una respuesta coordinada y garantizar un canal institucional para la reparación integral de las víctimas cuyas denuncias no pueden prosperar en el ámbito judicial.

Este mecanismo incluye varios tipos de reparación: restaurativa y simbólica, así como apoyo psicológico o psiquiátrico, que podría también beneficiar a familiares directos. Además, se prevé un reconocimiento moral del daño sufrido. Según Europa Press, la elaboración y desarrollo de este instrumento de reparación se sitúa dentro del marco de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). Esta ley establece el compromiso del Estado de responder a las necesidades de las víctimas de abusos sexuales en cualquier contexto social.

El presidente de la CEE, Luis Argüello, señaló en rueda de prensa que el convenio abre “la perspectiva para que el desarrollo” de la LOPIVI pueda extenderse a otros ámbitos de la sociedad, según palabras recogidas por Europa Press. No obstante, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, recalcó que el acuerdo alcanzado se circunscribe exclusivamente a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica. De acuerdo con Bolaños, la implicación estatal en la protección de la infancia y la adolescencia se pone de manifiesto, entre otras medidas, en la ley mencionada, pero este mecanismo responde únicamente a las víctimas relacionadas con instituciones religiosas.

Europa Press consignó que el acuerdo reserva a la Conferencia Episcopal Española y CONFER la posibilidad de mantener su propio sistema de reparación a través de la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que comenzó a operar en 2024. En relación a las decisiones previas de la Iglesia sobre otros modelos, Argüello aclaró que siempre existió colaboración con las autoridades judiciales y demás organismos públicos, pero que rechazaron la propuesta inicial del Ministerio de Justicia para crear una comisión administrativa bajo tutela estatal.

En referencia a las cuantías ya propuestas por la comisión asesora del PRIVA, Europa Press informó que la Iglesia ha ofrecido hasta la fecha casi 2 millones de euros en indemnizaciones: 1.858.420 euros, de los cuales 854.000 corresponden a casos diocesanos y 1.004.420 a instituciones religiosas. Argüello reconoció cierta desconfianza entre algunas víctimas respecto a acudir a la comisión de la Iglesia, motivo por el cual afirmó que el nuevo acuerdo establece un marco diferente, al que calificó de “acompañado”.

Según la información proporcionada por Europa Press, el mecanismo funcionará de la siguiente manera: la persona afectada iniciará el proceso ante una unidad de tramitación adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que estará encargada de garantizar la privacidad y protección de datos. A continuación, el caso se derivará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que emitirá una propuesta de reparación –en forma simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica– acorde a lo solicitado por la víctima. Esta propuesta se remitirá después a la comisión asesora de la Iglesia, la cual deberá realizar una evaluación y emitir un informe.

En el caso de que ambas partes –Estado e Iglesia– alcancen un consenso sobre la propuesta, la reparación se ejecutará de manera definitiva. Si surge desacuerdo, se convocará a una Comisión Mixta en la que participarán también asociaciones de víctimas, con el objetivo de lograr un acuerdo unánime. Si persiste la falta de consenso, la decisión final corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

El ministro de Justicia explicó que la función principal del Estado será fijar el importe de la indemnización y definir las reparaciones, que serán abonadas íntegramente por la Iglesia. Bolaños, en declaraciones recogidas por Europa Press, afirmó: "El Estado no abonará ni un céntimo", haciendo hincapié en que la responsabilidad económica recae completamente en las instituciones religiosas. Insistió en que se ha tratado de una negociación compleja, en la que la mediación y el impulso del Vaticano resultaron determinantes para alcanzar el acuerdo. Bolaños agradeció expresamente al papa Francisco, al papa León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por su papel en la consecución del entendimiento.

Según lo pactado, el Ministerio también se compromete a promover los cambios legales necesarios para que las indemnizaciones recibidas por las víctimas de estos hechos queden exentas de tributación. Sobre los plazos, Bolaños subrayó que el límite temporal –un año prorrogable a dos– se estableció pensando en un margen suficiente para procesar todas las solicitudes, y que si resulta necesario se extenderá para no dejar fuera a ninguna persona afectada.

Bolaños manifestó que, aun siendo consciente del retraso en la respuesta institucional, el acuerdo tiene carácter retroactivo para todas las víctimas cuyos casos permanecieron sin vías de reparación efectiva debido a la prescripción judicial. El ministro subrayó la importancia de que estas personas ahora dispongan de un mecanismo formal para exigir reconocimiento y reparación económica, algo que hasta la firma de este acuerdo no tenían disponible.