Envejecimiento, PIB o despoblación, entre los criterios que reclaman las CCAA en el nuevo modelo de financiación

El sistema actual de financiación autonómica en España ha recibido aportes diferenciados a lo largo de los años; por ejemplo, se ha señalado que una revisión del modelo implicaría una transferencia adicional de 4.700 millones de euros hacia Cataluña, según declaraciones previas del líder de ERC, Oriol Junqueras, tras un encuentro reciente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto presentar este viernes los detalles del nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, tal como reportó el medio Europa Press, en un escenario marcado por demandas regionales sobre cómo distribuir los recursos públicos.

Europa Press indicó que existe un debate constante sobre los factores que deben incidir en el reparto de fondos, con distintos gobiernos autonómicos defendiendo criterios muy diversos. Algunas regiones promueven que la distribución dependa ante todo de la población ajustada, mientras que otras sostienen que el Producto Interior Bruto regional debe cobrar mayor protagonismo. Muchas autonomías coinciden en reclamar una mayor atención a la despoblación y al envejecimiento, aspectos que consideran determinantes en cuanto al impacto de los gastos sociales y de servicios públicos.

El texto publicado por Europa Press también resalta que el Ministerio de Hacienda aún no ha revelado detalles concretos acerca de los parámetros que estructurarán este nuevo modelo, aunque ha manifestado la intención de combinar mecanismos multilaterales y bilaterales de negociación. Montero ha asegurado que ninguna comunidad recibirá menos recursos que actualmente y anunció la intención de aumentar la proporción de cesión de algunos impuestos a las regiones, según consignó Europa Press.

En este proceso, el Ejecutivo central prepara la eliminación de las entregas a cuenta —una de las bases actuales del sistema— para los próximos años. Además, debe abordarse la singularidad catalana, un punto acordado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Salvador Illa pero todavía sin cierre definitivo sobre cuestiones clave como la recaudación de impuestos en Cataluña.

El artículo de Europa Press precisa que ocho comunidades autónomas —Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja— forman un bloque que exige prioritariamente que la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes sean determinantes en el nuevo esquema de reparto. Esta posición responde a los mayores costes que enfrentan los territorios con una población dispersa y envejecida, que afecta el gasto en servicios de atención sanitaria, educación y dependencia. La coordinación entre estos territorios ha sido pública desde hace años, cuando regionales como Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de Galicia, impulsaron postulados comunes para dar más peso a estos criterios.

Otras comunidades enfrentan el reto de una financiación que perciben insuficiente. Europa Press ha consignado que regiones como Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, frecuentemente denominadas "infrafinanciadas", han defendido la urgencia de establecer un fondo de nivelación transitorio mientras se redefine el sistema. Estas autonomías piden que la población ajustada —parámetro que corrige el simple conteo basado en cifras de habitantes para reflejar factores reales de consumo de servicios públicos según estructura de edad, dispersión u otros perfiles demográficos— sea el elemento rector de la nueva fórmula.

Por su parte, los gobiernos de Madrid, Cataluña y Baleares, considerados como los motores económicos del país por su peso en el PIB, abogan abiertamente porque sea el Producto Interior Bruto regional el que determine la distribución de fondos, convencidos de que su aportación fiscal y su capacidad económica así lo justifican. Además, los territorios insulares —Baleares y Canarias— han subrayado a Europa Press la necesidad de introducir criterios vinculados a la insularidad, de modo que se compensen las dificultades logísticas y de gestión que implica su condición geográfica.

El Gobierno de España ha insistido, según recogió Europa Press, en que una reforma de estas características solo será viable si logra un consenso suficiente entre las dos principales fuerzas nacionales, PSOE y PP, ya que los dirigentes autonómicos de ambas formaciones defienden intereses y criterios distintos desde sus respectivos territorios.

La hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo sitúa la presentación del modelo en una rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y prevé la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico para abordar la nueva financiación autonómica. En este órgano, donde el Gobierno posee el 50% de los votos, podría bastar con el apoyo de una sola comunidad para lograr la aprobación inicial del modelo, como señaló Europa Press. Superado este paso, el documento sería remitido al Consejo de Ministros y, posteriormente, enviado al Congreso de los Diputados, donde requerirá mayoría parlamentaria.

El Gobierno ha fijado 2027 como fecha estimada para la entrada en vigor del nuevo sistema, con el objetivo de que su diseño garantice estabilidad y continuidad ante posibles cambios de legislatura. No obstante, Europa Press advierte sobre la dificultad de alcanzar una posición de consenso, ya que la ministra Montero sostiene que el Partido Popular no muestra disposición siquiera a abrir el debate sobre el modelo.

Finalmente, el texto de Europa Press recuerda que la última vez que Hacienda propuso una reforma en detalle, la población ajustada constituía la base central de la propuesta, aunque esta no prosperó en el debate político posterior. Resta comprobar si las autoridades han trabajado sobre aquel texto anterior o si presentarán un enfoque completamente nuevo ante las comunidades autónomas.