Convocadas tractoradas en carreteras de Extremadura en contra de "recortes" de la PAC, Mercosur y los precios

Las organizaciones agrarias de Extremadura han destacado que productores de arroz, maíz y tomate de la región han experimentado múltiples incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, al tiempo que acusan a la Junta de Extremadura de no intervenir frente a esta situación. En este contexto, han convocado una serie de movilizaciones, incluyendo cortes y tractoradas en varias carreteras los días 16 y 23 de enero, con el objetivo de exigir medidas concretas y urgentes de apoyo al sector. Según publicó el medio con la información provista, los recortes en la Política Agraria Común (PAC), la entrada de productos internacionales y los bajos precios se encuentran entre las principales preocupaciones del colectivo agrícola.

UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres han confirmado que las acciones de protesta se desarrollarán en al menos cinco carreteras de la región, incluyendo la N-430, N-432, EX-108, EX-119 y EX-370, a partir de las 09:00 horas. De acuerdo con lo reportado en la convocatoria, el malestar gira especialmente en torno a las reducciones de los fondos europeos de la PAC y a la presión creciente de los acuerdos comerciales internacionales, como el de Mercosur, Camboya y Myanmar, que consideran una amenaza para la viabilidad de las explotaciones familiares locales.

Durante una rueda de prensa conjunta realizada en Mérida, las organizaciones agrarias alertaron que la situación actual está llevando al campo extremeño a una fase crítica, con riesgos crecientes para la continuidad de las explotaciones familiares y consecuencias para el desarrollo rural. Según explicó el colectivo convocante, la falta de cumplimiento de la legislación vigente sobre la cadena alimentaria repercute directamente en los precios que reciben los agricultores por sus productos, situación que, a su juicio, resulta agravada por la pasividad de las autoridades regionales respecto a la supervisión e inspección de los mercados.

Entre las principales demandas expuestas figura la exigencia de una implicación concreta de la administración autonómica para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las agrupaciones exigen que el observatorio de precios funcione correctamente, que se realicen evaluaciones rigurosas de los costes de producción y que existan controles efectivos sobre el respeto a la legislación por parte de toda la cadena comercial. Las entidades también piden un sistema de ayudas específico para los cultivos de cereales, con especial atención al maíz, a través de mecanismos de producción integrada que permitan amortiguar los costos y enfrentar la competencia internacional.

Según lo recogido en el comunicado de prensa difundido por las centrales agrarias, los acuerdos internacionales firmados en los últimos años, especialmente con países como Camboya, Myanmar y el bloque Mercosur, han incrementado la presión sobre los productores locales. El sector del arroz, en particular, se muestra vulnerable ante las importaciones a bajo coste. Por esto, las asociaciones demandan la aplicación de una cláusula de salvaguarda que actúe de manera efectiva cada vez que las importaciones desde países extracomunitarios amenacen los precios internos o la viabilidad del sector. En este sentido, también consideran indispensable la aprobación de una normativa sobre etiquetado que garantice de forma inequívoca el origen nacional de los productos.

En el ámbito apícola y oleícola, las organizaciones agrarias solicitan que el etiquetado de la miel indique el país de procedencia con claridad y que se incremente el presupuesto destinado a los olivares tradicionales en la próxima reforma de la PAC. El objetivo de esta medida es mantener la competitividad y la supervivencia de estos cultivos frente a los desafíos del mercado global.

Respecto a la sanidad animal, se ha puesto especial atención en las explotaciones ovinas afectadas por la lengua azul en la última campaña. Según especificaron en la rueda de prensa, estos ganaderos no han percibido ninguna ayuda hasta el momento, por lo que reclaman un apoyo específico para paliar los daños sufridos.

Todas estas demandas se centran en la petición de una PAC fortalecida, con un presupuesto suficiente para garantizar los dos pilares sobre los que descansa: los pagos directos a los productores y el apoyo al desarrollo rural. Las organizaciones reiteran que la igualdad de condiciones entre los agricultores y ganaderos europeos solo podrá garantizarse si se mantienen ambos ejes.

El medio que cubrió la noticia también cita la intención colectiva de persistir en las movilizaciones mientras no reciban una respuesta adecuada de las administraciones. “Saldremos a la calle para reclamar lo que es justo y conseguir una igualdad real para todos los agricultores y ganaderos europeos”, coinciden los portavoces de las asociaciones implicadas. La intención es que las protestas visibilicen la magnitud de los problemas y eleven la presión sobre los responsables políticos, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.

Las tractoradas, según han explicado las entidades convocantes, buscan también frenar el proceso de despoblamiento rural. Argumentan que el cierre masivo de explotaciones familiares provocaría el abandono de las zonas rurales, debilitando no solo la economía del campo sino también la cohesión social y territorial de Extremadura.

Frente a los retos de internacionalización de los mercados, recortes en ayudas europeas y ausencia de controles efectivos en precios y etiquetado, las asociaciones agrarias de Extremadura insisten en que la única salida es que las administraciones “se impliquen” de modo directo y transparente en la defensa de la producción local. Las movilizaciones se presentan como el primer paso dentro de una escalada de acciones previstas si no se producen cambios efectivos en las políticas agrarias y comerciales, tal como advirtieron durante la presentación de la convocatoria.