Bolaños: "El Estado decide la indemnización, la Iglesia católica la paga"

Las víctimas de abuso sexual vinculadas a entornos religiosos contarán con un papel activo a lo largo del nuevo proceso de compensación, según la estructura del mecanismo anunciado. Esta iniciativa, detallada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cambia la dinámica de resolución al situar a los damnificados en el centro de cada caso y otorga un rol definitorio a la administración pública en la determinación de las reparaciones. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y representantes de la Iglesia católica establece que las compensaciones serán definidas por el Estado y abonadas por la institución eclesiástica.

Según publicó el medio El País, la firma del acuerdo tuvo lugar este jueves entre el ministro Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, con la premisa principal de que “El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga”, según afirmó el ministro en una rueda de prensa desde el Ministerio de Justicia. De acuerdo con el sistema descrito, las víctimas iniciarán el procedimiento ante una unidad de tramitación adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El procedimiento prevé que, una vez presentada la solicitud, el caso será transferido a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta dependencia tendrá la responsabilidad de formular una propuesta de resolución, atendiendo al relato y las peticiones de cada persona afectada. Las reparaciones que podrá sugerir son de carácter simbólico, restaurativo, espiritual o económico, adaptándose a la naturaleza del perjuicio sufrido y a lo requerido por cada víctima, tal como ha informado El País.

Posteriormente, la propuesta pasará a consideración de la comisión asesora establecida por la Iglesia dentro de su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA). Esta comisión evaluará los expedientes recibidos y emitirá un informe. Si todas las partes involucradas expresan conformidad, la decisión resultante tendrá carácter definitivo. En los casos donde no exista acuerdo, se constituirá una Comisión Mixta en la que también participarán las asociaciones de víctimas. Este órgano deliberará hasta intentar alcanzar una decisión unánime.

Si a pesar de la intervención de la Comisión Mixta persisten los desacuerdos, la última palabra recaerá en la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, la cual adoptará la resolución final, según explicó el ministro en la comparecencia ante los medios, tal como recogió El País.

El acuerdo, fruto de negociaciones calificadas por Bolaños como “complejas, arduas, duras y largas”, contó con la intermediación del Vaticano. El titular de Presidencia reconoció el peso de la intervención de la Santa Sede, destacando el papel ejercido por los Papas Francisco y León XIV, así como por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de acuerdo con lo detallado por El País.

Felix Bolaños señaló que este mecanismo pretende poner fin a “décadas de silencio, ocultamiento y daño moral” que han padecido las víctimas de abusos sexuales en el ámbito religioso, insistiendo en que la iniciativa busca “saldar una deuda histórica y moral”. Según detalló El País, dicho acuerdo introduce por primera vez un sistema de colaboración entre la administración pública y la Iglesia para la toma de decisiones sobre compensaciones, alejándose de la unilateralidad y priorizando la participación activa de las personas afectadas en cada etapa del proceso.

De este modo, el nuevo esquema mixto pone en manos del Estado el establecimiento de las cuantías o la naturaleza de las reparaciones, que podrán ser económicas u orientadas a la restauración y apoyo simbólico o espiritual, mientras que la obligación de cumplir con los pagos corresponde a la institución eclesiástica. Tal como subrayó el ministro en declaraciones citadas por El País, el núcleo del pacto reside en que la administración pública determina y la Iglesia cumple con el abono de lo que se establezca.

La propuesta prevé involucrar a las asociaciones de víctimas en la Comisión Mixta, incluyendo sus perspectivas en la discusión de las medidas de reparación, dando así una mayor transparencia y representatividad al proceso. De acuerdo con El País, este pacto representa, según los firmantes, un modelo de respuesta institucional sin precedentes en España en materia de abusos en el seno de organizaciones religiosas, y busca ofrecer un marco para la adecuación y revisión regular de las decisiones y medidas implementadas en favor de los damnificados.