Las familias de Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos recibieron la confirmación de que ambos ciudadanos vascos ya han iniciado su regreso a casa, luego de permanecer una año y medio presos en una cárcel venezolana por cargos de espionaje. El jefe del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, comunicó a través de la red social X que ambos individuos se encuentran “bien” tras su liberación y enfatizó que esta noticia aporta calma y alivio a sus allegados. Según informó el Gobierno vasco, la excarcelación se llevó a cabo después de un período prolongado de prisión que calificaron como injusto, ya que ambos hombres fueron arrestados en septiembre de 2024 por autoridades del país sudamericano bajo la administración de Nicolás Maduro.
De acuerdo con lo publicado por el propio Lehendakari, el Ejecutivo vasco mantuvo su apoyo a las familias de Martínez Adasme y Basoa Valdovinos durante todo el proceso y expresó públicamente su respaldo tras conocerse la liberación. El mensaje publicado en X incluyó la reafirmación del compromiso institucional de Euskadi con la defensa de la legalidad internacional y la exigencia de cumplimiento de las garantías judiciales y los derechos humanos. Según detalló Pradales, este principio continuará guiando la actuación del Gobierno vasco en asuntos similares que puedan afectar a ciudadanos vascos en el exterior.
El medio oficial de comunicación del Gobierno Vasco reportó que Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos permanecieron encarcelados en Venezuela durante más de dieciocho meses hasta que se concretó su excarcelación esta semana. Ambos viajaron a Venezuela donde posteriormente fueron detenidos bajo acusaciones de espionaje por el régimen de Nicolás Maduro, según información proporcionada por autoridades vascas. Desde el momento de la detención, las familias y las instituciones vascas se mantuvieron en contacto con los servicios diplomáticos y organismos internacionales, con el objetivo de conseguir garantías en el proceso judicial y mejorar la situación de los detenidos.
Tal como consignó el Gobierno vasco en versiones previas, tanto Martínez Adasme como Basoa Valdovinos enfrentaron condiciones de detención que incrementaron la preocupación de sus familiares. A lo largo del tiempo, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes institucionales del País Vasco solicitaron al Gobierno venezolano un trato acorde a los estándares internacionales, así como la revisión de las acusaciones.
Pradales reiteró en sus declaraciones la determinación de Euskadi de seguir exigiendo el respeto a los procedimientos legales y a los derechos fundamentales en cualquier circunstancia similar que pueda afectar a ciudadanos vascos fuera del territorio estatal. Tras la confirmación de la salida de prisión y el retorno de ambos ciudadanos, la administración vasca extendió nuevamente un mensaje de acompañamiento a las familias involucradas y subrayó que continuarán ofreciendo apoyo durante el reencuentro y en la readaptación tras este largo periodo privados de libertad.
El Gobierno vasco confirmó que Martínez y Basoa se encuentran en buen estado de salud y que su vuelta se ha organizado de manera que las familias puedan recibirlos directamente en Euskadi. Las autoridades regionales reiteraron que mantuvieron un seguimiento constante del caso, coordinando gestiones con instancias diplomáticas en todos los niveles posibles para exigir protección consular y apego a las normas internacionales de derechos humanos.
Según informó el propio Lehendakari, la conclusión de este episodio ha sido posible por la presión institucional y la interlocución mantenida con las autoridades venezolanas. Desde el Ejecutivo autonómico recordaron que el objetivo principal se enfocó en salvaguardar la integridad física y jurídica de los detenidos, tal como corresponde a cualquier ciudadano vasco en el extranjero enfrentando situaciones de especial gravedad.
El mensaje del jefe del Ejecutivo vasco incluyó el agradecimiento a todos los que participaron en las diligencias para lograr la liberación y retorno de ambos ciudadanos. En la comunicación oficial reiteró que la defensa de los derechos y libertades fundamentales es una prioridad permanente para el Gobierno y seguirá marcando la acción institucional en casos que impliquen la detención o persecución de vascos en otros países.
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