Entre los aspectos destacados por los firmantes del manifiesto dirigido a la Organización de Naciones Unidas, figura el llamado a esclarecer los hechos referidos a la detención y traslado forzoso del presidente venezolano Nicolás Maduro, acción que consideran incompatible con el régimen de inmunidad otorgado a los jefes de Estado activos por el derecho internacional consuetudinario. En ese contexto, estas figuras insisten en la urgencia de que los órganos competentes de la ONU evalúen consecuencias jurídicas y promuevan acciones que permitan salvaguardar el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Según informó el medio original, el documento cuenta con el respaldo de más de un centenar de personalidades vinculadas al derecho, entre las que se encuentran el exmagistrado Baltasar Garzón, la jueza y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.
Tal como publicó la fuente, el manifiesto expresa una condena explícita al uso de la fuerza armada en violación de los principios fundamentales del derecho internacional. Los suscriptores destacan que el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe cualquier acción militar dirigida contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Señalan que esta disposición tiene carácter imperativo (ius cogens) y sólo contempla dos excepciones concretas: la legítima defensa, prevista en el artículo 51 de la misma Carta, y la autorización puntual por parte del Consejo de Seguridad del organismo internacional.
El medio detalló que, según los firmantes, no existen pruebas públicas que demuestren la existencia de un ataque armado anterior o una amenaza inminente que permita invocar el derecho a la legítima defensa en el caso venezolano. Por ese motivo, califican cualquier intervención unilateral impulsada por Estados Unidos en territorio venezolano como una grave vulneración del principio de soberanía estatal, de la prohibición de la intervención y de la obligación internacional de resolver conflictos por vías pacíficas.
De acuerdo con la información difundida, el escrito señala también los posibles efectos jurídicos y penales internacionales de tales actos, al sugerir que este empleo ilícito de la fuerza podría considerarse un "crimen de agresión". Los firmantes citan la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 de la Asamblea General y principios consolidados del derecho penal internacional para argumentar que los actos de agresión se cuentan entre las infracciones más graves del orden internacional por su impacto sobre la paz, la seguridad y los derechos básicos de las poblaciones afectadas.
La privación de libertad de Nicolás Maduro, ejecutada por fuerzas armadas extranjeras según lo descrito en el documento, es calificada en el manifiesto como "incompatible" con la protección internacional reconocida a los mandatarios en funciones. Los promotores del texto consideran ilegítimas tanto la detención como el traslado de Maduro, y rechazan cualquier actuación que contravenga el régimen de inmunidad personal de los gobernantes.
En su llamamiento, los firmantes apelan a la comunidad internacional y a los órganos de la ONU para que se esclarezcan los hechos referidos al caso de Venezuela y se valoren sus implicaciones legales, recordando la importancia de impedir que este tipo de situaciones se conviertan en precedentes capaces de minar gravemente la arquitectura jurídica mundial. Según consignó la fuente, reclaman que se apliquen medidas destinadas a asegurar el respeto pleno de la Carta del organismo internacional, especialmente en materia de solución pacífica de controversias.
El manifiesto cuenta con el apoyo no solo de juristas de renombre, sino también de académicos, magistrados en ejercicio y jubilados, especialistas en derecho internacional y funcionarios públicos. Entre los firmantes figuran el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña y exalcalde Xulio Ferreiro, los magistrados en activo Gonzalo Alcoba, Celima Gallego, Esther González y Amaya Olivas, así como los jueces retirados Juan Romero Laguna, Juan Pedro Yllanes, Enrique Medina, Joan Agustí Maragall, Paloma Marín y Ascensión Solé, además de catedráticos y expertos en derechos humanos. De acuerdo con la publicación, todos ellos coinciden en exigir a los organismos internacionales garantizar la soberanía estatal y mantener los mecanismos destinados a preservar la paz mundial.
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