
Entre los detenidos figuraba Sherifa Riahi, quien antes dirigía la representación tunecina de la organización France Terre d'Asile. Los seis integrantes de la ONG se encontraban privados de libertad desde hacía más de un año y medio, acusados de facilitar la entrada ilegal y el desplazamiento de migrantes en situación irregular en Túnez, que buscaban continuar hasta las costas europeas, según reportó el diario tunecino 'Business News'. Un tribunal tunecino dictaminó recientemente su liberación, aunque, según consignó el mismo medio, las autoridades del país norteafricano no han emitido respuestas formales al fallo judicial.
Tal como informó 'Business News', las detenciones se produjeron en mayo de 2024, durante una operación dirigida por las fuerzas de seguridad tunecinas. Esta acción formó parte de una estrategia enérgica contra organizaciones y grupos que prestan asistencia a migrantes y refugiados que atraviesan el territorio nacional. Los trabajadores de France Terre d'Asile, todos miembros de la filial local de la ONG francesa, enfrentaron investigaciones legales bajo acusaciones de ayudar a quienes intentaban emprender la peligrosa travesía por el mar Mediterráneo en dirección a Europa.
El proceso judicial implicó, además, a 17 funcionarios de Susa, una ciudad de la zona costera occidental de Túnez conocida como uno de los puntos de partida principales para embarcaciones utilizadas en rutas migratorias hacia el sur de Europa. La primera audiencia del caso se celebró el 15 de diciembre, en la que se revisó la detención y las imputaciones presentadas por las autoridades locales. Los trabajadores humanitarios y los funcionarios locales afrontaron cargos por blanqueo de dinero, enriquecimiento ilícito y actividades contrarias a la soberanía nacional, señalaron diversas fuentes jurídicas según 'Business News'.
En enero de 2025, el tribunal retiró los cargos relacionados con presuntos delitos económicos, entre ellos los de blanqueo y enriquecimiento ilícito. No obstante, pese a la eliminación de estas imputaciones, los acusados continuaron en prisión hasta el reciente dictamen que dispuso su excarcelación. Hasta el momento, las autoridades estatales tunecinas no han reaccionado públicamente ni han hecho declaraciones oficiales sobre la resolución judicial que permitió la liberación de los trabajadores de la ONG, reportó 'Business News'.
La situación legal de quienes colaboran con organizaciones internacionales que asisten a migrantes y refugiados se enmarca en el contexto de un aumento de los controles fronterizos y de las restricciones impuestas por gobiernos del norte de África. Según datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 1.750 personas murieron o se reportaron como desaparecidas en 2025 mientras intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Europa, una cifra que refuerza la dimensión de la crisis migratoria en la región. Desde 2014, la OIM estima que el saldo de muertes y desapariciones en la ruta central del Mediterráneo, que conecta Túnez y Libia con Italia y otros países del sur europeo, asciende a 25.780 personas.
Las rutas migratorias entre África y Europa se han consolidado como algunas de las más peligrosas en el mundo, tanto por los riesgos asociados a la navegación en embarcaciones precarias como por las crecientes acciones estatales dirigidas a controlar estos flujos. Susa, al igual que otras ciudades costeras de Túnez, se encuentra en el centro de este fenómeno por su ubicación geográfica, lo que ha convertido a la región en un foco de actividad tanto para organizaciones humanitarias como para redes de tráfico de migrantes.
La labor de France Terre d’Asile se ha centrado en el acompañamiento y la asistencia a personas migrantes y refugiadas durante sus estadías en Túnez, un país que desde hace años se mantiene como uno de los principales puntos de tránsito hacia el continente europeo. Las detenciones y el proceso judicial contra sus trabajadores reflejan las dificultades y el aumento de la presión a la que se enfrentan las organizaciones humanitarias en el país, advirtió el medio ‘Business News’ en su cobertura del caso.
En el asunto estuvieron implicados no solo los trabajadores de la ONG, sino también funcionarios estatales, lo que incrementó la visibilidad y complejidad del proceso judicial. Tras la decisión más reciente que permitió la liberación de todos los detenidos, ningún representante gubernamental emitió declaraciones oficiales ni comentó sobre las repercusiones de la resolución.
Las estadísticas de la OIM subrayan la gravedad de los riesgos enfrentados por quienes intentan alcanzar las costas europeas a través del Mediterráneo. El número total de muertes y desapariciones en la ruta central, donde Túnez desempeña un papel central, ha venido aumentando en los últimos años, situando la cuestión migratoria en el centro del debate regional y europeo respecto a las políticas de asilo, rescate marítimo e intervención humanitaria.
Según ‘Business News’, el fallo del tribunal tunecino marca un punto de inflexión temporal en el caso de los trabajadores de la ONG y de los funcionarios involucrados, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de su labor y sobre las posibles reacciones oficiales por parte de Túnez ante la liberación. El desarrollo de los acontecimientos seguirá sujeto a las decisiones de las autoridades, a la evolución de la situación migratoria en la región y a la presión de organismos internacionales, que continúan monitoreando los procesos judiciales relacionados con el control y auxilio a la migración irregular.
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