El Departamento de Justicia de EEUU revisa otros dos millones de documentos relacionados con el caso Epstein

Fuentes oficiales del Gobierno estadounidense han señalado que más de un millón de archivos referidos al caso Jeffrey Epstein permanecen pendientes de revisión, en tanto que el Departamento de Justicia examina alrededor de dos millones de documentos vinculados a las investigaciones. El proceso de análisis de este extenso material documental forma parte de lo estipulado por la reciente Ley de Transparencia para los Archivos de Epstein, una normativa aprobada en noviembre, en respuesta al interés público por esclarecer todos los detalles del caso y sus repercusiones de alto nivel. A medida que surgen nuevas referencias a figuras políticas, entre ellas el presidente Donald Trump, y se hacen públicos recientes archivos, crece la polémica en el país por la posible implicación de personalidades relevantes y por la forma en que el gobierno actual gestiona la divulgación de la información.

De acuerdo con informaciones de la cadena ABC, la administración estadounidense ha confirmado que existen miles de datos adicionales que podrían estar relacionados con los registros sobre Epstein, lo que refleja la magnitud de la investigación y la dificultad de hacerlos públicos de manera total y rápida. El medio ABC detalló que la revisión se realiza por fases, dada la cantidad de información, y que durante las semanas siguientes los fiscales dedicarán esfuerzos para acelerar ese proceso y cumplir con los requerimientos incluidos en la legislación federal. Las autoridades estiman que, hasta el momento, han podido liberar aproximadamente 12.000 documentos con más de 125.000 páginas, lo que representa menos del 1 por ciento del total de documentos que requieren análisis y clasificación antes de su posible publicación.

Según consignó el medio, el Departamento de Justicia reconoció en un comunicado, emitido el 24 de diciembre, que más de un millón de archivos permanecen fuera del primer análisis o no han sido incluidos todavía en las publicaciones autorizadas. Este retraso en la divulgación de los archivos ha generado reacciones en la esfera política, especialmente entre miembros del Partido Demócrata y algunos congresistas de la oposición, quienes acusan al gobierno de Donald Trump de buscar evitar la publicación de documentos comprometidos con el fin de proteger a figuras de alto perfil o de ralentizar el proceso de transparencia.

ABC indicó que las críticas han ido en aumento tras la difusión de archivos que contienen menciones directas al actual presidente estadounidense, en una lista donde también aparecen otros conocidos personajes como el príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del actual monarca Carlos III, y el expresidente Bill Clinton. Ante estas presiones, el gobierno ha defendido que los motivos detrás del ritmo de la revisión responden a la necesidad de preservar la confidencialidad y los derechos de las víctimas involucradas en el caso, y sostiene que no existe una intención práctica de ocultar información, sino de proceder con cautela en el manejo de documentos que contienen datos personales y sensibles.

La cadena de televisión también informó que la investigación en marcha surgió luego de la detención de Jeffrey Epstein, en julio de 2019, bajo cargos de abuso sexual y tráfico de menores durante el comienzo de la década del 2000. Epstein, millonario de gran notoriedad, había mantenido relaciones con diversas figuras del ámbito político, monárquico y empresarial, lo que ha propiciado un seguimiento mediático continuo y solicitudes de esclarecimiento a través de la publicación total de los archivos.

En este contexto, la polémica por la gestión de los archivos y la transparencia institucional ha continuado elevándose, mientras avanza el escrutinio sobre la implicación de personalidades de primer plano y la presión sobre las autoridades judiciales para agilizar la puesta a disposición pública de todos los documentos relacionados. El medio ABC expuso que la complejidad del caso y la abundancia de información hacen que la tarea, aún en marcha, suponga un esfuerzo considerable para los equipos de revisión jurídica y de protección de víctimas, quienes deben cotejar y clasificar cada archivo antes de decidir si su contenido se hace accesible a la opinión pública.

A pesar de las declaraciones de las autoridades sobre la defensa de los intereses de las víctimas y la necesidad de prudencia en la publicación, la controversia política ha escalado, sumando cuestionamientos a la administración de Trump y reclamaciones por una mayor apertura de los archivos vinculados a uno de los escándalos más relevantes de las últimas décadas en los Estados Unidos.