La Policía iraní avisa de posibles "levantamientos armados" en el país tras días de protestas

El Gobierno de Irán ha decidido destituir al gobernador del Banco Central en medio de una compleja crisis económica y social tras el desplome del rial, que desencadenó protestas en diversas regiones del país durante los últimos seis días. Abdolnaser Hemmati, quien previamente ejerció como ministro de Economía y Finanzas, fue designado como nuevo titular de la entidad bancaria con la misión de frenar la inflación y estabilizar el mercado cambiario. En palabras del propio Hemmati, citadas por la agencia Fars, el principal desafío será afrontar un entorno económico adverso marcado por sanciones internacionales, colaborando con expertos y funcionarios para restaurar la calma entre la población.

De acuerdo con la información publicada por la agencia semioficial Fars, la policía iraní ha advertido sobre la posibilidad de que surjan “levantamientos armados” a raíz de estas protestas, que tuvieron origen en el desplome del valor de la moneda nacional y el encarecimiento de bienes básicos. El portavoz policial, entrevistado por Fars, afirmó que las fuerzas de seguridad han identificado grupos organizados presuntamente dirigidos desde fuera del país, a los que responsabilizan de generar incidentes violentos y atacar edificios públicos, lanzando consignas monárquicas.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, el portavoz aseguró: “No vamos a permitir que los enemigos de este país conviertan las manifestaciones pacíficas en disturbios y levantamientos armados, y protegeremos a la nación y al pueblo hasta nuestro último aliento”. Estas manifestaciones han sido señaladas por fuentes oficiales iraníes como el detonante de una decena de muertes hasta el momento. Sin embargo, activistas críticos con el gobierno afirman, según reportó Fars, que el número real de víctimas sería considerablemente mayor, aunque no aportan cifras concretas.

Por otro lado, la reacción internacional no se hizo esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a las autoridades de Irán con una declaración pública en la que aseguró que su gobierno intervendrá si las fuerzas del orden disparan o matan a manifestantes pacíficos. Estos comentarios generaron una respuesta inmediata del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien a través de su cuenta de X expresó que estas advertencias son “imprudentes y peligrosas”. Al mismo tiempo, Araqchi reconoció que las personas afectadas por la volatilidad del tipo de cambio están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta pacífica, aunque subrayó que han ocurrido “incidentes aislados y por separado de ataques contra comisarías y agentes de Policía”, sin aportar más detalles sobre estos episodios.

La atmósfera de tensión se ve alimentada por mensajes de las autoridades iraníes, que insisten en que los desórdenes en curso se deben a la injerencia de actores extranjeros y la acción de grupos organizados. Según consignó Fars, las fuerzas de seguridad se han propuesto impedir que las movilizaciones deriven en revueltas armadas, al tiempo que reafirmaron su compromiso para proteger tanto las instituciones públicas como la integridad de la ciudadanía.

La intervención de Abdolnaser Hemmati como nuevo responsable del Banco Central llega en este contexto de alarma económica y social. Durante su presentación oficial, anunció que las prioridades inmediatas son controlar la inflación y gestionar el tipo de cambio en un escenario condicionado tanto por las sanciones económicas como por la desconfianza social. El medio Fars destacó la relevancia de esta designación, al considerarla una respuesta directa del Ejecutivo para intentar frenar la desestabilización del país y atender las demandas más urgentes de la sociedad.

Las consecuencias de la depreciación del rial se evidencian en el aumento de los precios de los productos básicos y en el malestar que vive la población frente a la pérdida de poder adquisitivo. Según medios oficiales iraníes citados por Fars, la rápida reacción del Estado para renovar la cúpula de la autoridad monetaria aspira a calmar los ánimos, aunque las protestas refuerzan la percepción de que existe una preocupación social profunda que trasciende las soluciones administrativas.

A lo largo de las últimas jornadas, según detalló la agencia Fars, la presencia policial se ha incrementado en puntos clave de la capital y de otras grandes ciudades. Las fuerzas de seguridad explicaron que su principal objetivo es identificar y neutralizar a los grupos a los que atribuyen la violencia y prevenir que crezca la crispación. Además, el gobierno reiteró en declaraciones transmitidas por medios oficiales que no tolerará el traspaso de las líneas de la protesta pacífica al desorden violento o a cualquier intento de levantar armas contra el Estado.

Las discrepancias en las cifras de víctimas reflejan, según indica Fars, el enfrentamiento de versiones entre el gobierno y los sectores de la oposición. Mientras las autoridades presentan balances oficiales restringidos, voces disidentes resaltan la gravedad de la represión en términos de vidas humanas. Entre las demandas presentes en las protestas figura el reclamo por mayores garantías económicas y una gestión diferente frente al impacto de las sanciones internacionales y la gestión de la política macroeconómica actual.

El contexto de inestabilidad monetaria condujo al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias, como la destitución del anterior gobernador del Banco Central y la apuesta por Hemmati para revertir la situación. El nuevo responsable asumirá el desafío de estabilizar el entorno financiero, con el compromiso expreso de colaborar con expertos, parlamentarios y funcionarios del Estado, según enfatizó la agencia Fars.

La situación continúa siendo objeto de atención tanto nacional como internacional, en un momento en el que actores externos y organizaciones defensoras de derechos humanos observan de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Irán. La tensión permanece, mientras el gobierno y las fuerzas de seguridad sostienen su determinación por controlar la protesta y restituir la estabilidad económica y social bajo el marco de las estructuras oficiales del Estado.