La creación de 28 nuevos puestos de Oficial de Centro de Mando, con tres en cada provincia y uno de ámbito autonómico, pretende reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta del operativo contra incendios en Castilla y León. Con este movimiento, el personal vinculado a la prevención y extinción de incendios forestales no solo fortalece su estructura, sino que amplía su cobertura a lo largo de todo el año, según consignó la Junta de Castilla y León a través de un comunicado. Este hito se integra en una estrategia que busca profesionalizar y consolidar la estabilidad laboral del equipo encargado de combatir situaciones de riesgo para la ciudadanía y el entorno natural.
Según informó la Junta de Castilla y León, el Consejo de Gobierno ha autorizado la conversión de 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo a personal laboral fijo en el operativo de prevención y extinción de incendios. El acuerdo, presentado por la Consejería de la Presidencia, responde a un compromiso asumido por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y se articula mediante la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El objetivo es adaptar los recursos humanos a las necesidades del territorio, garantizando que el dispositivo permanezca plenamente operativo durante los doce meses del año y elevando la calidad del servicio público.
El consejero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, recordó que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los empleados públicos que ya poseían uno de estos puestos pasarán a estar contratados con carácter fijo y durante todo el año. Las categorías implicadas en esta transformación incluyen 217 Oficiales de Montes-Conductores Maquinistas de Autobomba, 217 Peones de Montes y Extinción, y 403 Vigilantes de Incendios. Se explicita que los puestos de Oficial de Centro de Mando ya poseían la condición de fijos anuales y, por tanto, quedan excluidos de esta modificación, aunque el acuerdo contempla su refuerzo mediante la creación de los citados 28 nuevos puestos para fortalecer centros de decisión y coordinación.
El medio oficial precisó que la distribución de los 837 nuevos contratos fijos por provincia se articula de la siguiente manera: Soria contará con 132 puestos; León, con 114; Burgos, con 113; Zamora, con 110; Salamanca, con 86; Ávila, con 82; Segovia, con 80; Palencia, con 66; y Valladolid, con 54. La Junta subrayó que esta reorganización afecta mayormente a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Comunidad, permitiendo una cobertura más homogénea en todo el territorio y optimizando los recursos allí donde el riesgo forestal es recurrente.
Desde el punto de vista operativo, la Junta destacó que la transformación de los contratos permite ampliar las funciones del personal del operativo más allá de la extinción propiamente dicha. Los equipos asumirán labores como la prevención activa, el mantenimiento de infraestructuras diseñadas para contener incendios, la vigilancia forestal y la restauración del entorno tras los fuegos, así como otras tareas técnicas orientadas a reducir la probabilidad de grandes incendios y minimizar su impacto sobre el medio natural y las personas. Según publicó la Junta, la disponibilidad permanente de estos profesionales busca reforzar la capacidad de anticipación y asegurar respuestas rápidas y versátiles ante cualquier emergencia forestal.
El coste total de la medida se ha cifrado en 14,1 millones de euros, de acuerdo con las retribuciones vigentes más la subida salarial prevista en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre, añadió la Junta. El Ejecutivo autonómico precisó que esta inversión supone una ampliación del más del 130 por ciento de la plantilla activa de este operativo, lo que equivaldría a sumar más de 1.050 efectivos adicionales si se realizara mediante la creación de nuevos puestos, dando una dimensión cuantitativa de la inversión de recursos desplegada.
A través de su comunicado, la Junta explicó que con esta reforma apuesta por un operativo profesional y estable, preparado para actuar todo el año y con un enfoque integral en la prevención y protección del medio natural, así como en la seguridad de la población. La iniciativa, puntualizó la Junta de Castilla y León, persigue materializar la profesionalización y planificación de las campañas contra incendios forestales, dotando de mayores garantías tanto a los trabajadores públicos afectados como a los ciudadanos que se benefician de la protección del territorio.
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