La AN condena a empresarios, entre ellos de Ricardo Fuentes, por prácticas ilícitas en comercio de atún rojo

La sentencia de la Audiencia Nacional ha resaltado el uso sistemático de entramados societarios para dificultar el control de las autoridades y fragmentar las responsabilidades entre quienes integraban la red. Según informó Europa Press, siete destacados empresarios, entre ellos responsables del Grupo Ricardo Fuentes y del Grupo Pescnortmar, deberán enfrentar penas de prisión que suman casi 14 años por delitos relacionados con la comercialización irregular de atún rojo (Thunnus thynnus) y delitos contra la salud pública cometidos a través de diversas empresas pantalla. El fallo subraya la existencia de una actividad delictiva organizada y continuada, y penaliza la utilización de múltiples sociedades como instrumento para ejecutar estas prácticas ilegales.

Europa Press detalló que la investigación judicial identificó a los hermanos Juan Pedro y José Fuentes García, al frente del Grupo Ricardo Fuentes, como administradores de una estructura empresarial compleja y diversificada, formada por sociedades como Ricardo Fuentes e Hijos, S.A.; Viver Atún Cartagena, S.A.; Frigoríficos de Túnidos, S.A.; Tuna Graso, S.A.; Ricardo Fuentes e Hijos Comercializadora, S.A.; Seyfu Productos del Mar, S.L. y Mare Blu Tuna Farm. Estas empresas, según la sentencia, se emplearon para ocultar el origen ilícito del atún rojo comercializado, falsear documentación y dificultar la detección de las irregularidades por parte de los organismos reguladores.

Según publicó Europa Press, la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, propuso en julio de 2024 juzgar a ocho personas y a doce empresas, incluyendo al Grupo Ricardo Fuentes, considerado el principal exportador mundial de atún, en el marco de la denominada ‘Operación Tarantelo’. La instrucción se remonta a 2017, cuando comenzaron las primeras actuaciones de la investigación. Entre los encausados figuran, además de los hermanos Fuentes García, un agente de la Guardia Civil y responsables del Grupo Pescnortmar: Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim.

El fallo, al que accedió Europa Press, sostiene que los condenados no actuaron de manera aislada, sino que formaron parte de estructuras coordinadas, con una división de funciones dentro de los grupos empresariales implicados. Estas redes utilizaban procedimientos para dar apariencia de legalidad a las operaciones comerciales y evadir controles administrativos y sanitarios, introduciendo en el mercado importantes volúmenes de atún rojo fuera de los cauces legales. De acuerdo con la sentencia, tales prácticas contribuyeron al blanqueo de los elevados beneficios obtenidos con la venta irregular de pescado.

En relación a las condenas, el medio Europa Press consignó que los responsables del Grupo Ricardo Fuentes han recibido penas de seis meses menos un día de prisión y una multa de 71.600 euros por falsedad documental, a lo que se suma la inhabilitación especial para sufragio pasivo durante la condena. Por el delito contra la salud pública el castigo asciende a un año menos un día de prisión, otra multa de 71.600 euros y la inhabilitación especial durante un año y seis meses para operar en el comercio de atún rojo. A esto se suma otra pena de seis meses menos un día por integración en grupo criminal.

La llamada trama valenciana, encabezada por responsables del Grupo Pescnortmar y compuesta por empresas como Marfishval, S.L., Pescnort Mar, S.L., General World Frozen, S.L., Century Fish, S.L. y Endumar, S.L., ha recibido sanciones directamente vinculadas a la falsificación de documentación. Según reportó Europa Press, estas sanciones contemplan medio año menos un día de prisión, el pago de 50.120 euros de multa y la inhabilitación para el sufragio pasivo. Por delitos contra la salud pública, la condena para estos empresarios incluye un año menos un día en prisión, otra multa idéntica y la prohibición de participar en el comercio de atún durante un año y medio. Por pertenencia a grupo criminal, se impone también una pena adicional de seis meses menos un día de prisión.

La sentencia igualmente recoge la condena a Antonio Enrique Alcaraz Cabrera, apoderado de Pescados Masía e Hijos, S.L., y a Juan José Lara Uclés, vinculado a Hiberniamar, S.L., quienes, según lo probado por la Audiencia Nacional, utilizaron sus respectivas sociedades para falsear documentos y facilitar la comercialización irregular. Ambos deberán cumplir penas de once meses de cárcel, multas de 14.320 euros y periodos específicos de inhabilitación para el comercio de atún rojo, junto con la inhabilitación accesoria para el sufragio pasivo.

En el transcurso del proceso judicial, distintas asociaciones y empresas del propio sector optaron por posicionarse como acusación popular. Entre ellas figura el Grupo Balfegó, dedicado a la producción y comercio de atún rojo, que se sumó a Greenpeace España y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) en esta labor. El medio Europa Press incluyó declaraciones del director adjunto de Balfegó, Juanjo Navarro, quien expresó: “Todo el sector tiene que estar en contra de cualquier acto fraudulento y celebramos que tras la dilación que ha sufrido este proceso judicial, iniciado en 2018, por fin se condenen las prácticas ilegales”.

La estructura empresarial asociada al Grupo Ricardo Fuentes, según el fallo judicial difundido por Europa Press, ha sido identificada como el entramado de mayor tamaño dentro de la investigación. La sentencia indica que el volumen de actividades, la capacidad operativa y el número de sociedades implicadas fueron determinantes para asegurar el funcionamiento de la actividad ilícita en la cadena productiva y comercial del atún rojo. El uso de empresas interpuestas sirvió para encubrir la trazabilidad del producto, satisfacer la demanda comercial y asegurar beneficios económicos mientras se eludían los mecanismos de control impuestos para proteger la salud pública y la legalidad del comercio pesquero.

Europa Press expuso que tales acciones constituyen una modalidad delictiva donde la fragmentación de responsabilidades y la coordinación entre los diferentes actores empresariales dificultó de manera significativa el trabajo de las autoridades encargadas de la fiscalización, y favoreció que el atún procedente de pesca ilegal ingresara al mercado como si proviniese de operaciones reguladas. La sentencia también resaltó que la comisión de los delitos ocurrió de forma continuada, con distribución de tareas y estructuras empresariales utilizadas para dotar de aparente legitimidad las actividades.

La ‘Operación Tarantelo’ surgió como respuesta a la alarma generada por la detección de grandes volúmenes de atún rojo sin la correspondiente documentación que demostrase su procedencia legal y condiciones sanitarias. Según la información recogida por Europa Press, el proceso judicial transitó por varios años de instrucción hasta derivar en la sentencia que ahora impone penas efectivas de prisión y sanciones económicas sustantivas a los involucrados, marcando un precedente en el análisis de entramados criminales dentro del sector pesquero.

El fallo de la Audiencia Nacional se considera un referencial en la persecución de delitos económicos y contra la salud pública relacionados con la industria pesquera, por el alcance de las redes descubiertas y la metodología utilizada por las empresas involucradas. El caso abarca tanto la amenaza a los consumidores por la introducción en el mercado de productos que no cumplen las garantías sanitarias, como la competencia desleal provocada dentro del propio sector pesquero nacional y europeo.

Finalmente, según datos de Europa Press, el desmantelamiento de esta red y la imposición de condenas firmes ha merecido la atención de actores clave del sector y de entidades medioambientales, que han visto en la sentencia un mensaje disuasorio frente a las prácticas ilegales en la cadena de producción y comercialización del atún rojo en España.