El salario mínimo arrancará 2026 en 1.184 euros al mes a la espera de una nueva subida

El debate en torno a la reforma de las reglas de absorción y compensación asociadas al salario mínimo interprofesional se posiciona como uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Según informó el medio original, este aspecto condiciona la negociación en la que se definirán tanto el porcentaje de incremento del SMI para 2026 como su potencial sujeción al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). La cuestión central reside en determinar si los complementos salariales, como la antigüedad o la nocturnidad, deben absorber o no la subida del SMI en cada caso, lo que impactará directamente en la retribución final de los trabajadores que perciben el salario mínimo.

La cifra del SMI para 2026 iniciará el año anclada en los 1.184 euros mensuales en catorce pagas, que es el valor fijado para el cierre de 2025. Según publicó el medio original, se prevé que en enero el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales negocien una nueva subida, y una vez aprobada, el aumento tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, siguiendo la práctica habitual de los últimos años.

De acuerdo con el medio, la revisión del SMI dependerá nuevamente de las recomendaciones de un comité de expertos constituido en 2021, compuesto por representantes del Ejecutivo, organizaciones sindicales y el ámbito académico. El comité ha sugerido dos posibles escenarios: un incremento del 3,1% si el salario mínimo se mantiene exento de tributar en el IRPF, lo que lo elevaría en 37 euros hasta los 1.221 euros al mes; o bien, un 4,7% si pasa a tributar, lo que llevaría el SMI a los 1.240 euros, un aumento de 56 euros mensuales.

El Ministerio de Hacienda, según detalló el medio, se muestra dispuesto a analizar la actualización de las deducciones fiscales asociadas en caso de que el SMI pase a tributar, mientras que desde Trabajo existe preferencia por mantener la exención. Por su parte, los sindicatos proponen que el salario mínimo sí tribute y han planteado una subida inicial del 7,5%, lo que situaría el SMI en 1.273 euros mensuales brutos. Según sus cálculos, esto resultaría en un ingreso neto de 1.216 euros una vez realizado el pago de impuestos, representando un incremento neto del 2,7%. Aunque los sindicatos han mostrado disposición a revisar su propuesta tras conocer el informe de los expertos, mantienen la demanda de tributación.

En contraste, los empresarios, representados por CEOE y Cepyme, también se inclinan por la tributación del SMI, pero defienden un aumento más moderado, estableciendo su propuesta en hasta el 1,5%, lo que llevaría el SMI a los 1.202 euros brutos al mes. Esta posición está supeditada al respeto de las reglas actuales de absorción y compensación recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

El medio original reportó que el Ministerio de Trabajo sostuvo una reunión con los principales actores sociales —CCOO, UGT, CEOE y Cepyme— a mediados de diciembre para explorar las posibilidades de acuerdo, en un contexto marcado por la discusión paralela de la transposición al derecho español de la directiva europea sobre salarios mínimos. Trabajo ha manifestado la intención de tratar la subida del SMI y la reforma de las reglas de absorción de manera separada, aunque ambas forman parte de una negociación conjunta, lo que dificulta la consecución de un acuerdo tripartito.

Las diferencias más marcadas giran en torno al uso de los complementos salariales para absorber el incremento del SMI. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos quieren limitar esta práctica para garantizar que las subidas se reflejen en el salario total de las personas perceptoras del SMI, y no queden neutralizadas por el prorrateo o eliminación de pluses. CEOE, sin embargo, rechaza la propuesta y su presidente, Antonio Garamendi, ha advertido de que la patronal acudirá a los tribunales si se imponen restricciones a la absorción, argumentando que el Estatuto de los Trabajadores lo impediría. Garamendi considera que medidas en ese sentido podrían dar lugar a subidas de hasta el 20% o el 25% del salario mínimo en algunos casos y aboga por evitar fragmentaciones salariales dentro de una misma plantilla por la configuración de distintos complementos.

El medio original consignó que, históricamente, la fijación del SMI suele acordarse únicamente con los sindicatos. En febrero, el Ejecutivo aprobó un aumento del 4,4% para 2025, que supuso elevar el SMI hasta los 1.184 euros mensuales, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, fruto de un pacto entre Trabajo, CCOO y UGT sin el respaldo de la patronal. De hecho, los últimos cinco años han estado marcados por acuerdos exclusivos entre el Gobierno y los sindicatos, siendo 2020 la última ocasión en la que la CEOE y Cepyme suscribieron la subida del SMI, entonces de 900 a 950 euros mensuales.

El procedimiento legal únicamente obliga al Ministerio de Trabajo a consultar a los agentes sociales antes de fijar el salario mínimo, pero no requiere obtener su consenso. No obstante, Trabajo acostumbra a buscar acuerdos a tres bandas, una situación que en años recientes no se ha logrado a causa de diferencias sobre los mecanismos de absorción, los modelos de tributación y los porcentajes de incremento anual.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, expresó su deseo de que la negociación concluya antes del 15 de enero y que la subida adoptada se sitúe en el 4,7%, lo que implicaría la tributación en el IRPF. El medio informó que, por el momento, los acuerdos globales se mantienen distantes por la dificultad de conjugar la reforma de las reglas de absorción con el incremento del SMI en un solo pacto, dadas las posiciones contrapuestas de sindicatos y empresarios. Los términos de la reforma de la absorción continúan siendo un obstáculo fundamental para cerrar cualquier acuerdo sobre la subida salarial y su aplicación en 2026.