Aumentan a 27 los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes "excelentes" en inversión social, según un estudio

El análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales indica que el 9,5% de la población residente en municipios de más de 20.000 habitantes se encuentra bajo gobiernos locales que han alcanzado niveles “excelentes” en la inversión por habitante en servicios sociales, es decir, más de 200 euros anuales. Según publicó la asociación, el número de ayuntamientos en esta categoría ha aumentado a 27 en 2024, seis más que en el ejercicio anterior, lo que equivale al 6,7% de los 404 consistorios españoles de este tamaño.

El estudio, reseñado este martes por la entidad, analiza por undécima vez los presupuestos liquidados de la partida Funcional 23, correspondiente a ‘Servicios Sociales y Promoción Social’, publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el periodo de 2024. De acuerdo con el informe difundido por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos 27 ayuntamientos “excelentes” prestan servicios a más de tres millones de personas, mientras que en el extremo opuesto se ubican 45 municipios calificados como “pobres” en inversión social, que agrupan a 3.191.950 habitantes. Se observa así una situación de notable desigualdad en la distribución del gasto social entre municipios de tamaño similar.

En cuanto al gasto medio, la asociación reportó que la mediana se sitúa en 106,48 euros por residente, lo que implica un incremento del 4,36% respecto al año anterior. El desembolso conjunto en servicios sociales entre estos ayuntamientos superó los 4.261 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 6,2% con relación al ejercicio 2023. Esta evolución positiva en la cuantía global no impide detectar diferencias significativas en la inversión dependiendo del municipio.

Isla Cristina, en la provincia de Huelva, junto a Alcalá la Real (Jaén) y San Roque (Cádiz), aparecen como los ayuntamientos que destinan una mayor cantidad de recursos por habitante a servicios sociales, según reporta la asociación. En contraste, Galapagar, Aranjuez y Torrelodones, situados en la Comunidad de Madrid, figuran como los de menor inversión dentro del grupo analizado. En lo relativo a capitales de provincia, Barcelona y Bilbao destacan por su puntuación de “excelencia”, mientras que Badajoz y Toledo se encuentran en la categoría opuesta, con niveles “pobres” de inversión.

Andalucía se posiciona nuevamente como la comunidad autónoma que cuenta con más municipios catalogados como “excelentes” en este tipo de inversión, aportando 18 ayuntamientos al listado. Tal como detalla la asociación, esto responde en parte a la importancia que tiene en el presupuesto autonómico el Servicio de Ayuda a Domicilio a través del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), gestionado en coordinación con diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes, lo que resulta en un fuerte apoyo financiero.

En cuanto a los ayuntamientos que menos recursos asignan a estos fines, la Comunidad de Madrid concentra el 40% de los municipios definidos como “pobres” en inversión social, aunque retrocedió tres puntos respecto al año previo, cuando era el 43,5%. La Comunidad Valenciana le sigue, sumando tres nuevos ayuntamientos a la categoría “pobre” y alcanzando un total de 11. Unidas, ambas comunidades albergan el 65% de los municipios en esta franja de escasa inversión. Esta disparidad llama la atención de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que en el informe destaca cómo el “código postal” aparece como un factor central en la diferencia de derechos sociales y acceso a servicios, frente a los criterios de universalidad y equidad postulados por la legislación y las políticas públicas.

El documento de la asociación subraya que, a pesar del avance experimentado con el aumento de ayuntamientos en la franja de excelencia, persiste la desigualdad territorial en el acceso a los servicios sociales, incluso entre capitales de provincia. Este enfoque se basa en el análisis detallado de los presupuestos municipales y en cómo la distribución del gasto público afecta directamente a la calidad y cobertura de los servicios esenciales que reciben los ciudadanos.

Otro aspecto relevante mencionado por la entidad es el papel de la gestión autonómica y local en la definición de las políticas sociales. En regiones donde existe cooperación entre distintos niveles de la administración, como en el caso andaluz, se aprecia mayor capacidad para elevar la cuantía asignada a la atención social, con incidencia directa en los niveles de excelencia alcanzados.

La asociación concluye en su análisis que los datos actuales reflejan diferencias significativas en la asignación de recursos públicos según el territorio, reforzando la tesis de que la ubicación geográfica condiciona de forma importante la calidad y el acceso a servicios básicos. Según difundió la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la interpretación de estos resultados evidencia que el reto de igualar la inversión y promover la equidad continúa en la agenda de los gobiernos locales y autonómicos, a pesar de los avances observados en términos de incremento presupuestario anual y de ayuntamientos que alcanzan niveles superiores de excelencia en la inversión social.