EEUU empieza a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan del país

El Departamento de Seguridad Nacional implementó controles más estrictos en las fronteras de Estados Unidos y activistas de derechos civiles alertan sobre riesgos relacionados con la protección de la identidad y la privacidad de los viajeros ante las nuevas reglas del Gobierno

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Las nuevas regulaciones de entrada y salida en Estados Unidos eliminan las exenciones previas para menores de 14 años y personas de más de 79 años respecto al uso del reconocimiento facial en los controles fronterizos. Tal como destacó la agencia EFE, desde el viernes, las autoridades estadounidenses han comenzado a recolectar fotografías y datos biométricos de extranjeros en aeropuertos, pasos terrestres y puertos marítimos, en cumplimiento de una norma recientemente adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), norma que amplía el alcance de las medidas fronterizas.

De acuerdo con información publicada por EFE, la regla, que fue anunciada en octubre, establece que a partir del viernes el DHS cuenta con la autorización para registrar huellas dactilares y capturar aspectos faciales de todos los extranjeros durante su entrada y salida del país. Este sistema ahora se aplica también a grupos que previamente estaban exentos, como menores de 14 años y adultos mayores de 79, abarcando a toda persona que no ostente la ciudadanía estadounidense. Esto incluye a residentes permanentes, personas con residencia temporal, trabajadores temporales, y menores de edad, así como a los adultos mayores. La justificación central de esta medida, según el DHS citado por EFE, se centra en la necesidad de atender cuestiones de seguridad nacional.

Entre los motivos expuestos por el Gobierno estadounidense para poner en funcionamiento este sistema se encuentran la lucha contra el terrorismo, la prevención del uso fraudulento de documentos de viaje, el control de la permanencia indebida de visitantes en territorio estadounidense y la verificación de los datos proporcionados por los viajeros. En la nueva normativa, el DHS asegura que la integración de controles biométricos facilitará la confirmación precisa de la identidad de las personas no ciudadanas que soliciten acceder o salir del país, así como la verificación de su salida efectiva de Estados Unidos.

La medida ha provocado cuestionamientos desde organizaciones de defensa de los derechos civiles. Según reportó EFE, distintos activistas han puesto sobre la mesa interrogantes en torno al futuro de los datos recopilados bajo este nuevo esquema: desde el tiempo que serán conservados por las autoridades, hasta el destino de la información en caso de malentendidos o errores en el proceso. Las preocupaciones giran en torno a la protección de la privacidad e identidad de los pasajeros sometidos a estos controles tecnológicos en los puntos de ingreso y egreso del territorio estadounidense.

En paralelo al endurecimiento de estas disposiciones, el Gobierno de Donald Trump presentó el 10 de diciembre una nueva propuesta de regulación adicional. Bajo esta iniciativa, los turistas provenientes de 42 países —entre los que figuran España, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Catar— deberán proporcionar su historial de redes sociales de los últimos cinco años como parte del trámite para obtener la autorización de ingreso bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Según detalló EFE, este sistema administra los permisos de entrada para visitantes de distintos países que viajan a Estados Unidos por turismo o negocios, y la exigencia de información sobre redes sociales pretende sumarse al esfuerzo oficial de intensificar el control fronterizo.

De acuerdo con los recursos citados por EFE, la entrada en vigor de esta serie de controles marca un cambio en la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos al ampliar el seguimiento y el registro de datos personales y biométricos a grupos amplios y heterogéneos de viajeros. Mientras que las autoridades defienden la iniciativa como una herramienta eficaz contra amenazas como el terrorismo y el fraude documental, los grupos civiles plantean dudas sobre el equilibrio entre la seguridad y la protección de la privacidad individual en los procedimientos fronterizos.