
El Tribunal Supremo afgano ratificó la condena de cuatro personas, dos de ellas mujeres, por cargos de adulterio, ordenando que recibieran entre 25 y 30 azotes en la capital del país. El medio Europa Press recogió que el fallo incluyó también sentencias de prisión de entre uno y dos años para los acusados, quienes fueron sometidos al castigo público después de la confirmación de la decisión por parte del máximo organismo judicial.
Según informó Europa Press, el evento se desarrolló en Kabul bajo la supervisión de las autoridades instauradas por los talibán, quienes asumieron el control de Afganistán en agosto de 2021. El comunicado emitido por el Tribunal Supremo a través de la red social X detalló que las penas habían sido dictadas específicamente contra estas cuatro personas acusadas de mantener relaciones extramatrimoniales, conducta considerada delito bajo la interpretación de la ley por parte del régimen.
El medio añadió que la flagelación pública ocurrió solo un día después de que las autoridades aplicaran castigos similares a otras once personas también en Kabul, en esa ocasión por sentencias relacionadas con tráfico de drogas y alcohol. De esta forma, los talibán mantienen la práctica de castigos corporales como parte de su enfoque punitivo respecto a varios delitos, particularmente aquellos vinculados a temas morales y a la venta o consumo de sustancias prohibidas.
Europa Press subrayó que Naciones Unidas, a través de diferentes pronunciamientos, ha mostrado en repetidas ocasiones su rechazo a la imposición de castigos físicos en Afganistán, así como a la ejecución de condenados. El organismo internacional ha instado públicamente a las autoridades talibán a que detengan de inmediato este tipo de prácticas e introduzcan una moratoria para penas como las flagelaciones, argumentando que este sería un primer paso hacia la eliminación total de los castigos corporales en ese país.
Las críticas de Naciones Unidas, reportó el medio, se apoyan en estándares internacionales de derechos humanos que consideran tales sanciones como trato cruel e inhumano. De acuerdo con Europa Press, dichas preocupaciones ya habían sido esgrimidas por altos representantes de la organización en contextos previos, al valorar negativamente tanto la aplicación de la sharia en términos estrictos como la ausencia de garantías judiciales en procedimientos que derivan en la flagelación y otras penas físicas.
El uso reiterado de castigos públicos en Afganistán, según consignó Europa Press, se ha incrementado desde la llegada de los talibán al poder, siendo al menos dos las ocasiones recientes en las que se llevaron a cabo sentencias de este tipo en espacios abiertos de Kabul. El medio indicó que la publicación del Tribunal Supremo sirvió no solo para informar sobre la ejecución de la pena, sino también como advertencia ante posibles transgresiones futuras contempladas por las leyes vigentes bajo el control talibán.
Euopa Press puntualizó que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado que Afganistán adopte reformas legales que modifiquen la respuesta estatal ante delitos relacionados con la vida privada y el consumo de sustancias, recomendando sistemas que prioricen el respeto a la dignidad y la integridad física de las personas acusadas o condenadas. Las peticiones también abarcan la eliminación de los juicios que derivan en castigos colectivos o ejemplarizantes, atribuyendo tales prácticas a violaciones a los compromisos internacionales asumidos por Afganistán en materia de justicia penal y protección de la integridad personal.
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