Los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han condenado el "robo" de otro petrolero venezolano a manos de Estados Unidos y han alertado de que esto sienta un "grave precedente" a nivel internacional.
"Estas acciones forman parte de la estrategia para sustituir las normas por la intimidación y el despojo", han aseverado en un comunicado, después de que un segundo buque fuera interceptado el sábado por las fuerzas estadounidenses cuando transportaba petróleo venezolano.
Así, han acusado al Gobierno de Estados Unidos de "actuar como un corsario" y "privar ilegítimamente de libertad a la tripulación" del petrolero, al tiempo que ha advertido de que "este grave acto de piratería cometido en aguas internacionales viola la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, los principios fundamentales del Derecho Internacional y el texto de la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima".
Además, asegura que es "una agresión inadmisible contra el comercio legítimo y la soberanía de los Estados", que "desenmascara una intención deliberada de saqueo de los recursos naturales de un país soberano y establece un gravísimo precedente para la región y para el sistema internacional en su conjunto".
Desde el ALBA-TCP señalan que se trata de "una estrategia supremacista de dominación neocolonial" orientada a "imponer por la fuerza un orden anárquico en el que prevalezca la violencia, socavando el Derecho Internacional y sustituyendo las normas por la intimidación y el despojo".
"La Alianza Bolivariana reitera su solidaridad plena y activa con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y respalda el ejercicio de todas las acciones jurídicas y diplomáticas correspondientes ante las instancias multilaterales competentes", ha manifestado.
Además, estos países han exigido el cese "inmediato" de estas prácticas ilegales y la determinación de "responsabilidades". "Es una acción repudiable que supone una agresión directa a todas las naciones", ha sostenido.
UNA NUEVA INCURSIÓN
Estados Unidos realizó el domingo su tercera incursión de este tipo de aguas frente a Venezuela a pesar de que el tercer petrolero afectado no figuraba en la lista de buques sancionados por el Tesoro estadounidense.
No obstante, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, indicó entonces que el petrolero "transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones" (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que "es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Dadas estas circunstancias, fuentes oficiales estadounidense bajo condición de anonimato han explicado al diario 'Washington Post' que el abordaje de los guardacostas estadounideses está amparado en realidad por una ley marítima conocida como "derecho de visita", por la que un buque de guerra puede efectuar una inspección en un navío con solo la mera sospecha de que está involucrado en actividades ilícitas.
Las autoridades venezolanas han calificado de "piratería" esta nueva confiscación que, a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y supone una "flagrante comisión" de un "delito".
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