Los países del ALBA-TCP condenan el "robo" de otro petrolero venezolano: "Sienta un grave precedente"

El impacto que podría tener la repetición de intervenciones similares a escala internacional fue uno de los aspectos más advertidos en el comunicado difundido por los países integrantes del ALBA-TCP, que alertaron sobre las consecuencias de acciones unilaterales en la gobernabilidad internacional y en la seguridad del comercio marítimo. Según informó el medio que publicó la noticia, los miembros de la Alianza solicitaron respaldo internacional para frenar este tipo de operaciones ante lo que consideran un precedente fuera de la legalidad, tras la incautación de un petrolero venezolano por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

El reporte difundido por la misma fuente detalló que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos calificó la detención y abordaje del buque como un “grave acto contrario al Derecho Internacional”. Los representantes regionales enmarcaron esta acción fuera de los principios normativos que regulan la navegación y el comercio global, y señalaron que la operación se efectuó en aguas internacionales, consolidando según los países del bloque una transgresión directa a la soberanía venezolana.

Esta intervención constituyó la tercera operación de características similares en la región, según consignó el medio. La incautación se produjo frente a las costas de Venezuela cuando, de acuerdo con las declaraciones de la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, el navío propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) transportaba hidrocarburos sujetos a sanciones internacionales. No obstante, el medio resaltó que ese petrolero no figuraba en el listado oficial del Departamento del Tesoro correspondiente a embarcaciones sancionadas, elemento que los miembros del ALBA-TCP calificaron de agravante en el proceder de Estados Unidos.

El comunicado oficial, citado por la fuente, denunció que la incautación fue un “robo” contra el Estado venezolano y sostuvo que la tripulación de la embarcación resultó víctima de una “privación ilegítima de libertad”. En el mismo texto, la Alianza equiparó el accionar estadounidense con prácticas arbitrarias y asimiló la intervención a una estrategia de intimidación y despojo, con el objetivo de sustituir el marco normativo multilateral por dinámicas de fuerza. Según detalló el medio, en el comunicado se llegó a describir a Estados Unidos como un “corsario”, en referencia a la supuesta arbitrariedad de la operación y el trato recibido por la tripulación.

El ALBA-TCP basó sus críticas en referencias explícitas a la Carta de las Naciones Unidas y la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, según informó la fuente. El bloque reafirmó la vigencia de estos instrumentos internacionales y expresó su rechazo a toda iniciativa que, en su perspectiva, busque debilitar los mecanismos globales que amparan la navegación y las transacciones internacionales, advirtiendo sobre un posible “orden anárquico” basada en la imposición de la fuerza entre Estados.

La respuesta de los miembros del ALBA-TCP incluyó el respaldo a las medidas legales y diplomáticas adoptadas por el gobierno de Venezuela en organismos multilaterales. De acuerdo con lo publicado, la Alianza manifestó su apoyo incondicional a cada recurso judicial y político desplegado por Caracas en defensa de sus intereses nacionales.

Sobre los motivos esgrimidos por las autoridades estadounidenses, la cobertura original citó fuentes del ‘Washington Post’, que alegaron el “derecho de visita marina” como justificación formal para la intervención. Según esta interpretación, la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra autorizada a inspeccionar buques en aguas internacionales en caso de sospechas de actividades ilícitas. Funcionarios venezolanos rechazaron este argumento y, conforme recoge el medio, lo equipararon a una modalidad moderna de “piratería”, enmarcando su protesta en el incumplimiento de tratados internacionales y las consecuencias sobre la seguridad jurídica global.

En el plano político, la portavoz adjuncta de la Casa Blanca sostuvo que el buque interceptado operaba como un “navío de falsa bandera”, incluido en la “flota en la sombra venezolana” dedicada supuestamente a la exportación de petróleo bajo sanciones, recursos que estarían destinados, según la vocera y de acorde con la política oficial estadounidense, a financiar al gobierno de Nicolás Maduro, definido como “régimen narcoterrorista”. La postura oficial estadounidense fue recogida en el informe del medio junto a la reacción de condena emitida desde la Alianza.

La declaración final del ALBA-TCP, reflejada por el medio, remarcó la urgencia de restablecer el cumplimiento de los compromisos multilaterales y solicitó que todo procedimiento relacionado con posibles violaciones a la legalidad marítima internacional sea gestionado únicamente a través de foros e instancias reconocidas. El bloque pidió que se sancione a quienes resulten responsables de la incautación del petrolero, reafirmando su rechazo a cualquier forma de intervención unilateral como la que se reportó en este incidente.

El grupo regional vio en la intervención del buque venezolano una “agresión directa a todas las naciones” con capacidad para afectar la estabilidad general del comercio marítimo y petrolero a nivel internacional. Según subrayó el medio, la Alianza solicitó la revisión de las responsabilidades diplomáticas y jurídicas en el marco de los sistemas multilaterales y enfatizó la importancia de mantener la seguridad y la gobernabilidad en las rutas comerciales.

En el mismo comunicado, la organización solicitó el cese inmediato de las prácticas que consideraron unilaterales y un retorno al respeto irrestricto de la legalidad marítima internacional, expresando que apoyarían a Venezuela frente a cualquier nuevo acto que pueda interpretarse como atentado a la soberanía nacional y a los recursos naturales bajo jurisdicción venezolana. En el análisis presentado, el ALBA-TCP argumentó que permitir que estos eventos queden impunes podría sentar las bases para expandir la aplicación de medidas similares en otras regiones y sobre otros Estados.

La nota publicada por el medio concluye que los países miembros de la Alianza alertaron sobre los riesgos que este precedente puede suponer para cualquier nación que utilice el comercio marítimo internacional y reiteraron que el control y la resolución de estos conflictos debe retomarse dentro de los canales multilaterales existentes, con el fin de garantizar la estabilidad y la aplicación efectiva de la normativa internacional.