El Parlamento forma un grupo de trabajo para "estudiar rápidamente" la posible celebración de presidenciales

Las peticiones realizadas por actores internacionales y los cuestionamientos respecto a la legitimidad democrática en Ucrania impulsaron el reciente anuncio en la Rada Suprema sobre un grupo de trabajo con integrantes de todos los bloques parlamentarios, la comisión electoral central y organizaciones de la sociedad civil, con el mandato de evaluar de forma acelerada la viabilidad de celebrar elecciones presidenciales bajo la ley marcial, aun vigente desde el inicio de la ofensiva militar rusa en febrero de 2022. Según publicó el medio, esta respuesta institucional surge mientras persiste la presión diplomática y se multiplican las demandas externas para que el Gobierno garantice a la población el ejercicio del voto en condiciones excepcionales.

La conformación de este grupo fue confirmada por David Arajamia, jefe de la bancada parlamentaria del partido Servidor del Pueblo, quien detalló que la iniciativa deriva de un acuerdo previo entre diversas fuerzas políticas para someter a análisis urgente las condiciones técnicas y jurídicas de una convocatoria electoral durante el estado de excepción, reportó el medio. Arajamia indicó que la composición del grupo asegura la representatividad de todas las comisiones parlamentarias, así como la inclusión de actores clave tanto de la administración electoral como de colectivos ciudadanos especializados en procesos electorales.

El medio consignó que este organismo se abocará al estudio de los factores políticos, legales y prácticos que permitan, o no, llevar a cabo elecciones presidenciales pese a las limitaciones impuestas por la ley marcial. El debate no cuenta todavía con una fecha concreta para el arranque de sus discusiones, pero el objetivo principal consiste en acelerar el análisis y elevar un informe sobre la factibilidad de articular comicios transparentes y seguros cobrando especial relevancia el contexto bélico.

La propuesta parlamentaria adquiere un nuevo cariz tras el pronunciamiento del presidente Volodimir Zelenski, quien semanas atrás manifestó su disposición a convocar a las urnas si se lograban las garantías suficientes, tanto en términos de seguridad como mediante reformas legales que permitan el voto bajo estado de emergencia. El medio detalló que Zelenski se refirió también a la controversia en torno a la continuidad de su mandato, que expiró en abril de 2024 según los plazos establecidos en su elección de 2019. En declaraciones difundidas por el medio, el mandatario defendió que no busca extender su presidencia más allá de lo previsto constitucionalmente y aclaró: “He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa”.

Las presiones para activar un calendario electoral bajo ley marcial crecieron luego de afirmaciones públicas realizadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según reportó el medio con base en una entrevista concedida por Trump al portal ‘Politico’, el exmandatario afirmó: “Creo que es el momento”, aludiendo al extenso periodo sin elecciones en Ucrania y sugirió que el Gobierno “está usando la guerra para no celebrar elecciones”. Trump agregó: “Creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones”. Además, expresó inquietud sobre el estado del proceso democrático al afirmar: “Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia”.

Según consignó el medio, tanto Washington como distintos gobiernos europeos han instado a Kiev a habilitar mecanismos democráticos efectivos y a introducir las reformas legales y organizativas necesarias para que la ciudadanía ucraniana pueda votar, aun en contexto de conflicto militar. El retraso acumulado en la organización de comicios desde la entrada en vigencia de la ley marcial se ha convertido en un foco de atención en la escena internacional y ha motivado reiterados llamados diplomáticos en busca de explicaciones y garantías.

Zelenski recalcó ante interlocutores externos que su gobierno no pretende eludir la consulta popular, remarcando que solo la falta de seguridad y la ausencia de las reformas jurídicas pertinentes han aplazado la cita con las urnas. El presidente ucraniano especificó que, de alcanzarse una base mínima de protección ciudadana y de aprobarse los marcos normativos apropiados, la organización de elecciones podría concretarse en un plazo de dos o tres meses.

El medio puntualizó que el trabajo del nuevo grupo parlamentario abarcará cuestiones centrales como el acceso y la seguridad de los votantes en regiones afectadas por operaciones bélicas, la actualización de los registros de electores y la complejidad logística de garantizar el voto seguro para toda la población. Los procedimientos a analizar tendrán como referencia tanto la legislación nacional como los estándares internacionales de transparencia e integridad electoral.

El desarrollo de esta comisión parlamentaria coincide con un clima de diálogo y presión internacional, en el que Occidente ofrece apoyo técnico, promueve la observación internacional y demanda mayores garantías de seguridad para una eventual votación. El medio remarcó que estas dinámicas acompañan el proceso de aproximación de Kiev a sus socios internacionales y buscan evidenciar el compromiso democrático de la administración ucraniana frente al desafío militar constante de Moscú.

La conformación del grupo de trabajo en el Parlamento ucraniano se produce mientras prosiguen las negociaciones internacionales orientadas a explorar rutas hacia la paz entre Ucrania y Rusia. El Gobierno de Zelenski y sus aliados, remarcó el medio, deben ponderar la protección del sistema democrático frente a las exigencias de la defensa nacional, en un contexto donde las tensiones y amenazas continúan presentes de forma permanente.

Dentro de este marco, la puesta en marcha de la comisión podría abrir nuevas etapas tanto en la política interna ucraniana como en las relaciones con la comunidad internacional. Según destacó el medio, el balance entre el mantenimiento de garantías democráticas y la respuesta a los retos de seguridad constituye el eje central del debate que afrontará el grupo designado en la Rada Suprema.