Detenidos ocho miembros de una organización dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España

Las autoridades han desmantelado una red que introducía ciudadanos extranjeros por rutas ilegales, quienes eran captados en situaciones de vulnerabilidad y obligados a asumir onerosas deudas bajo amenazas y explotación laboral en distintos sectores del país

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La organización identificada en Sevilla contaba con un método que incluía amenazar a familiares en Colombia cuando las personas captadas no lograban abonar las cuotas de la deuda impuesta. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, varias víctimas tuvieron que mudarse y dejar sus residencias para protegerse ante posibles represalias. Este entramado fue desmontado el lunes tras una operación efectuada en Sevilla, donde se produjo la detención de ocho personas presuntamente vinculadas al grupo, entre ellas los principales responsables, según detalló la nota oficial difundida por este cuerpo de seguridad.

El medio citó que la investigación se originó tras el análisis de datos obtenidos durante una acción anterior en 2024 relacionada con trata de seres humanos. El examen de esa información permitió identificar la existencia de otro grupo criminal, asentado en Sevilla, dedicado a facilitar el traslado irregular de ciudadanos desde Colombia hacia España. Según reportó la Policía Nacional, esta red operaba no solo en territorio español, sino también en el país de origen de quienes resultaban afectados, estableciendo así una estructura internacional perfectamente organizada.

El procedimiento de captación comenzaba en Colombia, donde varios miembros de la organización, según consignó la Policía Nacional, se especializaban en detectar personas en estado de extrema vulnerabilidad económica y social. A estos potenciales migrantes se les ofrecía la posibilidad de viajar hasta España para desempeñar labores vinculadas al sector de cuidados a personas dependientes o en la restauración. La oferta se materializaba en un denominado “pack de viaje”, que incluía el desplazamiento en avión y supuestos acuerdos temporales de permanencia en el país europeo.

A cambio del viaje, los ciudadanos aceptaban una deuda económica que fluctuaba entre 4.000 y 5.000 euros, de acuerdo con la información de la Policía Nacional. El medio señaló que, por lo menos, 22 personas lograron ingresar en España a través de este mecanismo. Los integrantes de la red instruían de forma precisa a las víctimas para que simularan ser turistas, proporcionándoles fondos en efectivo destinados a facilitar la superación de los controles fronterizos. La cantidad de dinero entregada a cada persona debía ser devuelta de forma inmediata tras pisar suelo español.

Una vez en España, los responsables del entramado adoptaban el papel de agencia de colocación. Se ocupaban de gestionar empleos principalmente en dos sectores: el cuidado de personas en Sevilla y el sector de la restauración en la provincia de Cádiz. En los trabajos del sector hostelero, introducían una nueva modalidad de explotación: proporcionaban documentación ajena, perteneciente a individuos regularizados o asociados a la organización, lo que permitía ocultar la situación irregular de las víctimas durante la contratación laboral. Este alquiler de documentación se cobraba a razón de 200 euros mensuales.

El procedimiento implicaba un beneficio adicional para los titulares legales de la documentación, ya que, según puntualizó la Policía Nacional, se lucraban posteriormente mediante el cobro de prestaciones por desempleo generadas por estos empleos falsos. En el caso de impagos de la deuda acumulada durante el proceso migratorio, la organización criminal respondía empleando amenazas directas hacia los familiares de las víctimas en Colombia, lo que llevó a que varias personas cambiaron de domicilio o abandonaron incluso sus comunidades de origen con tal de evitar consecuencias hacia sus allegados.

Durante el operativo, según informó la Policía Nacional, lograron detener a ocho integrantes de esta red, incluida la cúpula, en una acción que, según reiteró el medio, permitió acreditar el funcionamiento y el alcance del grupo criminal, así como desmontar los mecanismos de captación, desplazamiento y explotación laboral desplegados tanto en Colombia como en España. La investigación continúa abierta, enfocada en esclarecer el destino de más posibles víctimas y la totalidad de los beneficios económicos obtenidos por los responsables.