Miembros del órgano electoral de Honduras cruzan acusaciones de torpedear el escrutinio

El debate sobre la legitimidad de las firmas electrónicas y otras herramientas digitales introducidas en el proceso electoral hondureño ocupó un lugar central durante la revisión de los resultados, forzando a los responsables a justificar cada innovación implementada y a responder a las reiteradas solicitudes de aclaración sobre la validez normativa de las mismas. En este contexto, el escrutinio electoral se llevó a cabo bajo vigilancia estricta tanto nacional como internacional, con la participación de observadores, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, según detalló El Heraldo.

La revisión de más de 2.800 actas electorales cobró relevancia decisiva, dada la reducida diferencia de votos –inferior al uno por ciento– entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. De acuerdo con El Heraldo, la presión social y política provocó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptara un enfoque técnico y jurídico poco habitual, lo que derivó en la implementación de lineamientos más estrictos para la justificación explícita de cada acción y decisión tomada durante el recuento.

Las sesiones del CNE se desarrollaron bajo un nivel de escrutinio público inusitado. Tanto medios de comunicación como observadores extranjeros y partidos nacionales supervisaron cada resolución y trámite en el Centro Logístico Electoral del Instituto Nacional de Formación Profesional, lo que obligó a documentar y divulgar en tiempo real cada etapa del proceso. El Heraldo consignó que las deliberaciones se caracterizaron por discusiones sobre la legalidad de reuniones virtuales, asunto que marcó una de las jornadas más extensas de la historia reciente del órgano electoral.

Entre los principales puntos de fricción se encontraron las discrepancias entre consejeros y la desconfianza sobre el uso de la tecnología para certificar resultados. Consejeras como Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio participaron en varias sesiones por vía virtual y defendieron ante El Heraldo la legalidad de estos encuentros. Hall afirmó al medio que la presión externa, sumada a los retos técnicos, forzó a sustentar legalmente cada resolución, y declaró haber participado junto con López-Osorio en todas las sesiones relevantes.

Marlon Ochoa, representante del partido LIBRE, manifestó a El Heraldo su preocupación por la dificultad de ejercer controles efectivos cuando los consejeros no estaban presentes físicamente. Sostuvo que la integridad del proceso podía verse afectada por esas circunstancias, lo que avivó el debate interno en el CNE. Las acusaciones mutuas entre los miembros del órgano aumentaron la tensión: Cossette López-Osorio denunció, a través del citado medio, que existieron intentos de intimidación entre consejeros, afirmando: “Cree que puede someternos a sus caprichos mediante amenazas, intimidación y el respaldo de quienes lo acompañan en esta peligrosa deriva. Su intención es evidente”.

Estas disputas llevaron a una revisión de los procedimientos institucionales, orientados a reforzar la trazabilidad jurídica de cada determinación y restaurar la confianza pública en la labor del CNE. Según relató El Heraldo, la revisión de las actas se estructuró sobre parámetros similares a los de un procedimiento judicial, con estricta verificación normativa de cada paso, lo que obligó al órgano a exponer y justificar ante la opinión pública todas sus estrategias y decisiones.

El registro de las sesiones, la constante vigilancia mediática y la transmisión en tiempo real de parte del proceso se convirtieron en mecanismos para atender la demanda de transparencia y responder a las dudas surgidas sobre la integridad del escrutinio. El Heraldo reportó que las jornadas superaron los diez días y estuvieron marcadas por la continua confrontación entre los miembros del CNE y la alta cantidad de impugnaciones presentadas, lo que distinguió la revisión como una de las más vigiladas en la historia electoral reciente del país.

La implementación de herramientas digitales fue uno de los temas más controvertidos, pues los partidos, misiones extranjeras y representantes de la sociedad civil requirieron reiteradamente explicaciones y controles legales adicionales sobre la certificación electrónica de los resultados. Este debate generó la obligación de que el CNE ajustara y documentara cada fase, bajo criterios tanto técnicos como legales.

El seguimiento permanente de actores nacionales e internacionales transformó la gestión tradicional de los comicios en Honduras. De acuerdo con el relato de El Heraldo, la transparencia y la legalidad se establecieron como condiciones determinantes para el reconocimiento de los resultados electorales por la ciudadanía y las fuerzas políticas. Las diferencias internas entre los consejeros y la presión de los observadores y partidos incidieron en cada decisión, provocando el fortalecimiento de los procedimientos y la transformación del recuento en un modelo de exposición pública y control normativo.

La combinación de vigilancia social, controles institucionales y exigencias de los distintos actores convirtió el recuento de votos y la resolución de impugnaciones en un referente nacional sobre el uso de tecnología, la legitimidad institucional y los exigentes estándares de fiscalización. Según indicó El Heraldo, el proceso evidenció la necesidad de adaptación de las instituciones ante contextos de alta tensión política, márgenes de victoria reducidos y avances tecnológicos en la certificación electoral.

Las modificaciones en los protocolos y la intensificación de la supervisión dejaron como saldo un proceso electoral ampliamente documentado y sometido a un nivel de escrutinio sin precedentes en el país.