Venezuela pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad ante la "agresión abierta y criminal" de EEUU

La desaparición de la tripulación del buque petrolero venezolano confiscado ha sido presentada ante las Naciones Unidas como parte de una estrategia internacional dirigida contra Venezuela. De acuerdo con Europa Press, el gobierno de Caracas sostiene que esta acción, junto con la confiscación del barco, no corresponde a incidentes aislados sino a una serie de medidas sistemáticas que afectan el comercio marítimo y aéreo del país. El gobierno venezolano plantea que estas acciones buscan traspasar el control de las reservas energéticas nacionales y afectar la soberanía económica de Venezuela. Conforme informó Europa Press, Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, fundamentando la petición en una supuesta “agresión abierta y criminal” atribuida a Estados Unidos.

El embajador Samuel Moncada, en una misiva enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, denunció lo que describe como una “expoliación internacional” y asocia la confiscación del petrolero y la desaparición de sus trabajadores a una ofensiva exterior que, según el documento oficial, aspira a transferir el manejo estratégico de la industria petrolera venezolana. El texto, reproducido por Europa Press, especifica que hasta la fecha no existían antecedentes de que una administración extranjera hubiese tomado el control directo de activos estratégicos ni de partes del territorio venezolano.

En la documentación divulgada por el ministro de Exteriores, Yván Gil, y citada por Europa Press, el Ejecutivo venezolano atribuye a la combinación de sanciones y bloqueos, impuestos unilateralmente por Estados Unidos y gobiernos aliados, el deterioro profundo de la economía y el tejido social del país. Según la carta dirigida a la ONU y reseñada por Europa Press, dichas medidas, junto a la suspensión del espacio aéreo decretada a finales de noviembre, han repercutido sobre sectores clave, afectando la industria petrolera venezolana y provocando la paralización del tráfico aéreo civil y de las operaciones comerciales internacionales.

El gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a las autoridades estadounidenses de utilizar estas presiones para condicionar decisiones internas, describiendo estas prácticas, según Europa Press, como equiparables a las políticas coloniales orientadas a restaurar la influencia extranjera en la explotación de recursos naturales. La comunicación destaca, en palabras de Europa Press, el objetivo de Washington de transferir el control de las reservas energéticas venezolanas a terceros países o a empresas transnacionales, como reacción a la negativa de Venezuela de permitir injerencias externas en su política soberana.

En el mismo documento, la representación venezolana denuncia un bloqueo absoluto a embarcaciones con relaciones comerciales, lo que obstaculiza la operatividad internacional de Venezuela. Al mismo tiempo, rechaza la justificación presentada por el gobierno estadounidense, que enmarca las sanciones y maniobras militares en el Caribe y el Pacífico dentro de su política antidrogas. Según la información obtenida por Europa Press, Caracas afirma que estas operaciones militares han resultado en la muerte de más de noventa personas, apoyándose en fuentes oficiales, y presenta estos hechos ante la comunidad internacional como prueba de una presión que, advierte, supera el plano diplomático y económico, incluyendo actuaciones militares en áreas de influencia venezolana.

La misiva enviada a Naciones Unidas por el Ministerio de Exteriores y difundida por Europa Press advierte sobre las consecuencias de una falta de respuesta internacional ante este tipo de medidas unilaterales. El texto evalúa que la omisión de una reacción pondría en entredicho la vigencia del derecho internacional y debilitaría los principios y mecanismos establecidos tras la Segunda Guerra Mundial para prevenir crisis de gran escala. De acuerdo con Europa Press, el gobierno venezolano advierte que la normalización de estos mecanismos, de no adoptarse decisiones inmediatas en el Consejo de Seguridad, pondría en riesgo tanto la soberanía y la independencia política de Venezuela como la de cualquier otro país sometido a presiones externas comparables en el futuro.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la delegación venezolana subrayó la urgencia de garantizar la integridad del sistema de seguridad colectiva y de los marcos legales fundacionales de Naciones Unidas, orientados a proteger a los Estados frente a acciones de orden económico o militar adoptadas de forma unilateral.

Como parte de su acción diplomática, el gobierno de Venezuela insistió ante el Consejo de Seguridad, según Europa Press, en la necesidad de que el organismo internacional adopte medidas para restaurar las garantías internacionales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, llamando a una coordinación inmediata de la comunidad internacional ante lo que describe como un riesgo para la estabilidad, el equilibrio y la seguridad interestatal.