La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tilda a los acosadores de "deleznables" tras los casos en el PSOE

Durante la comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Senado, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell Martínez Perza, expuso que la futura Ley Orgánica sobre medidas relacionadas con la violencia vicaria se beneficiará de 57 aportaciones ciudadanas y de entidades expertas recolectadas durante el periodo de consulta pública. Según informó Europa Press, la responsable gubernamental remarcó que, tras el análisis y valoración de dichas propuestas recibidas entre el 3 y el 24 de octubre, el Ministerio de Igualdad ajustará el texto legal antes de presentarlo en enero al Consejo de Ministros, con el objetivo de mejorar la protección ante la violencia ejercida por un progenitor sobre los hijos para causar daño a la madre.

En su intervención, Martínez Perza señaló que el total de observaciones recibidas incluyó la participación de 23 personas físicas, la mayoría especializadas en violencia de género, y 34 entidades, corporaciones profesionales y sindicatos. De acuerdo con Europa Press, el proceso de recepción y valoración de estas propuestas se plantea como un refuerzo a la futura legislación, de modo que la normativa contemple tanto las realidades reconocidas por expertos como las experiencias de las personas afectadas y de los colectivos directamente implicados.

Sobre los mecanismos de protección tecnológica, la delegada abordó el funcionamiento del sistema Cometa, que gestiona las pulseras telemáticas de control para agresores. Destacó que el sistema cuenta con garantías avaladas por la empresa adjudicataria, pero admitió que persisten dificultades técnicas principalmente en áreas rurales y de montaña donde la cobertura no es suficiente. Según precisó Europa Press, Martínez Perza advirtió que los órganos judiciales deberían evitar imponer esta medida de protección en esos lugares y recomendó optar por otras alternativas cuando sea previsible la falta de conectividad.

Martínez Perza anunció que actualmente se está desarrollando tanto una auditoría externa como un informe interno sobre el funcionamiento del sistema Cometa, trabajos que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, estarán concluidos durante el próximo año. Explicó que “no da tiempo de terminarlo” en el año en curso. Indicó además que hasta la fecha, la Delegación ha tramitado 95 quejas relacionadas con estos dispositivos, cuyos reclamos se han atendido de manera individualizada. Aclaró que, en algunos casos, los planteos eran generales y no correspondían a incidencias concretas, lo que motivó que se solicitara información adicional para su evaluación.

Respecto a las alertas que generan las pulseras telemáticas, Martínez Perza defendió su razón de ser, señalando que la finalidad de estos sistemas es precisamente advertir situaciones de acercamiento peligroso por parte de los agresores. Insistió en que las mujeres usuarias disponen de la información necesaria sobre su funcionamiento y los dispositivos están diseñados para su activación ante riesgos de violencia de género, según informó Europa Press.

Durante la misma sesión, la senadora popular Nidia María Arévalo aprovechó la ocasión para plantear preguntas sobre los recientes casos de acoso sexual en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Frente a este cuestionamiento, Martínez Perza respondió calificando a los acosadores como “deleznables” y ratificó su compromiso total, tanto personal como institucional, en la lucha contra toda forma de violencia machista, sin diferenciar por la procedencia social, nacionalidad, filiación partidaria o profesión del agresor, según publicó Europa Press. Al respecto, declaró: “El acoso no entiende ni de clases sociales, ni de nacionalidades, ni de partidos, ni de profesiones, ni de nada”.

Arévalo también transmitió críticas hacia el Gobierno y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quienes acusó de perjudicar a las mujeres en lugar de actuar como un escudo protector, afirmando que el Ejecutivo “las ataca y confunde”. Además, la senadora apuntó contra el papel desempeñado por el PSOE frente a la violencia de género, según consigna Europa Press.

En lo relativo a los recursos judiciales, la senadora María Dolores Etxano, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), pidió una valoración de la Delegación respecto a los medios asignados a los juzgados para atender la violencia de género, y consideró que estos resultan insuficientes. Según detalla Europa Press, Etxano también recalcó la importancia de tener en cuenta las experiencias de las mujeres que utilizan dispositivos electrónicos de protección.

Por su parte, la representante de EH Bildu, Olaia Duarte, solicitó celeridad en la tramitación del anteproyecto legislativo sobre violencia vicaria y manifestó preocupación sobre la falta de acompañamiento a las víctimas, especialmente en lo que respecta a la asistencia jurídica por turno de oficio.

Dentro del grupo de izquierda confederal, Miren Uxue se interesó por la aplicación de medidas flexibles ante los potenciales fallos en los dispositivos de control telemático, además de consultar sobre la evolución de las denuncias de violencia machista y el papel de los ayuntamientos que se suman al sistema integral de seguimiento VioGén.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Martínez Perza explicó que el incremento del número de municipios integrados en el sistema VioGén representa una de las prioridades del Ministerio de Igualdad. No obstante, indicó que la gestión directa de ese sistema corresponde al Ministerio del Interior. Apuntó que, aunque restan ayuntamientos por incorporarse, las localidades más grandes ya forman parte del sistema, lo que valoró como un progreso. Sin embargo, remarcó la necesidad de continuar ampliando esa cobertura institucional y territorial.

La convocatoria de la delegada ante la comisión del Senado tuvo lugar casi dos años después de la petición original del Partido Popular para su comparecencia, según precisó Europa Press. A lo largo de la sesión, la parlamentaria socialista María del Carmen Silva instó a abandonar la confrontación política y a promover la colaboración y búsqueda de acuerdos que permitan avanzar en la erradicación de la violencia de género, así como en la mejora de los mecanismos de control y protección para las víctimas.

El debate parlamentario evidenció persistentes diferencias en la valoración de los esfuerzos y recursos asignados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como en el funcionamiento tecnológico y judicial de los sistemas de protección. Mientras la Delegación del Gobierno expuso el desarrollo de los proyectos legislativos y la actualización de las principales acciones en marcha, los distintos grupos políticos plantearon demandas y críticas en torno a la eficacia y suficiencia de las actuaciones, reflejando el amplio abanico de posiciones sobre la gestión pública ante la violencia de género en España.