Condenados en Perú a 17 años de cárcel tres policías acusados de violar a una mujer trans en comisaría

Luego de la intervención de organismos internacionales y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020, el sistema judicial peruano avanzó en el procesamiento penal de tres exmiembros de la policía por delitos cometidos contra una mujer trans durante su detención en 2008. Según reportó el medio, la Corte IDH exigió la identificación, persecución y condena de los responsables, además de una adecuada indemnización a la víctima, ordenando al Estado peruano actuar en consecuencia.

El Poder Judicial de Perú, en un comunicado distribuido por sus canales oficiales y citado por medios internacionales, detalló que los agentes Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero, quienes ejercían funciones policiales en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, han recibido una condena de 17 años de prisión cada uno. Los hechos que motivaron el fallo ocurrieron tras la detención de una ciudadana trans, que fue torturada y víctima de una violación mientras se encontraba bajo custodia policial en una comisaría, según la información divulgada por el Poder Judicial.

La sentencia llega luego de más de quince años de litigio y representa una de las penas más severas impuestas en Perú por delitos sexuales y de violencia institucional contra personas trans. El medio detalló que el proceso penal no solo se activó por las denuncias iniciales, sino sobre todo por la presión internacional y el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que calificó los hechos como tortura agravada y violación sexual agravada, y los vinculó directamente a la identidad de género de la víctima.

La organización Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, citada por el reportaje, explicó que la reactivación judicial del caso y la identificación de los responsables solo fue posible tras la intervención internacional, logrando que, después de años de inacción del sistema de justicia nacional, avanzara la demanda y se obtuviera finalmente una condena. El fallo de la Corte IDH sentó así un precedente, pues es la primera vez que ese organismo emite una sentencia a favor de una persona LGTBI en Perú y obliga a sancionar a los responsables, según señaló la misma organización.

Durante todo este tiempo, la víctima recibió asistencia de organizaciones especializadas en derechos humanos y de la comunidad LGTBI, reportó el medio. A lo largo del proceso, numerosas instituciones peruanas que defienden los derechos sexuales y reproductivos acompañaron el caso, centrándose tanto en la reparación del daño como en la mejora de los procedimientos y garantías judiciales para personas pertenecientes a minorías en situaciones similares.

El Poder Judicial subrayó en su comunicado que la naturaleza de los delitos juzgados, tortura agravada y violación sexual agravada, así como la identidad de la víctima, otorgan a este fallo un carácter emblemático por la severidad de la condena y el tiempo recorrido desde la denuncia inicial hasta la resolución judicial. Según consignó el medio, el resultado de este proceso pone en evidencia el impacto de la presión internacional en el impulso de respuestas legales ante hechos de violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito de los derechos humanos.

El caso generó también una respuesta en instituciones nacionales y grupos de la sociedad civil orientados a la protección de los derechos LGTBI en Perú. Tal como reportó el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la condena no solo constituye un hito en materia de justicia, sino que además plantea un precedente para futuros casos similares, al establecer la obligación de brindar protección institucional y garantizar recursos efectivos a las víctimas de violencia basada en identidad de género durante su permanencia bajo custodia policial.

El Poder Judicial anunció que, como parte del cumplimiento de la sentencia internacional, el Estado peruano asumió la reparación de la víctima a través de indemnizaciones y otras medidas establecidas en la resolución de la Corte IDH. El fallo internacional marcó la exigencia de que los Estados asuman responsabilidades claras en la prevención de la violencia contra personas LGTBI, e invita a las autoridades judiciales y policiales a incrementar la vigilancia respecto al trato de personas detenidas.

La resolución judicial y sus repercusiones han sido ampliamente recogidas por medios nacionales e internacionales, enfatizando la relevancia del precedente creado y la respuesta institucional en casos de derechos humanos que involucran a personas trans bajo custodia del Estado peruano.