La CIDH insta a respetar la "objetividad e imparcialidad" de la ley tras la inhabilitación de Delia Espinoza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su "profunda preocupación" en relación con la decisión del Congreso de Perú de inhabilitar por un período de diez años a la fiscal general suspendida el pasado septiembre, Delia Espinoza, y ha instado a respetar la "objetividad e imparcialidad" contempladas por la legislación peruana.

"Todos los proceso contra personas operadoras de Justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso", ha recordado la Comisión en un breve comunicado compartido en sus redes sociales en el que ha subrayado que estas personas "cuentan con garantías reforzadas de estabilidad". Por tanto, ha recalcado, "toda remoción debe obedecer las causas permitidas y procedimientos justos".

A este respecto, la CIDH ha advertido del peligro que representan para la "separación e independencia de los poderes" las inhabilitaciones de fiscales --y miembros de otros órganos autónomos-- decididas por el Congreso, sobre todo "cuando no se respetan el debido proceso y el principio de legalidad".

El Congreso aprobó a principios de diciembre de este año --con 71 apoyos, 19 votos en contra y tres abstenciones-- la inhabilitación de Espinoza al atribuirle presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, contra la fe pública y prevaricación.

La inhabilitación salió adelante después de cosechar en una primera votación 63 de los 68 votos requeridos en la cámara, por lo que dos diputados solicitaron una reconsideración aludiendo a un informe que la acusa de no acatar la Ley 32130, que devuelve a la Policía la facultad de conducir investigaciones preliminares.

La letrada, que compareció ante el pleno antes de la votación, denunció un atentado al Estado de derecho por parte de los diputados, a los que acusó de "manchar, truncar una carrera que no es política (...) solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha".

Espinoza ha estado sumida en un proceso disciplinario marcado, entre otros, por el expediente abierto a mediados de septiembre por la Junta Nacional de Justicia, al considerar que cometió faltas muy graves y que violó la legislación por no ejecutar la resolución que restituía como titular de la Fiscalía a su predecesora, Patricia Benavides, apartada del cargo por corrupción y señalada por tráfico de influencias. La exfical afirmó entonces que el proceso está "plagado de ilegalidades".