España logra mantener los días de faena para la flota del Mediterráneo en 2026

El pacto europeo para regular la pesca de arrastre en el Mediterráneo en 2026 trae consigo cambios técnicos obligatorios que generaron preocupación entre los operadores y autoridades locales, debido al impacto que suponen en los costes y en la organización tradicional del sector. Según informó El País, el mantenimiento de los 143 días de actividad anual para la flota española no queda garantizado de forma simple, sino que depende de la implementación de nuevas tecnologías, auditorías periódicas y estrictos estándares de sostenibilidad ambiental. La introducción de estas exigencias responde a la presión comunitaria por revertir la sobreexplotación pesquera en la cuenca mediterránea y asegurar la conservación de especies clave.

El medio El País detalló que, tras intensas negociaciones en Bruselas entre el Gobierno español y la Comisión Europea, se alcanzó un acuerdo que sitúa como obligatoria la modernización de los medios de pesca y la adopción de métodos más selectivos. Estas reformas buscan reducir el impacto ambiental de la actividad, en un contexto donde informes previos han evidenciado una pérdida continua de biodiversidad en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, la continuidad del calendario de trabajo anual se condiciona al cumplimiento de las nuevas normas, evaluadas mediante auditorías técnicas y controles automáticos bajo supervisión europea.

El texto consensuado prohíbe, a partir de ahora, el arrastre por debajo de los 800 metros de profundidad y decreta el cierre inmediato de caladeros bajo los 600 metros para especies como la gamba roja, un recurso de alto valor para las flotas nacionales. Este punto afecta directamente a las zonas donde tradicionalmente operan embarcaciones españolas, obligando a modificar rutas de pesca y prácticas habituales, lo que supone un desafío organizativo y operativo para el sector. Según publicó El País, la necesidad de introducir herramientas tecnológicas selectivas, en lugar de los sistemas estándar como las puertas voladoras o mallas tradicionales, apunta a minimizar la captura accidental y mejorar la sostenibilidad, aunque implica inversiones tecnológicas en un contexto de márgenes estrechos para las empresas.

En términos de control y fiscalización, la normativa europea establece la obligación de someter a las embarcaciones a revisiones periódicas. Estas revisiones verificarán el respeto a las cuotas y garantizarán la aplicación efectiva de todas las medidas protectoras diseñadas para especies y hábitats considerados vulnerables. La vigilancia de estas normativas corresponderá a las autoridades comunitarias, que implementarán mecanismos automáticos para el seguimiento y auditaje de las capturas y equipos, según consigna El País.

Las asociaciones pesqueras y autoridades autonómicas han manifestado sus inquietudes frente a estas reformas. Entre los principales problemas señalados destacan los costes económicos de adaptar infraestructuras y métodos, la necesidad de formación especializada para adoptar tecnologías más avanzadas y la preocupación sobre la viabilidad de determinadas empresas en áreas donde la pesca constituye la principal fuente de ingresos. Las restricciones de profundidad, además, suponen la modificación de patrones históricos de trabajo y la posibilidad de afectar el empleo en el sector, aspectos señalados por El País con base en declaraciones de actores del sector.

Con el objetivo de facilitar la transición, el acuerdo contempla medidas de acompañamiento institucional para comunidades y flotas especialmente afectadas. Según El País, se prevé un periodo de adaptación en el que se ofrecerá seguimiento y apoyo, buscando que el paso hacia técnicas más sostenibles reduzca al mínimo las perturbaciones sobre la estructura productiva y el tejido social ligado a la pesca. El documento también recoge la posibilidad de futuras revisiones para ajustar las exigencias y objetivos a la evolución observada en los ecosistemas y en los resultados prácticos de la regulación.

Esta estrategia encuadra con la intención de la Comisión Europea de detener el deterioro de especies y preservar hábitats fundamentales para los ciclos vitales y reproductivos de las poblaciones de peces. El pacto resultado de las negociaciones busca conjugar la rentabilidad y el mantenimiento de la actividad pesquera con la conservación ambiental y el respeto a los recursos marinos, según la narración de El País. Además, el texto permite que las autoridades y otras partes interesadas sugieran nuevas actuaciones orientadas a impulsar la recuperación de los ecosistemas marinos.

El acuerdo de Bruselas también incluyó modificaciones sustanciales en la gestión de los caladeros atlánticos. Las cuotas de especies como el lenguado y el abadejo fueron revisadas respecto a las propuestas iniciales: la reducción para el lenguado se situó finalmente en un 9 %, lejos del 28 % propuesto al inicio, y el recorte del abadejo se fijó en un 18 %, frente al 26 % original, según reportó El País. Estas decisiones alivian parcialmente la presión sobre los operadores en el Atlántico, aunque mantienen la orientación hacia principios de precaución y sostenibilidad que marca la política pesquera europea actual.

Para el caso de la pesca en el Mediterráneo, la permanencia del límite anual de días de trabajo para la flota está ahora vinculada a los resultados obtenidos durante las revisiones técnicas y auditorías. Si se detectan incumplimientos o desviaciones de los estándares fijados, la normativa prevé la posibilidad de ajustar o reducir los días permitidos, ejerciendo una presión constante sobre el sector para que mantenga los requisitos tecnológicos y ambientales, según precisó El País.

El proceso de elaboración y negociación partió de la intervención directa del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, quien afrontó tanto la firmeza de la Comisión Europea para aplicar controles más estrictos debido a la sobrepesca, como las necesidades expresadas por el sector pesquero español. La fórmula final adoptada por Bruselas aspira a equilibrar la explotación racional de los recursos con la preservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta la importancia social y económica del sector en numerosos municipios costeros del país.

El texto final, según El País, coloca la sostenibilidad y la protección del capital natural en el centro de la política comunitaria. Las actualizaciones previstas permitirán modificar los requisitos conforme los resultados y las condiciones ambientales evolucionen, articulando una gestión dinámica que integre los intereses productivos con la necesidad de restaurar el equilibrio en las aguas del Mediterráneo y el Atlántico.