La CNMC sugiere valorar alternativas menos restrictivas antes de prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso

El organismo regulador insta a explorar soluciones menos estrictas para los dispositivos electrónicos desechables, advierte sobre la falta de armonización con normas europeas y sugiere revisar restricciones en publicidad y promoción para equiparar la competencia en el sector

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El análisis de la normativa que regula la publicidad, promoción y patrocinio de los dispositivos electrónicos desechables ha centrado parte del informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respecto al anteproyecto de ley planteado por el Ministerio de Sanidad. Según la CNMC, este aspecto requiere especial atención para asegurar que se mantenga la neutralidad competitiva entre los distintos tipos de establecimientos implicados. En el documento, citado por El medio, la CNMC señala que la nueva regulación sanitaria extiende a los productos relacionados con el tabaco las restricciones actualmente vigentes sobre el producto tradicional, y estas normas afectan a la venta, suministro, consumo, publicidad y patrocinio.

De acuerdo con el informe divulgado por la CNMC y recogido por la fuente mencionada, se pone en duda la idoneidad de prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso sin considerar alternativas regulatorias menos severas que permitan alcanzar los objetivos de salud pública y protección medioambiental. La CNMC sostiene que debería evaluarse si existen otras medidas que logren el propósito general sin que sea imprescindible eliminar por completo del mercado esa categoría de productos. Aunque el informe deja abierta la puerta a que, tras la evaluación, las restricciones estrictas o la prohibición total puedan resultar justificadas, el organismo insiste en la conveniencia de explorar primero otras posibilidades regulatorias.

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Según publicó la CNMC, otro de los elementos que el organismo destaca es la falta de armonización con la normativa europea sobre este tipo de productos. El informe expone que algunas de las medidas incluidas en el anteproyecto no tienen reflejo en la regulación comunitaria, que actualmente se encuentra en revisión. Ante esta situación, la CNMC recomienda coordinar la tramitación de la nueva ley con la normativa europea y así minimizar los costes de adaptación que los operadores económicos pueden enfrentar si finalmente se promulgan regulaciones discordantes o superpuestas.

El informe también examina la posible limitación de la capacidad de promoción de los productos relacionados y dispositivos, especialmente cuando esta afecte el valor máximo o el precio de los bienes y servicios incluidos en la normativa. El organismo regulador sugiere que no debe establecerse una equiparación automática entre el régimen aplicable a los productos del tabaco y el de los dispositivos electrónicos u otros productos relacionados. Al respecto, propone que se aplique de forma individualizada los principios de buena regulación, considerando las características específicas de cada tipo de producto, tal como señaló la CNMC en su documento.

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En cuanto al fondo de la ley, la recomendación central de la CNMC apunta a revisar si la prohibición de los dispositivos electrónicos desechables constituye la única vía eficaz de protección de intereses sanitarios y ecológicos. El informe invita a sopesar medidas alternativas menos restrictivas y a justificar, en su caso, la necesidad de mantener limitaciones severas o la exclusión total de este tipo de productos del mercado. El medio detalla que la posición del organismo incide en asegurar una competencia equitativa entre operadores y tiendas, tanto en la aplicación de restricciones publicitarias como en otras limitaciones que puedan fijarse sobre estas categorías de productos.

La CNMC, en los fragmentos difundidos por el medio, concluye que una regulación diferenciada, adaptada a las particularidades de cada tipo de producto y adecuada a las circunstancias actuales del sector, favorecería tanto el cumplimiento de los objetivos de salud pública como la competencia efectiva en el mercado. Además, insiste en la necesidad de acompasar la normativa nacional a los desarrollos legislativos de la Unión Europea para evitar que los operadores españoles se encuentren con obstáculos regulatorios adicionales que puedan afectar su competitividad.